En sesión especial, la Cámara Baja, conducida por Cecilia Moreau, le dio media sanción a proyectos sociales, tales como la capacitación obligatoria de funcionarios públicos en derechos de niños, niñas y adolescentes y, además, agilizar el trámite del Certificado Único de Discapacidad.
En primer lugar, la Cámara Baja avanzó por unanimidad con el proyecto que beneficia a los trabajadores de la salud que realizan más de cuatro guardias por mes, para que no paguen el impuesto a las Ganancias por los ingresos que excedan ese tope. Obtuvo 223 votos afirmativos, 0 negativos y 0 abstenciones.
Luego, por unanimidad, se le dio media sanción a la iniciativa que propone crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, iniciativa que promueve la presidenta Moreau, quien calificó su aprobación como "una medida contra la violencia económica y la vulneración de los derechos de las infancias". Y agregó que "quienes no cumplan con la manutención de sus hijos, se verán impedidos de acceder a una serie de trámites".
Tuvo 225 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.
Puntos centrales del proyecto
De acuerdo a la iniciativa aprobada, el ReNDAM tendrá por objeto "la conformación de una base de datos unificada y dinámica, con soporte digital de acceso público y gratuito, de los/las deudores/as alimentarios/as morosos/as de todo el territorio nacional inscriptos/as en los registros jurisdiccionales y/o a solicitud de autoridad judicial competente".
La inscripción en el ReNDAM se dará cuando la persona obligada al pago de cuotas alimentarias, provisorias o definitivas, mediante resolución judicial o convenio homologado judicialmente, incumpliera con el pago en tiempo y forma. Mientras que, para la baja, una vez acreditado el pago de lo adeudado el/la juez/a o tribunal correspondiente deberá ordenar la baja de la inscripción dentro de los cinco días hábiles posteriores.
Asimismo, los registros de las distintas jurisdicciones deberán "notificar al ReNDAM toda alta, baja o modificación en el plazo establecido en el instrumento de adhesión, el cual no puede superar los cinco días hábiles de ocurrido el hecho que lo cause".
- El proyecto plantea una serie de impedimentos para quienes estén inscriptos en este registro, de manera que distintas instituciones u organismos no les otorguen "la apertura de cuentas bancarias y otorgamiento o renovación de tarjetas de crédito o débito; inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble nacional o de las jurisdicciones locales; otorgamiento o adjudicación, a título oneroso, de viviendas sociales o cesión de los derechos emanados de las mismas; expedición o renovación de pasaporte; solicitud de licencia para conducir o su renovación; habilitación para la apertura de comercio o industria; e inscripción a matrícula de colegios profesionales o entidad similar necesaria para el ejercicio de actividad bajo matrícula pública", entre otros.
Espert votó en contra
El liberal José Luis Espert (Avanza Libertad) dijo que "un deudor alimentario que de manera deliberada no provee del sustento de sus hijos. Es un ser directamente execrable. Traer una vida al mundo y no hacerse cargo de él es impropio de alguien que se considera ser humano".
"Para un deudor alimentario le deben caber los peores calificativos porque no hacerse cargo de la vida que uno trajo a este mundo de forma voluntaria", opinó.
Sin embargo, según consignó parlamentario.com, luego dijo: "Nosotros en esta casa no estamos para impartir justicia, sino para legislar. Temo decirles que nuevamente estamos a punto de sancionar una ley que colisiona con otras y en este caso es inconstitucional".
- Según explicó, la Constitución en su artículo 71 inciso 12 establece que "los Códigos de Fondo son atribución del Congreso Federal" y el artículo 121 establece que "queda para las provincias los códigos procesales", por lo que remarcó que la "naturaleza de este proyecto es procesal. No corresponde a este Congreso Nacional legislar en materia procesal porque violamos la Ley de Leyes".
Más proyectos
Más tarde, con un total de 228 votos a favor, Diputados aprobó la capacitación obligatoria para funcionarios públicos, un sistema de alerta temprana y campañas de difusión para la protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Y, en otro orden, también a la modificación del Sistema Integral de Protección de Personas con Discapacidad, con el propósito de hacer más rápido a la gestión del Certificado Único de Discapacidad.
