La UIA redobla la presión por los cortes de gas y exige activar el comité de emergencia
La Unión Industrial Argentina (UIA) volvió a elevar la tensión con el Gobierno en medio de las restricciones al suministro de gas para el sector productivo.
La entidad reclamó la inmediata convocatoria del comité de emergencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) para establecer si los cortes responden a un problema de transporte o a una falta efectiva de gas, una diferencia que determina quién debe asumir los costos extraordinarios durante el invierno.
Desde la central fabril sostienen que, si el inconveniente es una limitación en la capacidad de los gasoductos, las distribuidoras pueden aplicar los mecanismos previstos en los contratos.
Pero si existen volúmenes de gas disponibles en el mercado, corresponde activar el comité de emergencia para evaluar alternativas de abastecimiento antes de interrumpir el suministro a las industrias.
La convocatoria de ese organismo está prevista por la normativa para situaciones de escasez y reúne a transportistas, distribuidoras, el ENREGE, la Secretaría de Energía, Cammesa y Enarsa.
Su función es garantizar el abastecimiento de la demanda prioritaria —hogares, hospitales y escuelas— y coordinar, cuando resulta inevitable, las restricciones sobre grandes usuarios industriales, centrales térmicas y estaciones de GNC.
El reclamo de la UIA se produce en plena ola de frío, cuando el consumo de gas alcanzó niveles récord. El 1 de julio la demanda total llegó a 160,4 millones de metros cúbicos diarios, impulsada principalmente por el consumo residencial, que representó más de la mitad del total.
La industria, en tanto, demandó 27,2 millones de metros cúbicos, aunque el sector sostiene que necesita garantizar al menos 15 millones de metros cúbicos diarios mediante contratos firmes para evitar paradas de planta.
Las restricciones ya comenzaron a sentirse con distinta intensidad en el interior del país. En Tucumán, las industrias denunciaron reducciones cercanas al 70% en el suministro, mientras que en Salta el recorte rondó el 35% de la capacidad firme contratada.
Frente a este escenario, la Asociación de Consumidores Industriales de Gas de la República Argentina (ACIGRA) respaldó el pedido de la UIA y reiteró sus cuestionamientos al esquema actual de transporte.
El conflicto tiene además un componente estructural. La reconfiguración del sistema gasífero dispuesta este año por la Secretaría de Energía modificó el esquema de transporte para adaptarlo al crecimiento de la producción de Vaca Muerta y a la pérdida de abastecimiento desde Bolivia.
Esa reorganización dejó al norte del país con mayores restricciones hasta que entren en funcionamiento nuevas obras de infraestructura, entre ellas el gasoducto Tratayén-La Carlota.
A esa limitación se suma el fuerte incremento del costo del Gas Natural Licuado (GNL) importado, cuyo precio este invierno ronda los US$ 26 por millón de BTU, muy por encima del gas producido localmente, que se ubica en torno a US$ 4,5.
La diferencia encarece el abastecimiento durante los picos de demanda y abrió una disputa entre el sector privado y el Gobierno sobre quién debe absorber ese sobrecosto.
La UIA había propuesto compartir ese impacto con el Estado para evitar una pérdida de competitividad de la industria, pero la iniciativa fue descartada por el Ministerio de Economía. La posición oficial es que las empresas deben afrontar el costo del gas importado cuando el sistema no dispone de capacidad suficiente para transportar la producción local.
Con la producción de gas en niveles récord y los gasoductos operando al máximo de su capacidad, el sector industrial sostiene que el problema no es la oferta sino las limitaciones del sistema de transporte y comercialización.
Por eso insiste en que el comité de emergencia defina si existen alternativas de abastecimiento antes de avanzar con nuevos cortes que afectan la actividad fabril y elevan los costos de producción. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar