El Gobierno nacional presentó este lunes una denuncia en Comodoro Py por presunto espionaje ilegal contra Karina Milei, a raíz de la difusión de audios de una reunión privada realizada el año pasado en Casa Rosada. La presentación fue impulsada por el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich y apunta a periodistas, dirigentes y hasta a una supuesta conexión con espías rusos vinculados a una organización llamada "La Compañía".
En el escrito, el Ejecutivo incluyó a Pablo Toviggino, dirigente de la AFA y hombre cercano a Claudio "Chiqui" Tapia, a quien describió como opositor declarado del Gobierno y con vínculos políticos con Sergio Massa. También señaló al periodista Jorge Rial, a quien acusó de adelantar en su programa la existencia de los audios, y a Mauro Federico y Pablo Giménez, responsables de su difusión en el canal de streaming "Carnaval" y en el portal Data Clave. El Gobierno sostuvo que ese espacio "fue creado para molestar y chantajear" a la actual gestión.
La denuncia no solo apunta a periodistas y dirigentes deportivos: también incluye al abogado Franco Bindi, pareja de la diputada Marcela Pagano. El Ejecutivo lo calificó como alguien ligado a "agentes inorgánicos de inteligencia" y lo ubicó como posible autor intelectual de parte de la maniobra. En su planteo, advirtió que la difusión de los audios se dio a pocos días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, lo que le otorga un marco político adicional al episodio.
El escrito menciona además a un grupo de ciudadanos rusos y argentinos al que los servicios de inteligencia ya habían señalado en junio, con el nombre de "La Compañía". Según la SIDE, estaría encabezado por Lev Konstantinovich Andriashvili y su esposa Irina Iakovenko, dedicados a tareas de espionaje y financiamiento con conexiones en Rusia. Para el Gobierno, existe una "marcada similitud" entre las acciones atribuidas a ese grupo y la difusión de los audios de Karina Milei.
En la presentación, se sostiene que estas maniobras buscan erosionar la reputación de los principales funcionarios del Ejecutivo y que forman parte de una operación sistemática de largo plazo. Sin embargo, la denuncia no aporta pruebas concretas que vinculen a "La Compañía" con la filtración de los audios, aunque insiste en que se trata de un entramado de espionaje y chantaje que excede la mera polémica mediática.


