Diputados debate los contratos público-privados
Tras el difícil paso del proyecto por el plenario conjunto de las comisiones de Legislación General y Presupuesto, la Cámara de Diputados debatirá hoy el proyecto de ley de Participación Público Privada (PPP) para obras de infraestructura. Allí el oficialismo intentará sancionar la norma que establece mecanismos para dotar de mayor transparencia los contratos público-privados, un proyecto que recogió cuestionamientos por parte de legisladores de la oposición. Ayer también planteó su rechazo la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), entre otras voces que se alzan desde distintos sectores del empresariado.
El proyecto establece las normas que regirán para los contratos denominados de “Participación Pública-Privada”, aplicable a aquellos que celebren los órganos y entes del sector público nacional, en carácter de contratante, y sujetos privados, en carácter de contratistas de esas obras.
En la sesión prevista para hoy a las 11.30 hs el interbloque Cambiemos intentará hacer valer el despacho de mayoría votado en la instancia de comisiones, pero los bloques de frente Renovador, el justicialismo, el FVP y Progresistas se opusieron con variados argumentos, en especial que discrimina a las empresas nacionales. Incluso algunos radicales votaron en disidencia y pidieron introducir cambios al proyecto. Así, es casi seguro que el proyecto saldrá con modificaciones de la Cámara Baja y deberá retornar al Senado, la cámara de origen.
El macrismo tiene relativo apuro por sancionar la ley, al punto que ayer, a sólo 24 horas de tratarse el proyecto en el Congreso, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, dijo ante la comisión de Presupuesto que “es esencial para algunas de las obras que tiene previstas llevar adelante el Gobierno”.
Voces disonantes
El principal cuestionamiento es que el proyecto de ley otorga grandes beneficios a los inversores, es perjudicial para el Estado y permite litigar en tribunales del exterior, en caso de controversias. En este punto, el proyecto del oficialismo recoge los lineamientos de un decreto de 2005, que habilitaba a accionar judicialmente ante un tribunal extranjero si el contrato se daba por caído, algo que tiene antecedentes en los titulares de concesiones estatizadas que se presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativo a Inversiones (CIADI) y también con los holdouts que litigaron en tribunales de Estados Unidos.
Por otra parte, desde Adimra demandaron mayor espacio para las empresas nacionales en los contratos vinculados de infraestructura. “La principal preocupación reside en que los contratos PPP no contemplan la participación de la industria nacional, haciendo caso omiso de la normativa y el espíritu de la Ley de Compre Trabajo Argentino”, asegura Gerardo Venutolo, presidente de Adimra, en un comunicado difundido por la entidad. En ese sentido, considera que “en consecuencia, el fomento de proyectos de inversión bajo esta modalidad implica perder el poder de compra del Estado como política estratégica para promover el desarrollo del sector metalúrgico nacional”.
Adimra recordó que de votarse el proyecto tal cual vino del Senado, se encomiendan las compras y contrataciones del Estado a capitales privados, en especial extranjeros, pero sin garantizar la participación de empresas argentinas. Esto tendría impacto negativo en el sector bienes de capital que emplea a más 100.000 trabajadores. Ante esta situación, Adimra destaca “la necesidad de garantizar el otorgamiento de trato preferencial para la producción nacional y establecimiento de requisitos que aseguren la participación de las pymes locales”.