Minería y Estado

El Gobierno nacional se baja de YMAD y deja en manos de Catamarca el futuro de La Alumbrera

El Gobierno formalizó su salida de la empresa minera estatal que explotó Bajo la Alumbrera, transfirió la gobernanza a la provincia y a la Universidad Nacional de Tucumán y despejó el camino para proyectos de cobre bajo el régimen RIGI.

Menos presencia estatal directa, mayor protagonismo provincial y un escenario de grandes inversiones privadas.
Menos presencia estatal directa, mayor protagonismo provincial y un escenario de grandes inversiones privadas. (Archivo)

El Gobierno nacional oficializó su retiro de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), la empresa que tuvo a su cargo la explotación del yacimiento Bajo la Alumbrera, en Catamarca. La decisión quedó formalizada a través del DNU 2/2026 y marca un cambio de fondo en la política minera, al dejar en manos provinciales la gobernanza del activo y la gestión de los pasivos ambientales.

La desvinculación se apoya en el acuerdo firmado el 15 de diciembre de 2025 entre la Nación y la provincia de Catamarca por el complejo Farallón Negro, donde se establecieron los términos de la salida definitiva del Estado nacional y un esquema de indemnidad ambiental a favor del Tesoro nacional. Desde ahora, el control de YMAD quedará exclusivamente en manos del gobierno provincial y de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).

YMAD fue creada en 1959 mediante la Ley 14.771 como una sociedad anónima con participación estatal y universitaria. Su directorio estuvo integrado históricamente por representantes de Catamarca, la UNT y la Nación, que designaba al presidente. La empresa posee la concesión legal del yacimiento Agua de Dionisio, en el departamento de Belén, y explotó también el área de Farallón Negro.



Desde 1997, YMAD participa además en la explotación de Bajo la Alumbrera a través de una Unión Transitoria de Empresas con Minera Alumbrera. En ese esquema, la compañía percibía el 20% de las utilidades, mientras que el control operativo quedó en manos del consorcio privado integrado por Glencore (50%), Goldcorp (37,5%) y Yamana Gold (12,5%).

La explotación a cielo abierto de Bajo la Alumbrera se detuvo en 2018, tras una sentencia judicial que ordenó el cese de actividades y la recomposición integral del daño ambiental, luego de derrames registrados en 2004 que afectaron cursos de agua de la región.

El retiro del Estado nacional se produce en paralelo a una nueva etapa de expectativas para el complejo minero. Glencore impulsa la reactivación del área en el marco de los proyectos MARA (Agua Rica, en Catamarca) y El Pachón (San Juan), ambos enfocados en cobre, oro y molibdeno y actualmente en trámite para ingresar al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). En conjunto, las iniciativas contemplan inversiones computables estimadas en U$S 13.300 millones.



Exportación de cobre
El retiro del Estado nacional se produce en paralelo a una nueva etapa de expectativas para el complejo minero.

De concretarse estos desarrollos, se proyecta que Bajo la Alumbrera podría alcanzar una producción anual de unas 75.000 toneladas de cobre, lejos de los picos de comienzos de los 2000, cuando llegó a producir más de 200.000 toneladas y empleaba a cerca de 2.000 trabajadores.

La decisión oficial abre, sin embargo, un debate de fondo. Por un lado, el Gobierno nacional argumenta que su salida responde al cumplimiento de los objetivos originales de su participación en YMAD y a la necesidad de evitar nuevos compromisos financieros que afecten el equilibrio fiscal. Por otro, implica resignar ingresos futuros y reducir su capacidad de incidencia directa en la gobernanza de uno de los principales complejos cupríferos del país.



A partir de ahora, Catamarca asume el control pleno de la empresa y de la explotación minera, así como la responsabilidad total sobre los planes de cierre y remediación ambiental. Este punto cobra especial relevancia a la luz de fallos recientes de la Corte Suprema que refuerzan la responsabilidad de las autoridades locales en materia ambiental.

En tanto, la Universidad Nacional de Tucumán continuará percibiendo ingresos derivados de YMAD, en un contexto atravesado por antecedentes judiciales que involucraron a exdirectivos de la empresa. El desafío, hacia adelante, será garantizar que esos recursos se orienten de manera transparente al financiamiento de actividades académicas y científicas.

Con la salida de la Nación, YMAD ingresa en una nueva etapa. Menos presencia estatal directa, mayor protagonismo provincial y un escenario de grandes inversiones privadas en espera, que redefinirán el futuro de la minería del cobre en el noroeste argentino.



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