25 febrero de 2025
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El Gobierno confirmó que Javier Milei designará por decreto a los jueces Lijo y García-Mansilla para la Corte Suprema. Así se conoció en un comunicado difundido en redes sociales de la Oficina de Presidencia.
"El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel Garcia-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia", anunció en un comunicado Presidencia.
Según informó la Oficina del Presidente, los pliegos de ambos magistrados fueron remitidos a la Cámara Alta el 27 de mayo de 2024, luego de cumplir con todas las instancias procedimentales requeridas, incluidas audiencias públicas en agosto pasado. Sin embargo, el Senado no trató la designación, a pesar de que se cumplieron los requisitos normativos y se difundieron los antecedentes de los candidatos.
Desde el Poder Ejecutivo recordaron que la Constitución Nacional otorga al Presidente la facultad exclusiva de nominar jueces para la Corte Suprema, mientras que el Senado debe prestar acuerdo o rechazar los pliegos en base a un análisis de idoneidad y sin criterios políticos.
En ese sentido, el Gobierno resaltó que "en ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas. La Constitución claramente establece que es el Presidente, y nadie más, quien tiene la facultad de seleccionar los candidatos para cubrir las vacantes en el Máximo Tribunal, limitándose el Senado a prestar su conformidad o rechazarlos en función de un análisis objetivo de la idoneidad técnica de los candidatos".
De hecho, en el comunicado recordaron "cuando una notable mayoría del arco político respaldó tanto a Néstor Kirchner como a Mauricio Macri en la designación temprana de jueces para la Corte Suprema durante sus mandatos. Sin embargo, durante meses, han evadido respetar la decisión de este Gobierno, aun cuando la falta de pronunciamiento implica un grave daño al funcionamiento de uno de los tres poderes de la República".
El 14 de diciembre del 2015, Mauricio Macri designó en comisión a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti mediante el decreto 83. De todos modos, tras críticas de la oposición, Rosenkrantz y Rosatti esperaron para tener el aval del Senado y recién ahí jurar en la Corte.
Finalmente, la Casa Rosada justificó la medida señalando que "el Máximo Tribunal no puede funcionar con normalidad con solo tres ministros" y ratificó que continuará el trámite legislativo para que el Senado ejerza su atribución de prestar acuerdo a los pliegos.
La reacción de la oposición
La decisión del gobierno de Javier Milei de nombrar por decreto a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla en la Corte Suprema de Justicia generó fuertes críticas en la oposición. Los primeros cuestionamientos aparecieron desde el kirchnerismo y de la Coalición Cívica.
"El decreto de Milei para designar jueces de la Corte es una intervención inconstitucional e ilegítima en el máximo órgano del Poder Judicial. Necesita una mayoría automática que le garantice impunidad por su criptoestafa y legalice el ajuste más grande e ilegal de la historia", expresó el diputado nacional de Unión por la Patria y exministro de Justicia, Martín Soria.
Por su parte, la referente de la Coalición Cívica Elisa Carrió manifestó: "Desde el punto de vista institucional y republicano, es un verdadero horror. En cuanto a Lijo, es un escándalo de corrupción de magnitud nacional e internacional".
El legislador nacional Maximiliano Ferraro, del mismo partido que Carrió, apuntó: "La decisión del Presidente es una herida grave a la división de poderes y la institucionalidad republicana. La única verdad es que el Presidente quiere una Corte adicta y automática".
Además, subrayó que "si hasta hoy no consiguió el acuerdo del Senado, no es por que 'la casta' esté caprichosa, sino porque Lijo carece de toda idoneidad y acumula sospechas en su trayectoria, siempre en favor de la impunidad y el corporativismo político".
En tanto, la diputada nacional de Encuentro Federal Margarita Stolbizer calificó la decisión como un "decretazo a la impunidad". Y añadió: "Poner jueces de la Corte por decreto siempre está mal, pero hacerlo con Lijo demuestra que la degradación de esta gente es total. Hasta a su amigo Putin le debe parecer demasiado".
El diputado radical y presidente del bloque Democracia Para Siempre, Pablo Juliano, señaló en su cuenta de X: "Recién el Presidente nombró en comisión por decreto dos jueces en la Corte Suprema. Es decir, dos de los cinco ministros del máximo tribunal fueron 'contrabandeados' por el Ejecutivo sin el acuerdo del Senado nacional".
En la misma línea, agregó: "En noviembre, el Presidente decidió que la Argentina no tuviera por segundo año consecutivo Ley de Presupuesto. Esto sucede mientras en Argentina y Estados Unidos se lo investiga por el escándalo $Libra". Y sentenció: "¿Con qué cara el sábado hablará ante el Congreso si está claro que no cree en las instituciones republicanas?".
En el mismo bloque se expresó también Fernando Carbajal, que es exjuez, y cuestionó con dureza la decisión del Gobierno. "Coherencia total de Javier Milei. Un juez a la medida de un presidente que dedica los viernes a la noche a organizar estafas internacionales. Son lo mismo! Sin calidad institucional no hay futuro. Lijo No", afirmó en sus redes sociales.
A su turno, el senador Francisco Paoltroni, exintegrante de La Libertad Avanza. "El nombramiento del juez Lijo por decreto representa una verdadera estafa electoral para quienes creímos en una Argentina distinta, con una justicia de calidad e independiente".
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