El fuero en lo Contencioso Administrativo Federal recibió al menos ocho amparos contra el decreto de necesidad y urgencia 70/2023, de desregulación económica, con pedidos de medidas suspensivas hasta que se dicte sentencia de fondo en relación a planteos de presunta inconstitucionalidad de la norma del gobierno de Javier Milei.
En una de ellas, la radicada por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez quedó designado hoy nuevo juzgado, el Contencioso Administrativo Federal 7 luego que el letrado recusó al magistrado sorteado inicialmente, Juan Pablo Cayssials, informaron fuentes judiciales.
Gil Domínguez presentó una "acción declarativa de inconstitucionalidad" contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre último con un pedido de medida cautelar para suspender sus efectos hasta el dictado de sentencia definitiva.
En el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal de la ciudad de Buenos Aires se realizaron hasta el momento ocho presentaciones judiciales contra el DNU, que resultaron sorteadas en diferentes juzgados.
La primera fue la radicada la semana pasada por la Asociación Civil Observatorio del Derecho a la Ciudad, en la cual el viernes último el juez Esteban Furnari admitió la acción como un "amparo colectivo" y dio vista a la fiscalía para que se determine si la causa es competencia de ese juzgado.
- La acción judicial fue presentada por esa asociación civil y organizaciones como ATE y CTA contra el decreto de desregulación económica.
También ingresó una acción de amparo de la Asociación Civil por un Hogar en Argentina, que quedó radicada ante el Juzgado 12 de ese fuero.
Durante la jornada de hoy presentaron amparos el extitular del Colegio Público de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Rizzo y otros seis firmados por Betina Stein, Laura Golcman, Nancy Beatriz Mateos, María Reston, Mariana Fernández y Norma Castro.
En su demanda, el abogado Gil Domínguez sostuvo que el DNU es "contrario a los artículos 1, 29, 30, 77 a 84 y 99 inciso 3 de la Constitución argentina"
Gil Domínguez pidió que "oportunamente dicte sentencia declarando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023".
Además reclamó el dictado de una medida cautelar que suspenda sus efectos hasta que haya sentencia definitiva.
"Vengo a solicitar en los términos previstos por el artículo 195 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial y los artículos 13 y 15 de ley 26.854 el dictado de una medida cautelar de no innovar mediante la cual se suspendan los efectos del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023 hasta tanto se dicte sentencia definitiva en la presente causa", consignó.
El abogado reclamó que se declare la "inconstitucionalidad y la nulidad absoluta e insanable del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023".
"El Poder Ejecutivo Nacional mediante el dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/2023 utiliza un mecanismo de legislación excepcional previsto por el art. 99.3 de la Constitución argentina -de interpretación y aplicación restrictiva- para sustituir integralmente la función legislativa a través del abuso de derecho público y el desvío de poder", denunció el constitucionalista.
También argumentó que el Ejecutivo dictó el instrumento "con el objeto de realizar una reforma constitucional indirecta o encubierta por fuera del mecanismo previsto por la Constitución argentina", advirtió.
"De esta manera, se verifica la existencia de una norma que pretende vulnerar el principio republicano, la división de poderes", sostiene la demanda presentada.
ATE denunció penalmente a Milei por el DNU
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció penalmente al presidente Javier Milei, junto a "todos los involucrados" en la elaboración del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido la semana pasada y los acuso de haber incurrido en abuso de la autoridad y "varios delitos".
"Desde ATE hemos decidido denunciar penalmente al presidente Milei y a todos los involucrados en el DNU", informó el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, en su cuenta de la plataforma X (exTwitter).
El dirigente gremial sostuvo que la denuncia penal es por "la comisión de varios delitos" y enumeró el de abuso de autoridad y la usurpación de autoridad enmarcados en el Código Penal.
Además, añadió el "delito tipificado en el art. 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al Presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su Gobierno".
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 a cargo de Sebastián Ramos, según surge de la información pública de los sorteos de causas que a la que puede accederse a través del Centro de Información Judicial (CIJ). El fiscal para este caso sería Carlos Stornelli.
La denuncia es "contra el Presidente de la Nación, señor Javiel Milei y demás funcionarios que resulten responsables por la posible comisión del delito de abuso de autoridad, del delito de usurpación de autoridad", según fue escrito en la denuncia a la que accedió Télam.
También acusaron a los posibles involucrados "del delito tipificado en el artículo 29 de la Constitución Nacional que establece la responsabilidad y la pena de infames traidores a la patria a quienes ejerciten actos que impliquen arrogarse la suma del poder público o que ubiquen al presidente en una posición de supremacía por las que la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a su merced y de su gobierno".
"Nos encontramos con el Poder Ejecutivo Nacional arrogándose facultades por fuera de la Constitución que implican trastocar radicalmente y estructuralmente la economía del país, su sistema productivo, su organización social y estatal, la prestación de los servicios públicos, la organización de la sociedad civil, el comercio interno e internacional, las relaciones laborales, las relaciones de consumo, sin permitir que estos cambios sean debatidos por el órgano democrático por antonomasia que es el Congreso Nacional de forma previa a la entrada de su vigencia", advirtieron los denunciantes.
"La envergadura y los alcances del DNU implicarán, desde su entrada en vigencia, la modificación fundamental del estilo de vida de toda la población argentina, con flagrante menoscabo de sus principios, Republicanos, Representativos, Democráticos y su carácter Federal", continuaron.
"Desde la recuperación de la democracia en el país, hace 40 años que no ha visto una concentración de poder tan mayúsculo por los que ´la vida, el honor o las fortunas de los argentinos van a quedar a merced´ de una persona, el presidente del país y su gobierno", sostuvieron.
