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Sancionaron a Edenor y Edesur por $6,5 millones por incumplir normativas de seguridad pública

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10 diciembre de 2020

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) sancionó a las distribuidoras Edenor y Edesur en $6,5 millones por incumplimientos en materia de seguridad pública correspondientes a denuncias de 2018 y 2019.

La sanción se formuló mediante siete resoluciones tras haber verificado diferentes casos por anomalías en materia de seguridad eléctrica en la vía pública y deberes de información y respuesta a los requerimientos emitidos por el ente, según informó fuentes del ente controlador a Télam. Para el análisis de todos los casos se tuvo en consideración los reclamos efectuados por los usuarios, los informes presentados por la distribuidora y los resultados de las inspecciones llevadas adelante por el ENRE. 

Todas las resoluciones llevan la firma de la interventora Soledad Manin, recientemente designada mediante el decreto 963 como la primera mujer en estar al frente del organismo.

Asimismo, algunas de las sanciones formuladas contra la concesionaria del servicio público de distribución de energía eléctrica Edesur también incluyen más de 20 anomalías. Estas anomalías fueron verificadas tras efectuar el seguimiento y control de aquellas obras ejecutadas en la vía pública durante el período comprendido por los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2019.

Además, dos de las sanciones a Edenor son en el área de concesión de La Matanza por accidentes ocurridos en la vía pública y de las que fueron víctimas con lesiones dos menores de edad. En este mismo sentido, otra de las sanciones a Edesur es en el municipio de Almirante Brown y también involucra a un menor.

Las resoluciones emitidas "se enmarcan en el trabajo que lleva adelante el Ente Regulador para brindar respuesta a los más de 40.000 reclamos que quedaron pendientes de la gestión anterior", explicaron desde el ente.

Las funciones de control del ENRE tienen por objetivo no solo imponer sanciones a las distribuidoras bajo su jurisdicción, sino también disuadirlas de desplegar conductas que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

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