12 agosto de 2025
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El juez federal Ernesto Kreplak confirmó que las muertes por fentanilo contaminado ascienden a 76, lo que reactivó el reclamo del PRO para crear una comisión investigadora en el Congreso. La diputada Silvana Giudici sostuvo que el caso tiene tres ejes centrales: las víctimas, la conexión con el narcotráfico y el lavado de dinero.
- Acusó al kirchnerismo de frenar el debate en Diputados y de tener un grado de complicidad, vinculando la tragedia con el caso Lázaro Báez.
- Además, denunció que cinco kilos de fentanilo en polvo desaparecieron de un allanamiento sin testigos ni peritos presentes.
Giudici apuntó contra HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo, responsables de fabricar y distribuir el fentanilo adulterado. Señaló que su dueño, Ariel García Furfaro, es un exconvicto que incursionó en el negocio de los medicamentos con apoyo político kirchnerista. Aseguró que existe un "tema muy oscuro de encubrimiento" y que no se retiró por completo el lote contaminado de hospitales públicos y privados.
La diputada también cuestionó la investigación de Kreplak, hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, por su lentitud y falta de contundencia. El jueves pasado, el PRO denunció que su propuesta de comisión investigadora no prosperó porque bloques opositores y el kirchnerismo se levantaron de la sesión. Según Giudici, esto evidencia conexiones políticas con los responsables de las muertes, que en ese momento sumaban 68 y hoy ascienden a 76.
Kreplak, por su parte, reveló que se aplicaron unas 45 mil ampollas de fentanilo contaminado en todo el país y advirtió que la cifra de víctimas podría aumentar. Lamentó que en Argentina no exista trazabilidad para esta sustancia y consideró que la investigación debe servir para cerrar vacíos regulatorios. A pesar de que hay 24 personas sospechosas, no se registran detenidos.
El proyecto presentado por Giudici busca investigar la producción y comercialización del fentanilo y otros medicamentos de HLB Pharma Group y Laboratorio Ramallo, así como las posibles responsabilidades de funcionarios y exfuncionarios. El informe final sería público y remitido al Poder Ejecutivo, la Procuración, la Auditoría General de la Nación y la Justicia.
- La legisladora insiste en que solo una investigación parlamentaria puede esclarecer el caso y determinar responsabilidades políticas y penales.
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