El 19 de junio, con el apoyo del peronismo local, se aprobó la reforma de la Constitución provincial en Jujuy. Una reforma que, desde entonces, ha generado protestas y acusaciones dirigidas al gobernador de la provincia norteña: Gerardo Morales.
Incluso el Presidente ha tomado cartas en el asunto, al afirmar semanas atrás que irá a la Justicia para que se determine si son inconstitucionales algunos de los artículos aprobados en la nueva carta magna, como el que cercena el derecho a la protesta, entre otros.
Desde el oficialismo jujeño, en tanto, la visión es otra: la aprobación se dio de manera unánime, y, señalan, parte de los manifestantes responden al gobierno y a organizaciones comandadas por Milagro Sala, quien se encuentra en prisión domiciliaria.
En esa línea, Morales expresó este jueves: "Alberto Fernández busca la intervención de Jujuy para que, con la reforma constitucional caída, se indulte a Milagro Sala. Buscan la impunidad y eso es lo que querían hacer con Cristina (Kirchner) si hubieran podido", sostuvo el precandidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio.
Asimismo, expresó en declaraciones radiales: "El Gobierno termina dañando a las personas. Alberto está por estos días impugnando la reforma de la Constitución porque prohíbe el indulto para casos de corrupción, porque cada vez que yo me senté me pidió el indulto de Milagro Sala".
La líder de la organización barrial Túpac Amaru está detenida desde el 16 de enero de 2016 y actualmente cumple arresto domiciliario. Lo cierto es que Sala le ha pedido en más de una ocasión el indulto a Fernández. Incluso, el mandatario viajó en junio de 2022 a visitarla, cuando la internaron a raíz de una trombosis venosa profunda.
En ese entonces, expresó: "Voy a visitar a Milagro, injustamente detenida, enferma, para acompañarla como lo hice siempre". Sin embargo, ese mismo año descartó indultarla: "La Constitución me lo prohíbe".
Causas contra los episodios del 20 de junio
Respecto a los ataques a la Legislatura provincial en Jujuy, a raíz de las protestas violentas, Morales afirmó que "se han cometido delitos muy graves: estrago, sedición, daños a los bienes públicos" y señaló que la estimación del perjuicio al Estado asciende a unos mil millones de pesos.
Por esa razón, el Gobierno de la provincia de Jujuy resolvió constituirse como querellante en múltiples causas que investigan los episodios de violencia registrados el pasado 20 de junio y pidió condenas de hasta 25 años para casi 100 imputados.
Según lo expresado por el fiscal de Estado, Miguel Ángel Rivas; el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, y el procurador general, Sebastián Albesa en un informe, durante la jornada posterior a la aprobación de la reforma se cometieron los delitos de estrago doloso agravado, sedición, tentativa de homicidio, y atentado y resistencia a la autoridad, entre otros.
Asimismo, señalaron que los daños a bienes de uso público están calculados en mil millones de pesos; y que las penas en estos casos van de 5 a 25 años de cárcel o reclusión.
Si bien las autoridades jujeñas lograron recomponer el orden, aún queda una protesta activa en La Quiaca, donde en las últimas horas, un grupo de encapuchados intentó incendiar el edificio municipal.
"El corte en La Quiaca está promovido por el intendente, igual que en Abra Pampa. La gente se va alejando, quiere trabajar. Los intendentes del Frente de Todos son los que promueven el corte. Los que quedan son la militancia bancada por el Gobierno. El corte está promovido por el intendente del Frente de Todos", denunció Morales.
