Baja de imputabilidad, registro de datos genéticos y regularización de armas: cómo es el nuevo paquete de leyes de seguridad
En esta segunda fase, el Gobierno no tiene planeado únicamente tomar medidas económicas, sino también de seguridad. Es por esta razón que el oficialismo convocó una sesión especial para que el próximo 7 de agosto se debatan 14 proyectos en la Cámara de Diputados.
Uno por uno: cuáles son los proyectos a tratar
El primero será la entrada de tropas extranjeras y la salida de fuerzas nacionales para participar de los ejercicios contemplados en el Programa de Ejercitaciones Combinadas, que se realizarán desde el 1° de septiembre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025.
Además, se declarará a la Sexta Brigada Aérea como "Brigada Heroica", en homenaje a todos aquellos que lucharon en la guerra de Malvinas. A su vez, también se aprobarán tratados de extradición con la República Checa, Rumania y Brasil.
Por otra parte, también se realizarán múltiples acuerdos: uno de Servicios Aéreos entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos; uno de cooperación en el área de Defensa con Italia; un reconocimiento mutuo de medidas de protección para las mujeres en situación de violencia de género entre los Estados parte del Mercosur; y uno de cooperación técnica con la República de Filipinas.
- Además se hará un convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la Aviación Civil Internacional, el cual tuvo lugar en el 2010 en China; se ratificará la Convención de 1907 para el Arreglo Pacífico de los Conflictos Internacionales y se tratarán las enmiendas al artículo 8° del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Registro Nacional de Datos Genéticos y regularización de armas: los temas más controversiales
Sin embargo, los temas que más controversia generan son las modificaciones propuestas sobre el Registro Nacional de Datos Genéticos y la regularización de armas. En cuanto al primero, la iniciativa es impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y busca extenderlo a todos los delitos ya que actualmente solo contempla los delitos contra la integridad sexual. De esta manera se podrá comparar las huellas genéticas que se obtienen en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así los procedimientos judiciales.
Respecto a la regularización de armas, se intentará modificar la ley 26.216 de Armas de Fuego para flexibilizar el registro de usuarios irregulares. El proyecto establece un plazo de 360 días para que todas las personas que tengan armas no autorizadas -de uso civil, convencional o respuestos principales- puedan presentarse para autorizarlas ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC). Al mismo tiempo, también se propone prorrogar por cuatro años el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego, el cual permite entregarlas de manera anónima para que luego puedan ser destruidas.
Baja de imputabilidad
Por otro lado, el miércoles 31 de julio en la Cámara de Diputados se dará inicio al tratamiento del proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad a los 13 años. El proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo y será tratado en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia y Presupuesto y Hacienda en el anexo C.
El proyecto fue firmado por Javier Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, y plantea un nuevo régimen penal juvenil para adolescentes de entre 13 y 18 años, ya que actualmente "los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes", lo cual "genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general".
Las sanciones van desde la amonestación, la prohibición de contacto o de aproximación a la víctima, su familia u otras personas que el juez estime; la prohibición de concurrir a determinados lugares, conducir vehículos, hasta la prestación de servicios a la comunidad, el monitoreo electrónico y penas privativas de libertad. En cuanto a esta última, la pena podrá realizarse tanto en los mismos domicilios, como en institutos abiertos o especializados de detención adecuados para el tratamiento de adolescentes.
Hoy en día Argentina es, junto a Cuba, uno de los pocos países que mantuvieron el tope mínimo en los 16 años. Una de las observaciones que hace el Gobierno es que la edad de imputabilidad en Argentina no coincide con la de otros países de la región como Chile, Colombia y Perú que donde es de 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay donde es a los 13 años; o el caso de Brasil y México donde es a los 12 años.
En relación a esto, la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) exige a los estados "establecer una edad mínima por debajo de la cual se presumirá que los niños y niñas no han infringido la ley penal" y recomienda "asegurarse de que la edad mínima de responsabilidad penal sea 14 años y lo más cerca posible a 18".