La senadora nacional y ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue autorizada hoy nuevamente por la justicia a viajar a Cuba mañana, tras la solicitud que presentó al tribunal que la juzga por el supuesto direccionamiento de la obra pública a favor del detenido empresario Lázaro Báez en Santa Cruz.
En un escrito presentado por su abogado, Carlos Beraldi, en el que se aludió a motivos personales, la senadora nacional solicitó autorización para viajar del 11 al 16 de septiembre inclusive, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal Oral Federal 2 le concedió el permiso y viajará a la madrugada con destino a La Habana para visitar a su hija Florencia, quien permanece en ese país bajo tratamiento médico, también con permiso judicial de otro Tribunal que la juzgará en dos causas junto a su madre, Los Sauces y Hotesur.
El juicio oral y público contra la expresidenta por asociación ilícita a partir de la acusación de presunto direccionamiento de las obras públicas santacruceñas hacia el empresario Lázaro Báez, entró ayer en la etapa de las declaraciones indagatorias. Ella es la última de un listado que ayer tuvo a sus primeros integrantes haciendo uso de la palabra frente al Tribunal Oral Federal Nº 2. El extitular de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, rechazó las acusaciones y la abogada de Lázaro Báez pidió suspender el juicio.
Periotti afirmó que no existió una asociación ilícita como la que se plantea en este expediente, en el que se indaga sobre 52 obras entregadas a Lázaro Báez, con sobreprecios y sin finalizar. “No tuve conocimiento ni ninguna participación en esa presunta asociación ilícita y, lo tengo que decir aquí por primera vez y lo voy a repetir en este juicio: no existió asociación ilícita alguna”, dijo el extitular de Vialidad. En la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py no sólo estuvo ausente Cristina Fernández, sino también el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y el exsecretario de Obras Públicas José López. Los tres están autorizados a concurrir solamente el día que les toque declarar.
“Se nos acusó de haber traído gente de confianza, amiga, para cubrir las estructuras. Yo llegué absolutamente solo a Buenos Aires”, subrayó Periotti en su indagatoria. Agregó que la construcción de rutas fue “política de Estado del presidente Néstor Kirchner que después continuó nuestra expresidenta Cristina Kirchner”, y dijo que “conocía a Lázaro como vecino de Río Gallegos, pero no tenía información de la conformación de Austral Construcciones”.
Antes de Periotti, fue llamado a declarar el extitular de Vialidad en Santa Cruz Héctor Garro, quien se despegó de la acusación. Solamente se limitó a señalar: “Es falso totalmente que yo haya adjudicado 52 obras a las empresas del señor Báez. Fui presidente (de Vialidad de Santa Cruz) de octubre de 2005 a marzo de 2006, cinco meses, por lo que nunca pude haber participado de ninguna adjudicación”.
La declaración de Periotti continuará en la próxima audiencia. Antes de terminar la jornada de ayer del juicio, la abogada de Báez, Elizabeth Gasaro, pidió suspender el proceso por un fallo que pidió que se juzgue dentro del juicio de la “Ruta del dinero K” la compra de un campo a nombre de Báez que hizo Leonardo Fariña. Argumentó que esa decisión puede afectar el proceso Vialidad.
En este juicio se espera como elemento central conocer los resultados de un peritaje sobre cinco obras, que definirá buena parte de la suerte de la acusación. La defensa de Cristina buscó apartar de ese análisis a uno de los peritos, Eloy Bona, pero esa intentona fue rechazada. El resultado de este relevamiento de obras debía llegar a manos de los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu el miércoles pasado. Por ahora, solo hubo trascendidos periodísticos sobre el resultado de ese estudio, en el que se debía indagar sobre irregularidades en el otorgamiento de obras a empresas de Báez y sobre la falta de finalización de las mismas.
El próximo lunes no habrá audiencias. El juicio continuará recién en dos semanas, debido a la agenda de los jueces del tribunal, que tienen a cargo otros procesos orales y públicos.
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De Vido, a juicio oral
El exministro de Planificación, Julio De Vido, deberá enfrentar un juicio oral en la causa por defraudación en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), causa por la cual fue detenido en 2017. El juez Luis Rodríguez envió a juicio oral también a Roberto Baratta y otros 17 procesados. La acusación es por “defraudación por administración fraudulenta”. Según el juez, “no existe elemento probatorio o argumental alguno que permita modificar la situación procesal de los imputados”, por lo que se opuso a sobreseerlos.
