La marcha en contra del veto al financiamiento educativo se sintió este miércoles en todo el país y movió el tablero político logrando unir a la oposición. Al mismo tiempo dio al Gobierno un nuevo relato para justificar la medida que se publicó en las primeras horas de este jueves.
Luego del reclamo multitudinario, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso. Se trata de la segunda vez que el mandatario rechaza un proyecto convalidado por el parlamento, tras lo ocurrido con la ley de movilidad jubilatoria.
El objetivo, según la analista Elsa Llenderrozas, es "no mostrarse como un poder débil que cede ante los reclamos sectoriales". "Esto eleva la tensión porque se muestra como un negociador duro, 'hasta el fondo'", señaló.
Ahora, los diputados tienen el desafío de construir una mayoría "que enciende todas las alarmas del gobierno", definió Llenderrozas. Y aclaró que se trata de una "mayoría de riesgo" porque "coincide con el número necesario para el juicio político".
¿Hay apoyo?
La bandera de la educación atraviesa todo el arco político dado que se trata de un valor muy arraigado en la sociedad. El analista Julio Burdman indicó que uno de los efectos más significativos de la marcha es "el perfilamiento opositor cada vez más claro de sectores no peronistas".
En esa línea, mantener el rechazo será un nuevo desafío para el oficialismo. La oposición en el Congreso presentó a la presidencia de la Cámara de Diputados un pedido de sesión especial que será el miércoles 9 de octubre.
Los números que se manejan hoy son muy finos. En Casa Rosada afirman que aún no tienen el compromiso asegurado de PRO para sostener el veto y, por ende, aún no reúnen la minoría necesaria de diputados y senadores para evitar que la oposición alcance los dos tercios para refrendar la normativa.
Sin embargo, confían en el trabajo del titular de la Cámara Baja, Martín Menem, quien recorre pasillos y despachos en busca de "voluntades" que sostengan la decisión presidencial, como sucedió con el veto que bloqueó el aumento a los jubilados.
Federalismo fiscal
Burdman indicó que "todo indica que el veto se va a complicar más que el caso anterior". En caso de que no pueda avanzar con el límite al financiamiento universitario, Milei podría "sacar de la manga la transferencia a las universidades nacionales a las provincias", agregó.
Y sentenció: "Eso es lo que, en el fondo, quiere Milei, más que controlar el financiamiento". El analista recordó que en su discurso en el Congreso, el Presidente planteó el objetivo de "instalar un federalismo en serio en materia de gastos e ingresos, o sea que el Estado Nacional tenga una cantidad de funciones cada vez menor".
Una marcha política
El analista Lucas Romero planteó que hay una "diferencia sustancial" entre la marcha del 23 de abril y la del 2 de octubre. Mientras que la primera se dio como un "conflicto de intereses", dado que una comunidad educativa reclamaba ante el Gobierno por el ajuste realizado en las partidas destinadas a financiar el área; la segunda funcionó como un "conflicto de poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo", porque existe una ley en el medio.
"La marcha está convocada en medio de una discusión mucho más política y emerge en el contexto de un Gobierno haciendo el ajuste", aclaró. Y agregó que en las investigaciones sobre el éxito o fracaso de los gobiernos que hicieron ajustes severos se ve que "la mayoría han colapsado políticamente: son gobiernos que no sobreviven"
¿Ajuste justo?
Para sobrevivir a ello, Romero señaló cuatro factores esenciales:
- "Tener claridad de cuál es la magnitud de ajuste fiscal posible".
- "Tener capacidad de explicar y justificar la necesidad del ajuste frente a la opinión pública".
- "Tener cuidado sobre el impacto social del ajuste y asumir acciones orientadas a mitigar ese impacto sobre todo en los sectores más vulnerables"
- "La capacidad del Gobierno de construir la percepción pública de que la distribución de la carga del ajuste es equitativa".
Respecto al último punto, señaló que cuando el Gobierno decide "negar la voluntad del Congreso en esta discusión", se ubica frente a la opinión pública en una "situación de insensibilidad frente a un reclamo en dos temas muy sensibles, como son jubilados y educación".
"Uno de los aspectos destacados que vimos en nuestro último estudio de septiembre es que, si hay una batalla que el Gobierno perdió estrepitosamente frente a la opinión pública, es la de convencer a la gente de que el ajuste lo iba a pagar la casta", sentenció.
El analista agregó que este tipo de discusiones provocan un gran daño al oficialismo, "porque lo pone frente a la necesidad de explicar por qué el Gobierno no tiene otro lugar en donde ajustar que en el gasto del financiamiento de las universidades para garantizar una educación pública de calidad, o para ajustar el salario de los jubilados".
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