"El proyecto de ley en análisis no pretende defender ni garantizar la protección y el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales, sino que procura dañar al gobierno políticamente". El veto total a la Ley de Financiamiento Universitario se hizo efectivo mediante el decreto 879/2024.
Durante la presentación del Presupuesto 2025, Javier Milei anunció que anularía cualquier iniciativa legislativa que pusiera en riesgo el equilibrio fiscal. Así lo hizo con la Ley de Movilidad Jubilatoria, y ahora llegó el turno de las universidades nacionales. Ya había adelantado su intención de vetar esta ley, una postura que también fue ratificada por Manuel Adorni. Sin embargo, el presidente esperó hasta último momento para ejecutar la medida.
La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplias mayorías en ambas Cámaras, proponía actualizar las partidas presupuestarias para 2024 de acuerdo con la inflación.
Para los gastos de funcionamiento -que representan menos del 10% del presupuesto total de las universidades-, se preveía una actualización basada en la inflación acumulada de 2023 (211,4%), con incrementos bimestrales en función del Índice de Precios al Consumidor, descontando los aumentos otorgados durante el año.
Para los salarios -que constituyen más del 80% del presupuesto-, la norma contemplaba recomponer los ingresos de los trabajadores según la inflación acumulada entre diciembre y agosto, con ajustes mensuales conforme al Índice de Precios al Consumidor hasta fin de año.
En consonancia con su decisión de vetar cualquier iniciativa que afecte el equilibrio fiscal, Milei advirtió que la norma quedaría anulada. Este aviso congregó a una multitud en las inmediaciones del Congreso, que se replicó en varias ciudades del país. Los manifestantes exigieron que no se vetara la ley y reclamaron que, de ocurrir, los legisladores insistieran con el proyecto. La marcha, además de reclamar cuestiones coyunturales y presupuestarias, se manifestó en defensa de la universidad pública, gratuita y de calidad, con todas las implicancias que poseen estos principios.
En las vísperas de la realización de la marcha, el Ministerio de Capital Humano había afirmado que la misma respondía "más a intereses políticos que a las necesidades del sistema educativo, porque los reclamos educativos están todos atendidos y resueltos". No obstante, un informe del Consejo Interuniversitario Nacional reveló que el 85% de los trabajadores universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Además, las negociaciones de principios de año se centraban en los gastos de funcionamiento, y no en las demandas salariales.
Además de estudiantes, docentes, sindicatos y organizaciones sociales, varios sectores políticos y dirigentes dieron el presente en la movilización.
Cristina Fernández saludó a los manifestantes desde el Instituto Patria y recordó las palabras que, días atrás, dedicó a la Universidad Nacional de Quilmes, extendiéndolas a toda la universidad pública: "Su desfinanciamiento significa, sin lugar a dudas, clausurar la idea del progreso y la movilidad social ascendente".
Sergio Massa también se sumó a la marcha, publicando en redes sociales: "Queremos un país donde el hijo de un obrero y una ama de casa pueda soñar con recibirse y estudiar en la universidad".
Martín Lousteau, por su parte, lideró una columna del radicalismo en la marcha. Días antes, había afirmado que el gobierno tiene la intención de destruir la universidad pública. Esto lo expresó durante un encuentro en el que diputados y senadores de la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y Encuentro Federal se comprometieron a insistir con el proyecto en caso de que se concretara el veto.
El comunicado oficial de la Oficina del Presidente criticó su presencia en la movilización: "El Poder Ejecutivo celebra el sinceramiento de los dirigentes Cristina Kirchner, Sergio Massa, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Elisa Carrió, quienes han decidido unirse públicamente con el objetivo de obstruir el plan económico del Presidente".
El mismo comunicado sentencia que "es momento de que los legisladores entiendan que ya no pueden hacer populismo demagógico con los recursos de quienes pagan los impuestos".
Aunque la decisión ya estaba tomada, el Presidente esperó hasta último momento para formalizarla, con el objetivo de blindar el veto e impedir la insistencia del Poder Legislativo. A pesar de ello, algunos legisladores todavía sostienen que intentarán conseguir los dos tercios necesarios en ambas cámaras para revertir el veto.
La universidad pública es una de las instituciones más prestigiosas de la Argentina. La Universidad de Buenos Aires ocupa el puesto 10 en el ranking de Latinoamérica y el 71 a nivel global, según el Ranking Quacquarelli Symonds. Además, de los más de 2.5 millones de estudiantes, el 81% cursa sus estudios en universidades estatales.
El informe de abril de la consultora Zuban Córdoba reveló que 87,4% de la población está de acuerdo en que la educación pública es un derecho que debe ser defendido.
Ante esta abrumadora mayoría, ¿podría la rigidez y obstinación del Gobierno volverse en su contra?
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