Este lunes, el Ejecutivo reglamentó la ley de Medidas Fiscales, con lo que salió la letra chica del Impuesto a las Ganancias. De esa manera, los trabajadores solteros que perciban un sueldo bruto de 1,8 millón de pesos y de 2,2 millones de pesos en el caso de los casados volverán a pagar ese tributo.
El decreto reglamentario fue firmado por Javier Milei y los ministros Guillermo Francos y Luis Caputo, jefe de Gabinete y de Economía, respectivamente.
Al mismo tiempo, los cambios introducidos en el tributo ya desataron una serie de complicaciones en distintos sectores.
Derogación en el Congreso
En primera instancia, un diputado pidió la derogación del artículo referido a los alcances de la reversión de la cuarta categoría del impuesto.
La presentación de la iniciativa la realizó el diputado del Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo. El proyecto tiene solo dos artículos, el primero dice: Derogase el título V, Impuesto a las ganancias, de la ley 27.743. El segundo "comuníquese al Poder Ejecutivo".
Con el apoyo del gobernador Rolando Figueroa, el diputado expresó que en el 2023 el Congreso nacional aprobó la eliminación del pago de este tributo para la cuarta categoría "para que la mayoría de los empleados en relación de dependencia dejen de pagar".
Demanda en la Justicia
La Asociación Bancaria presentó una denuncia en la justicia donde pide que se aplique la reforma de Ganancias. el argumento es que se trata de un impuesto que "es confiscatorio" y es "una rebaja ilegal de los salarios" de los trabajadores.
A través de la red social X, el secretario general del gremio bancario y diputado de Unión por la Patria, Sergio Palazzo, informó que "hoy nos presentamos a la justicia pidiendo la no aplicación de la ley que instaura nuevamente un impuesto al salario".
Palazzo dijo que "es una ilegal rebaja de salarios ya que no permite ningún tipo de deducciones" y reveló que "abarca al 95% de los salarios bancarios". Además, señaló que "dicha ley es inexistente porque solo tiene aprobación de una sola Cámara" ya que el Senado la rechazó.
Conflicto con los diplomáticos
Los cambios en el Impuesto a las Ganancias desataron una crisis entre los profesionales de la Cancillería y el Gobierno nacional. Sucede que, con la nueva reglamentación, parte de los sueldos de los diplomáticos de carrera que estén en funciones en el exterior del país quedarán alcanzados por el nuevo tributo, algo que no sucedía hasta ahora.
Estas modificaciones despertaron la furia de prácticamente todo Palacio San Martín, al punto de que presentarán acciones judiciales ante la Justicia, muchos funcionarios que están en el exterior evalúan pedir su regreso a Argentina y hasta pusieron sobre la mesa la posibilidad de realizar un cese de actividades.
El principal enojo del cuerpo profesional de Cancillería reside en que todos los diplomáticos, a excepción de los embajadores, al trabajar en el exterior ya de por sí se tienen que hacer cargo de los costos de vivienda, servicios, salud, escolaridad de sus hijos, entre otros.
Entienden, además, que esta modificación termina perjudicando principalmente a los funcionarios de menor escala como los secretarios y consejeros, lo que puede derivar en un desincentivo para salir del país y desembocar en una oleada de pedidos para regresar a Argentina.
A pesar de las negociaciones que se entablaron durante las últimas semanas con el ministro Luis Caputo y su equipo, las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores no lograron que se diera marcha atrás con esta fuerte medida.
La decisión de iniciar acciones legales se tomó después de una reunión de emergencia del lunes de la Asociación Profesional del Servicio Exterior de la Nación (APSEN), que representa a más del 80% de los diplomáticos que forman parte de la Cancillería. Por estas horas se está definiendo qué vías tomar, si una única o distintas presentaciones judiciales.
