La actualización tarifaria de los servicios de gas natural y de electricidad y la quita de subsidios marcarán la agenda del gobierno de Javier Milei durante el próximo trimestre. El objetivo es que el nuevo marco tarifario entre en vigencia el 1° de febrero próximo.
Recientemente en la Audiencia Pública N°104, convocada por el ENARGAS, sobre gas natural, las empresas dejaron bien en claro su intención de aumentar las tarifas por encima del 500% promedio y con incrementos mensuales en medio de una escalada inflacionaria que tiene como telón de fondo la desregulación del mercado y el sinceramiento de precios.
La presentación de la Asociación de Distribuidores de Gas Natural (ADIGAS), que nuclea a las distribuidoras, realizó un balance de lo que no se hizo en los últimos 20 años.
De la audiencia participaron las compañías prestadoras del servicio de distribución (Gasnor, Litoral Gas, Camuzzi GasPampeana, Camuzzi Gas del Sur, Distribuidora de Gas Cuyana, Distribuidora de Gas del Centro, Metrogas, Naturgy BAN y GasNEA), subdistribución (Redengas) y transporte (TGN y TGS).
"En octubre 2018, se incumplió con la actualización tarifaria prevista en la Revisión Tarifaria Integral (RTI). Desde entonces, a lo largo de los últimos cinco años, las actualizaciones de tarifas apenas cubrieron el 16% de la inflación del período. Las actualizaciones transitorias de 2021, 2022 y 2023 estuvieron destinadas al pago de salarios, los costos de mantenimiento y las inversiones mínimas", señaló Daniel Martini, titular de ADIGAS.
- Y advirtió que "las tarifas se actualizaron muy por debajo de los salarios y por eso, la incidencia porcentual de una factura de gas en el salario promedio de la economía ha caído a mínimos históricos".
Si para muestra basta un botón, en estos últimos cinco años la garrafa aumentó el doble que la tarifa de gas; la leche, cuatro veces más; seis veces más, la carne, la yerba, el pan; siete veces más, el litro de nafta; casi diez veces más, el azúcar, el litro de gasoil y los medicamentos.
Amparados en la ley 24076 los empresarios coincidieron en que las tarifas deben proveer a los distribuidores que operen en forma económica y prudente la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable.
Según el análisis de ADIGAS las distribuidoras reciben sólo una parte pequeña de la factura. El 17% de lo que paga un usuario N1 o el 28% de lo que paga un usuario N2. "Son los niveles más bajos de toda la historia de las licencias", se quejan. El resto está destinado a las productoras, a las transportadoras y al Estado, a través de impuestos.
Entre las propuestas de adecuación de tarifas de distribución las empresas reclaman el derecho de las distribuidoras al pass through o principio de la neutralidad económica. Solicitan además que, en las declaraciones juradas de pago a productores, se habilite como concepto el GNNC en una columna separada de los volúmenes entregados a los distintos segmentos de usuarios.
"La tarifa debe incluir el costo real del flete al momento de la emisión de los cuadros tarifarios y debe ser actualizado mensualmente por el indicador IPIM", solicitaron.
- Las empresas también hicieron hincapié en continuar con las obras de la reversión del Gasoducto Norte. Hablaron de criterios de tarifas y asignación de capacidad.
Representa un tema crítico que mantiene comprometido el abastecimiento de la demanda de los usuarios de las distribuidoras para el año 2024.
También resaltaron la necesidad de contemplar en la RTI 2024 el rebalanceo integral del sistema de transporte considerando la infraestructura existente más la incorporada y por incorporar.
En la transición, remarcaron la necesidad de priorizar la capacidad del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner para el abastecimiento de las distribuidoras. Asimismo, generar mecanismos transitorios que no impliquen sobrecostos para las empresas ni comprometan el abastecimiento de la demanda.
Entre los argumentos más escuchados, prevaleció la idea de que tarifas de gas se actualizaron por debajo de la inflación, de los salarios y de bienes básicos reduciendo, por ejemplo, su incidencia en los salarios medios a menos del 1%.
Asimismo reclamaron que para que las tarifas sean sostenibles en el tiempo deben ser actualizadas mensualmente y es el IPIM el indicador más apropiado para garantizar a los usuarios, la previsibilidad y gradualidad.
Del lado de Metrogas pidieron un incremento mensual promedio de $ 6.000 para los usuarios residenciales (R1 y R2), que representan el 80% de los 2,4 millones de clientes que tiene la empresa.
Por su lado, Transportadora de Gas del Norte (TGN) también presentó su propuesta de adecuación tarifaria de transición. Su solicitud tuvo como fundamento principal que la prestación del servicio público de transporte de gas se viene brindando los últimos años con tarifas retrasadas en un contexto de incremento significativo de costos, producto de la alta inflación y devaluación del peso registradas en dicho período.
Explicaron que desde abril de 2018 a diciembre de 2023, los costos se multiplicaron por 29 y las tarifas por cinco.
Como consecuencia, la inflación no reflejada en la tarifa en dicho período fue del 523,5%. Esto significa que los ingresos reales asociados a la tarifa de transporte local de TGN se redujeron a un sexto, producto del retraso tarifario, explicaron a través de un comunicado.
Debido a ello, la transportista informó que acumuló pérdidas operativas por $7.868,2 millones durante los primeros nueves meses de 2023.
Dado el amplio atraso acumulado en los últimos años, TGN pidió un aumento transitorio en la tarifa de transporte del 523,5% que permita recomponer el nivel tarifario de la última RTI y no agravar su situación económico financiera.
"Como consecuencia de la propuesta de adecuación en la tarifa de transporte presentada, y a modo de ejemplo, un consumidor residencial promedio de Tucumán Nivel 1 y sin bonificación por zona fría, que hoy paga $2.857 por mes, tendrá un aumento en concepto de servicio de transporte de $650, lo que representa un incremento del 23%", aclararon.
Por otro lado, apuntaron que un consumidor residencial promedio de la Ciudad de Buenos Aires de Nivel 1, que hoy paga $ 4.208 por mes, tendrá un aumento en concepto de servicio de transporte de $ 2.077, lo que representa un incremento del 49%.
Por su parte, Transportadora de Gas del Sur S.A. (tgs) también solicitó una adecuación tarifaria con un incremento de transición del 567,3 % con vigencia 1° de febrero de 2024.
A un mes de su asunción, la mirada del gobierno de Javier Milei es reducir drásticamente los subsidios en los próximos tres meses.
De hecho, Eduardo Rodríguez Chirillo, titular de la cartera de Energía consideró que la interrupción de revisiones tarifarias o la falta de su determinación, como ocurrió en diciembre de 2023, y el congelamiento de las tarifas llevaron, en primer lugar, a que la tarifa no refleje el costo del suministro y, en segundo lugar, a que las licenciatarias dejaran de hacer las inversiones obligatorias.
Durante la audiencia el funcionario fue tajante al afirmar que el sistema energético actual se encuentra altamente desinvertido, desfinanciado, ineficiente, con riesgo de desabastecimiento y con una balanza comercial deficitaria de U$S 30.000 millones en los últimos diez años.
Todo indica que ante el avance desregulador y de apertura de liberalización de precios, las subas en las tarifas llegaron para quedarse.
