El Gobierno redobló la apuesta contra la Confederación General del Trabajo (CGT) y busca reflotar el capítulo laboral del DNU de desregulación económica, suspendido por la Justicia.
Tras una serie de intentos fallidos, La Libertad Avanza tomó dos caminos para lograr la flexibilización del mercado de trabajo. Por un lado, se presentó un planteo ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir el fallo que suspendió la aplicación del capítulo laboral del DNU de Javier Milei. Por el otro, el oficialismo avanzó en el diseño de un proyecto de ley que contempla esta batería de reformas.
La presentación fue realizada por la Procuración del Tesoro de la Nación, encabezada por Rodolfo Barra. El recurso, de cerca de 40 páginas, contiene una crítica a la Justicia Laboral, que suspendió el capítulo vinculado a la flexibilización de las relaciones laborales, y a la CGT, que promovió la acción judicial en contra de esas medidas.
En su presentación, los abogados de la Procuración argumentaron que "no surge de la sentencia recurrida, ni de las constancias de la causa, argumento alguno sustentado en prueba, que indique de qué manera la vigencia del DNU restringe o menoscaba los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora".
También señalaron que "tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar".
"Se cuestiona al Estado y a las autoridades políticas por los altos índices de desempleo y trabajo informal y, por otro lado, cuando se toman medidas a fin de resolver estos problemas sociales, las mismas son suspendidas y anuladas por el Poder Judicial por requerimiento de un grupo político y de poder, como es la CGT -disfrazándose de un sector vulnerable, en el marco de procesos judiciales que no responden a un caso o causa", apuntan.
En el Congreso
Más allá de la estrategia legal, Milei decidió enviar al Legislativo el capítulo laboral del DNU. El objetivo sería introducir cada una de las enmiendas en un solo proyecto de ley, que sería enviado para su tratamiento en sesiones ordinarias.
Pero hay dudas en el oficialismo sobre cuándo oficializar esa agenda parlamentaria. Cerca del Ejecutivo consideran que es necesario "esperar una respuesta" de la Corte antes de poner el tema en debate en el Congreso.
Además, en el planteo de la Procuración, se señaló que el DNU es un instrumento que no está sujeto a revisión de la Justicia, sino que el poder que debe revisarlo debe ser el Legislativo. Paradójicamente, tanto en el Senado como en Diputados hay quejas de la oposición porque el oficialismo no habilita su tratamiento.
"Si fuera voluntad del Congreso de la Nación dejar sin efecto o modificar lo establecido en el Decreto 70/23 lo podrían hacer sin ningún impedimento porque, actualmente, el trámite del DNU se encuentra en su ámbito para su tratamiento", dice el escrito, según consignó NA.
Los legisladores de la oposición señalaron la necesidad de constituir la Comisión Bicameral para emitir un dictamen sobre el decreto y así oficializar o diluir su vigencia. Pero el oficialismo continúa dilatando el asunto. A pesar de que el Senado ya tiene sus ocho nombres confirmados, la Cámara de Diputados no designó aún sus representantes.
Dado que aún hay un debate político abierto en torno al DNU y la reforma laboral, el Poder Judicial podría decidir retirar su intervención y dejar que la cuestión se resuelva en el órgano legislativo. Pero en tanto no se defina la conformación de la Comisión Bicameral, el decreto continúa vigente. En el caso de que el capítulo no resurja, entonces La Libertad Avanza buscará el apoyo necesario para lograr sus objetivos en el recinto. Para ello, deberá llevar a cabo negociaciones y acuerdos con la oposición, especialmente con los bloques dialoguistas, con quienes mantienen una relación tensa.
