La oposición de Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados decidió hoy no asistir a la sesión convocada para este mediodía por el oficialismo para debatir, entre otras cuestiones, la Ley de Etiquetado Frontal, por lo que fracasó el intento del Frente de Todos, que reunió 122 diputados, sólo 7 menos del quórum necesario.
De todos modos, el interbloque de la oposición y otras bancadas convocaron para las 13.30 otra reunión para intentar consensuar un temario y buscar sesionar esta misma tarde, tras la incorporación de otros temas, entre ellos la Ley Ovina que tiene dictamen y está en condiciones de debatirse en el recinto.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantuvo reuniones desde las 10.40 en su despacho con los jefes de los bloques de legisladores de Juntos por Cambio, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC), para buscar acuerdos para sesionar este mediodía para tratar, entre otras cuestiones, la Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos.
La controversia surgió porque el presidente de la Cámara Baja, convocó a sesionar de manera presencial luego de un año y medio en la virtualidad, con un temario que impuso el propio oficialismo en el que se incluyó el proyecto de Promoción de Alimentación Saludable. Desde las organizaciones impulsoras de la norma había preocupación por la posibilidad de que perdiera estado parlamentario el 30 de noviembre y tener que volver a “foja cero”.
Fuentes de Juntos por el Cambio anticiparon que el interbloque de JxC pedirá al oficialismo, a cambio de prestar quórum para sesionar, que se trate sobre tablas la Ley Ovina, que tiene dictamen favorable y un compromiso del Frente de Todos para comenzar a debatir en las próximas semanas la ley de boleta única, una reforma a la ley de alquileres y que fije fecha para la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la Cámara baja.
Copal dice que hay “prejuicio ideológico” y alerta por impacto en el Mercosur
El etiquetado frontal en los alimentos busca concientizar a la población sobre los componentes nutricionales de la comida envasada, a partir de etiquetas octogonales negras que dirán "Alto en grasas", "Alto en sodio", "Alto en azúcares", entre otros indicativos al frente de los paquetes, latas y botellas. Esa etiqueta deberá estar ubicada en la parte frontal del envase y su tamaño no puede ser menor al 5% del tamaño del mismo.
Si bien la ley de Etiquetado Frontal cuenta con dictamen desde hace varias semanas, y tuvo media sanción en el Senado en octubre del año pasado, llamó la atención el momento de la convocatoria, dado que impacta en las provincias del norte, sobre todo las azucareras como Tucumán, en la que hasta hace escasos días el actual jefe de Gabinete, Juan Manzur, ejerció como gobernador. Vale recordar que cuando la iniciativa fue votada en la Cámara Alta, dos de los únicos tres votos en contra fueron de representantes de esa provincia.
Para el titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Daniel Funes de Rioja, el proyecto “tal como está planteado, atenta contra el desarrollo y productividad del sector”. El también presidente de la Unión Industrial Argentina había dicho ante El Economista que está de acuerdo con un etiquetado frontal pero sin que eso “represente un obstáculo para una industria que no solo alimenta a argentinos, sino que también exporta al mundo”.
Otro ítem conflictivo es el que asegura que el estado priorizará las contrataciones de los alimentos y bebidas que no cuenten con sellos de advertencia, “un universo muy limitado si consideramos que más del 90% de los productos quedarían alcanzados”, explicó Funes de Rioja.
“Quienes debían preservar el vínculo con el Mercosur y consensuar con la mirada de la industria, no lo hicieron. Si bien es sabido que ese es el ámbito adecuado para la armonización normativa, en estos meses se han resuelto de manera unilateral cuestiones estratégicas para la integración productiva y la proyección de nuestros mercados”, afirmó ayer Funes de Rioja en un comunicado.
Desde el Centro de la Industria Lechera (CIL), asociación que representa a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector, se sumaron al reclamo y han enviado notas a Massa. La entidad planteó que el proyecto obligará a que “el 70 % de los quesos lleve sellos por exceso de sodio y exceso de grasas saturadas” y que el mismo “generará asimetrías, problemas legales, productivos y logísticos en el Mercosur al impactar negativamente en las exportaciones de productos lácteos de Argentina”.
