El procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, realizará su exposición en la Cámara de Diputados en torno al debate instalado por la oposición para reformar el régimen legal de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). El objetivo del proyecto es limitar la capacidad del Ejecutivo de gobernar a través de esa herramienta constitucional.
La segunda reunión informativa del plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento se desarrollará este miércoles desde las 17. En tanto, el 30 de octubre se realizará el último encuentro con la expectativa de dictaminar.
Este cronograma se estableció en la moción de emplazamiento que se aprobó en el epílogo de la última sesión especial luego de que el oficialismo y sus aliados tuvieran éxito en el blindaje del veto a la ley de Financiamiento universitario.
Los cambios
La intención de los opositores es modificar la ley 26.122, sancionada en 2006 a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, que reglamenta el artículo 99 de la Constitución Nacional. Ésta le asigna vigencia a esos decretos si no los rechazan las dos cámaras del Congreso.
Los 15 proyectos que están en discusión en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento buscan modificarla y establecer que un DNU quede anulado si una de las cámaras lo rechaza o si no lo aprueban ambas.
La propuesta fue realizada por Encuentro Federal, y respaldada por los bloques opositores de la UCR, Unión por la Patria, la Coalición Cívica e Innovación Federal.
La estrategia
El tema es de preocupación para la Casa Rosada. Lo cierto es que en apenas diez meses, Javier Milei dictó 43 decretos de necesidad y urgencia. Se trata de un récord que excede lo emitido por los últimos presidentes en su primer año de gestión, salvo el de la pandemia.
Sin esa herramienta podría complicarse el accionar del Gobierno que, aunque busca acuerdos con otras fuerzas, muestra una fuerte debilidad parlamentaria.
Es por eso que la presencia del procurador Barra en esta reunión informativa tiene dos objetivos. El primero es plantear argumentos que sostengan la ley en el estado en el que se encuentra hoy y, la segunda, dilatar el tratamiento.
La estrategia del oficialismo será la de ganar tiempo y evitar que esa reforma se vote este año en el recinto, donde el Gobierno tendría muy complicado obtener un triunfo. El calendario juega a favor de LLA: quedan apenas 10 semanas por delante en el período de sesiones ordinarias y la agenda está concentrada en la discusión por el Presupuesto 2025.