Legisladores impulsan una ley contra los aumentos sorpresa de los combustibles
"Basta de aumentos de la noche a la mañana". Ese es el mensaje que el massismo busca instalar en la Legislatura bonaerense con un proyecto de ley que apunta directo al corazón del negocio petrolero.
La iniciativa propone que todas las empresas que produzcan, distribuyan o vendan combustibles líquidos y gaseosos en la provincia de Buenos Aires deban informar con al menos 72 horas de antelación cualquier modificación en los precios.
El objetivo es claro: ponerle fin al "aumento sorpresa" que se volvió moneda corriente tras cada movimiento del dólar, un ajuste internacional o, incluso, un simple rumor.
"En la provincia no respondemos a los mandados de las petroleras. Esta ley viene a poner orden donde hoy hay especulación pura", lanzó la diputada Ayelén Rasquetti, de Fuerza Patria, una de las impulsoras del proyecto.
En medio de un contexto inflacionario desbordado y con los bolsillos cada vez más flacos, la suba del combustible se vuelve una cadena de impacto que castiga tanto a los que producen como a los que consumen.
Desde el massismo, insisten en que la falta de reglas claras favorece a los grandes jugadores del mercado, en detrimento de millones de argentinos.
"Los aumentos sorpresivos afectan al laburante, al comerciante, al tipo que necesita el auto para llegar a fin de mes", dijo Rasquetti. Y fue más allá: "Mientras algunos defienden el mercado sin reglas, nosotros defendemos a los consumidores, que no pueden seguir siendo la variable de ajuste de las petroleras".
La provincia de Buenos Aires cuenta con unas 1.880 estaciones de servicio, el mayor número del país. Lo que ocurra con los precios allí tiene efecto directo sobre los precios del transporte, los alimentos y la vida cotidiana de millones de personas.
Una ley para anticipar y controlar
La propuesta del massismo no impide los aumentos, pero exige previsibilidad y control estatal. La iniciativa alcanza tanto a las productoras como a las expendedoras, y plantea que cualquier suba en el precio de la nafta, gasoil, GNC u otro combustible deberá ser informada con tres días de anticipación, permitiendo a los organismos de control intervenir en caso de irregularidades o especulación desmedida.
"El combustible no es un lujo. Es una necesidad básica que impacta en todo lo demás. Por eso esta ley propone una herramienta concreta para actuar frente a los aumentos injustificados", afirmó Rasquetti.
El trasfondo político no es menor. En sus declaraciones, la diputada massista apuntó directamente contra la gestión de Javier Milei, acusando al gobierno de desregular en favor de los grandes grupos petroleros.
"Las petroleras dolarizaron el precio y en un año lo triplicaron frente a la inflación. Nosotros no defendemos a los CEOS, defendemos al que no puede cargar el tanque", disparó.
La propuesta no solo recupera la iniciativa legislativa del massismo, sino que pone en agenda un reclamo social urgente: el fin de los aumentos intempestivos en uno de los insumos que más condicionan la economía cotidiana. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar