Habrá emergencia energética hasta julio de 2025 (como mínimo): cuál es la gran incógnita
El Gobierno extendió la emergencia energética y abre un escenario incierto en materia de tarifas. La crisis en el sector eléctrico y la falta de inversión en generación y transporte advertidos en el informe de CAMMESA fueron la antesala de lo que se conocía como un secreto a voces.
El Gobierno de Javier Milei oficializó la prórroga de la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025 a través del Decreto 1023/2024, publicado en el Boletín Oficial. Desde el Poder Ejecutivo Nacional aseguran que se busca garantizar la continuidad y sostenibilidad de los servicios públicos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en un contexto de crisis estructural.
Puertas adentro, el Gobierno reconoció que, pese a los ajustes transitorios, las inversiones necesarias no se han concretado debido a los plazos prolongados que requieren las obras de infraestructura de envergadura.
El texto oficial remarca que la extensión es necesaria para implementar medidas que permitan asegurar un servicio ininterrumpido, mientras se trabaja en la unificación de objetivos y tiempos en el marco de la emergencia.
El decreto también establece que la vigencia de los nuevos cuadros tarifarios originalmente previstos en los procesos de revisión de 2023, se pospondrá hasta julio de 2025. Durante este período, las tarifas serán ajustadas con mecanismos que prioricen la inflación futura, buscando mantener los valores tarifarios reales y estables.
Entre los considerandos del Decreto se explica que "mediante la Resolución N° 294 del 1° de octubre de 2024 de la Secretaría de Energía se estableció un "Plan de Contingencia y Previsión para meses críticos del período 2024/2026" con la finalidad de evitar, reducir o mitigar la crítica condición de abastecimiento de energía para los días críticos del período 2024/2026, en los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
"Resulta de público conocimiento que el Gobierno nacional ha recibido una herencia institucional, económica y social gravísima, por lo que es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece, especialmente como consecuencia de un conjunto de decisiones intervencionistas adoptadas por pasadas administraciones", dice el texto.
Y agrega que "en lo que respecta al sector energético, la referida herencia se ha verificado en la vulnerabilidad y el estado crítico en tres aspectos claves: (a) en el sistema económico recaudatorio; (b) en la funcionalidad de las instalaciones para asegurar el suministro actual y futuro; y (c) en la falta de señales de mercado para la oferta y la demanda"
También reafirma que se verificó que los criterios del Decreto N° 332/22 no permitieron una adecuada focalización de los subsidios, con el agravante de que en la implementación del régimen de segmentación no se realizaron los cruces de información necesarios para asegurar que la ayuda llegara a quienes realmente la necesitan, lo que causó que los precios mayoristas de la energía no cubrieran los costos de abastecimiento.