La Ley que modifica la movilidad jubilatoria aprobada por el Congreso se enfrenta a su destino esta semana, cuando diputados tengan que volver a tratar la cuestión, en esta ocasión para tramitar el veto del Poder Ejecutivo.
Mientras las cámaras legislativas se preparan para recibir al Presidente en su presentación de su primer proyecto de Ley de presupuesto, un asunto de aún mayor trascendencia en la opinión pública obligará a los representantes a una polarización deseada por el Gobierno.
En la votación original, los diputados votaron con una abrumadora mayoría la aprobación de un nuevo régimen de movilidad jubilatoria, que incorpora una cláusula variable en la actualización. La innovación está dada por la inclusión del índice de evolución de los salarios, mientras que el régimen vigente promulgado por el oficialismo aumenta las prestaciones de manera mensual en línea con la evolución de precios.
La Ley vetada por el presidente Javier Milei contemplaba que en el caso de que los salarios aumenten más que la inflación, se reconozca la mitad de la diferencia de estos dos índices de manera anual para el cálculo de la actualización de los haberes jubilatorios. El proyecto aprobado por el Poder Legislativo responde al escenario en el que la inflación continúe su tendencia a la baja y se recompongan comparativamente los salarios.
En este caso, mejoraría la capacidad recaudatoria del Estado Nacional y el costo fiscal no sería significativo. A su vez, esta actualización contemplaría a los jubilados en esta mejora en la situación de las finanzas estatales. Por el contrario, en caso de que sobreviva el veto presidencial, las jubilaciones perderían peso en una economía en recuperación.
El veto presidencial pone de relieve algunas contradicciones y dilemas en el PRO y el radicalismo. En el caso del PRO, mientras que en la votación inicial primó el silencio, y buena parte de la bancada se ausentó, frente al veto la posición mayoritaria parecería ser su respaldo. El panorama es aún más complejo para el partido centenario, donde el veto oficialista ha profundizado las grietas internas, separando claramente el grado de cercanía de los representantes con el Gobierno.
El radicalismo llegará al tratamiento del veto dividido entre los representantes ligados a los mandatarios provinciales que necesitan un buen clima con el presidente, y los sectores ligados a Lousteau y Manes que no contemplan la posibilidad de cambiar de posición unas semanas después de haber apoyado enfáticamente el proyecto en la cámara de origen.
Para que el Congreso insista en la iniciativa y obligue al presidente a promulgar la Ley necesita aunar dos tercios de votos positivos en ambas cámaras. El hecho de que en el PRO no haya representantes dispuestos a confrontar tan abiertamente con el oficialismo y que en el radicalismo se enfrente a una nueva división, le garantiza al Gobierno la supervivencia de su veto.
