Esta tarde el Presidente, Alberto Fernández, derogó el decreto por el cual había ordenado la intervención de la empresa Vicentin durante un plazo de 60 días y ordenó acciones que permitan "dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado" por los créditos que se le dieron a la firma. “Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. por 60 días”, escribió el jefe de Estado en su cuenta personal de Twitter.
Según el mandatario, el juez interviniente en el curso “no ha permitido hasta aquí” que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía, así como impidió el acceso a la intervención de su gestión “y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
“El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo. Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”, afirmó Fernández.
Y agregó: “Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído. La intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.
Ante dichas imposibilidades, el Presidente manifestó que no está dispuesto a “adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.
“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”, cerró.
El 8 de junio, el Presidente anunció la intervención de Vicentin y el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre de 2019 había entrado en cesación de pagos.
Un día después se publicó el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/2020 en el Boletín Oficial, que estableció la intervención, y funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo viajaron a la localidad santafesina de Reconquista para reunirse con el juez en lo Civil y Comercial Fabián Lorenzini, que lleva adelante el concurso de acreedores.
Tres días más tarde, Fernández recibió a los directivos de la empresa Vicentin, y luego aceptó "una propuesta superadora" para el rescate de la empresa que fue aportado por el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.
Se trataba de un proyecto mediante el cual la provincia, a través de la Inspección de Personas Jurídicas, le solicitó a la justicia que interviene en el concurso de acreedores, la "conformación de un Órgano de Intervención" durante todo el plazo que se extienda el proceso judicial y que no contempla una instancia de expropiación.
Ese mismo día, Lorenzini aceptó restituir la administración de la empresa Vicentin SAIC a sus directivos, por un plazo de 60 días, y otorgó el rol de veedores a los interventores designados por el Poder Ejecutivo.
El juez, a la vez, se declaró incompetente respecto del planteo de inconstitucionalidad sobre la medida adoptada por el Gobierno nacional, presentado por accionistas de la cerealera santafesina.
Sin embargo, las negociaciones entre los acreedores, los integrantes de la empresa y la Provincia de Santa Fe para la creación de un fideicomiso que permitiera contratar la "alternativa superadora" presentada por Perotti.
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