Crónica de una quita de subsidios anunciada
El Gobierno puso en marcha un "período de transición" que establece un nuevo régimen de tarifas. Se apunta a un esquema de subsidios focalizados y se trasladará de forma gradual, del 1° de junio al 30 de noviembre, los costos reales de las boletas de gas y luz para los usuarios de ingresos medios y bajos.
De esta manera el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) deja de insistir con la tan mentada Canasta Básica Energética y se concentra en recortar subsidios sobre la base del esquema de segmentación ya vigente, dejando sin efecto los topes de aumento que tomaban como referencia la evolución de los salarios.
Así quedó plasmado tras la reglamentación del Decreto 465/2024 que establece una reestructuración del régimen de subsidios a la energía, y señala que el período de transición hacia los "subsidios energéticos focalizados" se extenderá desde el 1° de junio hasta el 30 de noviembre, con la posibilidad de ser prorrogado luego por otros seis meses.
Uno de los aspectos más importantes del nuevo decreto es el artículo 3 que deja sin efecto el tope anual de aumento equivalente al 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior para los usuarios de ingresos bajos (Nivel 2) y de 60% para los usuarios de ingresos medios (Nivel 3). El límite había sido incluido en el decreto 332/2022 con el que el gobierno de Alberto Fernández puso en marcha el régimen de segmentación.
La Canasta Básica Energética (CBE), que iba a regir en abril, ahora ya se habla del 2025. "Es la crónica de una muerte anunciada porque la CBE no andaba ni para atrás ni para adelante por inconsistencias en la información disponible y porque se requiere algunas bases de datos de que están sujetas secreto fiscal y personal así que esto era un fracaso a todas luces y no daban ni pie ni con bola aparte todo muy difícil de controlar. El problema vendrá después en cómo controlar esto", explicó un ex funcionario.
Entre los artículos más relevantes del decreto, surge que "resulta conveniente iniciar la transición hacia un esquema de subsidios focalizados, representativos de un modelo basado en la autosuficiencia económica-financiera del sector energético, las exportaciones de gas y petróleo, la libre interacción entre oferta y demanda, y un marco de incentivos a la inversión privada en infraestructura".
La medida apunta a trasladar a los usuarios los costos reales de la energía; promover la eficiencia energética; y asegurar a los usuarios residenciales vulnerables, el acceso al consumo indispensable de energía eléctrica, gas por redes y gas envasado.
Pablo Besmedrisnik, director de VDC Consultora aportó su mirada sobre el tema. "Los precios de los servicios regulados y específicamente los energéticos vienen recuperando terreno durante los últimos meses, pero están más rezagados desde una visión de mediano plazo. En el último semestre los precios de los servicios de la vivienda crecieron un 140%, frente a un 107% de la canasta total de las familias. Eso indica que se inició un proceso de reacomodamiento de precios relativos a una velocidad razonable. Sin embargo, si uno analiza cinco años hacia atrás la brecha de precios de los servicios de una vivienda familiar (energía y otros) es aún muy abultada: 1.613% de incremento de los servicios frente a 2.637% de la canasta total", explicó.
Según el economista, "esta brecha genera incentivos equivocados en los consumidores y un costo fiscal injustificable. Si bien va camino a desaparecer, el Gobierno parece estar procurando encontrar un equilibrio entre por un lado el ajuste de esta brecha y, por el otro, la necesidad de evitar que la inflación repunte y genere mayor tensión en la ecuación de las familias".
Y amplió: "El Gobierno y las empresas disponen y van en camino de usar con más fluidez herramientas informáticas para focalizar los subsidios de manera muy específica en la demanda, eludiendo el camino más ineficiente y menos equitativo de hacerlo masivamente por el lado de la oferta".
- No obstante, fuentes del sector privado afirmaron: "Lamentablemente se perdió tiempo en querer implementar un sistema demasiado complejo como la CBE y sin antecedentes. Ahora se intenta corregir, pero en medio del pico de consumo. Habrá que esperar las resoluciones que implementen, sus tiempos y alcances".
Según informaron desde el Gobierno, hasta que entre en vigencia el nuevo régimen, se otorgó a Energía una serie de facultades para "establecer las correcciones y adecuaciones que correspondan al régimen de segmentación oportunamente establecido por el Decreto N° 332/22, con el objetivo de realizar una transición gradual, ordenada y previsible en el proceso de redeterminación de los subsidios a la energía".
Entre las facultades principales se destacan: establecer topes a los volúmenes de consumo subsidiados en todas las categorías y segmentos residenciales, tanto para electricidad como para gas; aplicar a los usuarios de las categorías denominadas Nivel 2 y Nivel 3 del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) descuentos sobre el componente Energía que se traslada a las tarifas finales correspondientes a la categoría residencial; y revisar periódicamente los volúmenes de consumo máximo a subsidiar, así como los montos o porcentajes de los descuentos sobre el componente Energía, teniendo en cuenta la adquisición progresiva de hábitos de consumo eficiente por parte de los usuarios.
También se agregan otras atribuciones, tales como calibrar las diferentes variables que se requerirán para la implementación del régimen de subsidios focalizados de Canasta Básica Energética (CBE), y realizar las pruebas y verificaciones pertinentes en función de la evaluación de los resultados observados durante el período de transición y determinar los mecanismos de compensación de los menores ingresos de las licenciatarias o concesionarias de servicios de distribución por aplicación de las bonificaciones establecidas durante la vigencia del nuevo esquema.