Clave
Corrientes acaba de patear el tablero. Con un anuncio de inversión privada de más de US$ 2.000 millones por parte de ARPULP S.A. para instalar una planta de industrialización de fibra de pino, la provincia se posiciona como el próximo gran nodo foresto-industrial de la Argentina. El proyecto promete generar 13.000 puestos de trabajo y transformar un recurso abundante en valor agregado.
Pero más allá del entusiasmo, la noticia reabre una pregunta incómoda: ¿estamos ante el inicio de un verdadero salto industrial o frente a otra oportunidad que el país corre el riesgo de diluir?
Porque mientras este tipo de anuncios despiertan expectativas, el contraste con la realidad estructural sigue siendo evidente. El Litoral argentino lleva décadas con bosques, escala y condiciones naturales para liderar la foresto-industria regional y sin embargo, todavía no logra consolidar un modelo exportador robusto.
Bosques abundantes, alta productividad forestal —con incrementos medios anuales entre los más competitivos a nivel global—, materia prima de calidad y ciclos de rotación significativamente más cortos que en el hemisferio norte. Y, sin embargo, el Litoral argentino sigue sin concretar el salto hacia una industrialización a gran escala que Uruguay ya consolidó.
La Argentina suele compararse con Brasil o Chile cuando se habla de soja o minería, pero en foresto-industria, el espejo más interesante está al otro lado del río: Uruguay. El país vecino consolidó en tres décadas un modelo exportador de celulosa y derivados, mientras el Litoral argentino —con condiciones agroecológicas similares— aún navega entre su enorme potencial y una realidad industrial a medio camino.
Corrientes, Misiones y Entre Ríos concentran la mayor parte de las plantaciones del país, con más de un millón de hectáreas implantadas de pino y eucalipto. La capacidad sostenible de producción de madera plantada ronda los 20-25 millones de m³ por año, pero el consumo actual apenas llega a 8 millones. Es decir: sobra madera, falta industria.
En Corrientes, más de 500.000 hectáreas forestadas y la existencia de puertos y parques industriales permiten vislumbrar un polo emergente en Ituzaingó. El anuncio de ARPULP va en esa dirección. Sin embargo, la inversión privada en gran escala no es nueva como intención: lo que ha faltado históricamente son condiciones para que estos proyectos no queden a mitad de camino.
Ahí es donde la comparación con Uruguay deja de ser incómoda y pasa a ser directamente reveladora.
Desde los años noventa, Uruguay construyó un marco de estabilidad jurídica, incentivos fiscales y apertura al capital extranjero que permitió atraer inversiones de largo plazo. Empresas como UPM y Montes del Plata producen hoy más de 4 millones de toneladas de celulosa al año, con exportaciones que superan los USD 2.500 millones y un entramado logístico e industrial que genera empleo directo e indirecto a gran escala.
La Argentina, en cambio, ha tenido políticas intermitentes, marcos regulatorios cambiantes y una macroeconomía que muchas veces juega en contra de proyectos que requieren décadas para madurar. El resultado es un potencial que se acumula, pero no termina de transformarse en dólares ni en empleo industrial de calidad.
La foresto-industria no se limita a la celulosa. Hay margen para desarrollar tableros, muebles, biomateriales, bioenergía, pellets y una nueva generación de químicos verdes derivados de residuos forestales. En un mundo que demanda cada vez más productos sostenibles, el Litoral argentino tiene ventajas competitivas claras si logra ordenar su estrategia.
El desafío no es técnico. Es político y económico.
Se necesita infraestructura logística (rutas, ferrocarril, puertos), financiamiento de largo plazo y, sobre todo, un régimen de promoción que no se agote en la plantación, sino que empuje decididamente la industrialización. Es decir, pasar de exportar madera a exportar industria.
Uruguay demostró que el camino es posible. Argentina tiene los recursos, la escala y la localización para hacerlo incluso mejor.
Pereira es Investigador senior del Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral
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