Muchas veces se piensa al sector público como un cuerpo homogéneo de actividades innecesarias y con poco impacto para nuestra vida cotidiana. Lamento decir, que esto no es así.
El sector público en Argentina y en cualquier parte del mundo tiene un rol importante y que cruza de manera transversal la mayor parte de nuestro día a día.
Desde lo más fácil de identificar como pueden ser los servicios de emergencias o de servicios públicos convencionales tales como la Seguridad y la Justicia a otras actividades más complejas o poco conocidas como la regulación de actividades concesionadas por empresas privadas, actividades de base tecnológica o investigación.
Según datos reportados por CIPPEC, en Argentina el 18% de los ocupados trabajan en el sector público. Este dato nos sitúa por encima de toda la media latinoamericana a excepción de Venezuela.
Es importante destacar que alrededor del 80% de ellos se desempeñan en las administraciones subnacionales (provincias y municipios). La expansión del empleo público entre 2001 y 2015 ha sido sideral.
La cantidad total de empleados públicos ha crecido 70%, caso inédito a nivel mundial. Para poner estos datos en contexto, la población total argentina entre 2001 y 2023 sólo ha crecido 31%.
Es necesario también destacar, que este aumento significativo de la masa empleada por los gobiernos nacional y subnacional no se ha traducido en una mejora en las prestaciones de servicios públicos.
Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se releva la confianza y satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos, los argentinos valoramos al Gobierno por debajo del promedio regional y mundial. Esto da cuenta de que el aumento del peso del Estado en la economía y la introducción de una masa empleada de manera significativa no ha resultado en una mejora en la visión de los ciudadanos sobre el Estado como proveedor de bienes y servicios de calidad.
La cantidad, nivel e intensidad de actividades lideradas o donde tiene participación el sector público no merece una discusión superficial. El debate sobre el tamaño del Estado que los argentinos estamos dispuestos a financiar a través de impuestos y tasas no está en la discusión pública ni institucional.
La polarización a nivel legislativo provoca y seguirá produciendo una falta sobre debates profundos en materia previsional, de asistencia social, legislación laboral, regímenes impositivos especiales, necesidad de empresas públicas, entre otros.
Con el ajuste no alcanza. Necesitamos un Estado más eficiente, con funcionarios capaces de comprender la nueva realidad de la relación con sus ciudadanos y la economía. Gran parte de la estructura del Estado (Nación, provincia y municipios) es poco susceptible de recibir grandes modificaciones en sus funciones y estructuras organizativas. Esto se debe a la resistencia de bases sindicales consolidadas, presión de la opinión pública y falta de acuerdos de mayorías para modificar estructuras de las cuales forman parte. Los objetivos son claros, pero el camino está plagado de obstáculos y muchos de ellos tocan intereses de aquellos que buscan generar el cambio.
La mejora de los servicios públicos es un aspecto fundamental para el Gobierno que asuma a partir del próximo 10 de diciembre. Los cambios necesarios serán imposibles de realizar si no se cuenta con un consenso amplio sobre la velocidad e intensidad de los cambios. La política deberá prescindir de beneficios que impactan negativamente en el peso del estado sobre la ciudadanía, pero también deberá desregular actividades que no generan ni equidad ni bienestar a los ciudadanos.
