Por Jorge R. Enríquez (*)
Mediante el Decreto 735/2020, el Presidente le sustrajo de manera inconstitucional recursos a la Ciudad de Buenos Aires para solucionar un conflicto policial de la provincia de Buenos Aires. Así planteado, parece una broma, pero es la más pura verdad.
Dicho decreto modifica la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, lo que es inconstitucional porque no se puede hacer unilateralmente, y les da a los recursos que le quita una asignación específica, lo que es facultad exclusiva del Congreso. En sus considerandos, el decreto afirma que ese coeficiente de coparticipación fue establecido por sucesivos decretos presidenciales, pero omite decir que la coparticipación de la Ciudad tuvo que otorgarse por decreto porque la nueva Ley de Coparticipación Federal que ordena sancionar a este Congreso la Constitución en el artículo 75 nunca pudo ser aprobada, tal y como las Provincias y la Nación señalan en el punto m) de los Compromisos Comunes asumidos por las partes en el Consenso Fiscal 2017.
Lo que tampoco afirma el Presidente en el decreto en cuestión es que el incremento previsto en los Decretos 196/2016 y 257/2018 no respondió a un concesión graciosa del Príncipe, como alega con evidente mendacidad, sino a la reasignación presupuestaria que impone el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional cuando se transfieren competencias y servicios de la Nación a las provincias o a la Ciudad de Buenos Aires.
El Decreto Nº 194/2016 expresa en sus considerandos: “Que no obstante ello y en aras de asegurar el desenvolvimiento fiscal y patrimonial que permita continuar consolidando la organización y funcionamiento institucional de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y proseguir asumiendo las competencias, servicios y funciones inherentes a su régimen autónomo, el ESTADO NACIONAL entiende que para garantizar dicha autonomía resulta necesario adecuar su coeficiente de financiamiento. Que en este sentido es procedente fijar el coeficiente de participación del TRES COMA SETENTA Y CINCO POR CIENTO (3,75%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el Artículo 2° de la citada ley, a partir del 1° de enero de 2016. Que por tanto, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 75, inciso 2, de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y lo normado en el Artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, corresponde determinar la participación de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en el régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, de manera tal de asegurar una distribución equitativa con el resto de las jurisdicciones que lo integran”.
Este decreto fue dictado el 18 de enero de 2016, trece días después de haber celebrado el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires el Convenio Nº 1/16 por el cual se transfirieron a la Ciudad las facultades y funciones de seguridad no federales, que ?hasta ese momento- ejercía la Nación en el territorio de la Ciudad.
Es claro entonces, y lo omite deliberadamente el decreto del saqueo, que ese incremento del 2,35 % no fue arbitrario, sino que respondió a una causa concreta. Se trató de una reasignación presupuestaria en los términos del artículo 75 inciso 2 de la CN por competencias transferidas.
Desde la reforma constitucional del año 1994 que consagró la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la Nación le ha transferido (sin recursos) un sinnúmero de funciones. Las principales han sido las judiciales. El Fuero Nacional en lo Civil vio reducido su caudal de trabajo en un cincuenta (50%) porque la Ciudad asumió la competencia judicial en materia contencioso administrativo y tributaria y pasó a tramitar procesos relativos al Estado local que antes, cuando era la Municipalidad, tramitaban en ese fuero. La Nación no reasignó ninguna partida presupuestaria pero sí transfirió la competencia.
De igual forma, iniciado el proceso de transferencia de competencias penales en el año 2000, y pese a que los dos Convenios de Transferencia Progresiva de Competencias Penales lo previeron en su articulado y el Congreso ratificó ambos convenios, la Nación, por el simple procedimiento de no designar a su representante en la comisión que debía estimar los recursos que debía reasignar a favor de la Ciudad, tampoco transfirió suma alguna.
Igual procedimiento siguió con el denominado Tercer Convenio, en realidad la Ley Nº 26.702, que previó la transferencia de 43 delitos, equivalentes al 22 % del total de las causas en trámite ante el Fuero Penal Ordinario de la Nación. Sobre esta transferencia de competencias, la Nación tampoco nada abonó.
Es recién en 2017 que, constituida la Comisión prevista en los dos primeros Convenios, se logra estimar la deuda que la Nación tiene con la Ciudad, y cuánto debe ser reasignado por estas transferencias de funciones. Pero ni la deuda ha sido pagada ni los recursos han sido objeto de reasignación presupuestaria alguna.
La Ciudad no solamente no fue beneficiada en el “reparto de la coparticipación” sino que se ha visto siempre perjudicada. Genera el 23 % de los recursos que se coparticipan y se le devolvía el 3,5 % y, desde la entrada en vigencia del Decreto 735/2020, solo el 2,32 %.
Pero lo más grave aún es que el Decreto establece como condiciones para que se inicie el período en que rijan los nuevos porcentajes, hechos que ya sucedieron.
Así, dice en su artículo 1º: “Establécese que, a partir de la entrada en vigencia del presente y hasta la aprobación por parte del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, la participación que le corresponde a dicha jurisdicción por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fija en un coeficiente equivalente al DOS COMA TREINTA Y DOS POR CIENTO (2,32%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley”.
El convenio de transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad, fue firmado por las partes el 5 de enero de 2016. Y no solamente fue firmado, sino que fue ejecutado a través de sucesivas Resoluciones de los Ministerios competentes que integran el Gobierno Federal y el de la Ciudad.
¿A qué se refiere el decreto en cuestión cuando establece un período a partir de la entrada en vigencia del Decreto y hasta la aprobación del Convenio, que ya fue ejecutado?
Para este período fija un porcentaje del 2,32 %. En forma arbitraria.
Y en el artículo 2º establece: “Establécese que, a partir de la aprobación por parte del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN de la transferencia de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, con la correspondiente asignación de recursos en el marco de lo previsto por el artículo 75 inciso 2 de la CONSTITUCIÓN NACIONAL, la participación que le corresponde a la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES por aplicación del artículo 8° de la Ley N° 23.548 y sus modificaciones, se fijará en un coeficiente equivalente al UNO COMA CUARENTA POR CIENTO (1,40%) sobre el monto total recaudado por los gravámenes establecidos en el artículo 2° de la citada ley”.
El porcentaje fijado durante la presidencia de Mauricio Macri resulta bastante ajustado a la realidad. A valores del Presupuesto 2020 de la Ciudad, la Legislatura ha dispuesto un gasto en materia de seguridad de $ 75.820 millones. A valores del mismo 2020, el aumento previsto en el Decreto 257/2018 de 2,10 % alcanzaría a una suma de $ 73.500 millones, ligeramente inferior. Por lo tanto, es claro que el “incremento” que cuestiona el Decreto 735/2020 fue una reasignación de recursos presupuestarios por la función de seguridad transferida a la Ciudad en el 2016. De ahí que la sustracción unilateral y por decreto sea inconstitucional, como lo sería también si fuera aprobada por ley, ya que ninguna ley está por encima de la Constitución.
Esperemos que la Corte Suprema restablezca a la brevedad en esta materia el Estado de Derecho y el federalismo, que han sido pisoteados de la manera más burda por quien predica en sus machaconas publicidades ser el gestor de una “Argentina unida”.
(*) Diputado Nacional (Juntos por el Cambio-PRO) por la Ciudad de Buenos Aires
