Weiss: “Necesitamos un mayor impulso a la obra privada grande en 2022”
Por Agustín Maza
La actividad de la construcción es uno de los sectores que lideró en 2021 la recuperación y opera incluso sobre los niveles de 2019. Como todos los sectores de la economía, todavía enfrenta desafíos de cara a un 2022 que se puede calificar, por lo menos, de impredecible.
En diálogo con El Economista, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, ponderó el buen momento que vive el sector y consideró que para darle un mayor impulso el año que viene será vital la evolución de la obra privada grande.
El empresario comenzó su nuevo mandato en la entidad, luego de haber estado a cargo entre 2013 y 2016. Weiss detalló que están a la espera de dos proyectos de ley que estaban atados al proyecto de Presupuesto 2022 que finalmente fue rechazado en Diputados: la prórroga del blanqueo y créditos hipotecarios atados al salario.
¿Cómo evalúa el proceso de recuperación que vive su sector?
La construcción ha crecido muchísimo, cerca del 47%. Somos una industria que cuando la economía cae nosotros caemos tres o cuatro veces más y viceversa. Hay tres rubros en los que se podría dividir nuestro sector para explicar la dinámica de 2021: la obra pública está traccionando mucho con la reanudación de obras que estaban parados y se está pagando estrictamente en término; la obra privada grande, empresas y grandes proyectos inmobiliarios, está mucho más tranquila porque va de la mano con la actividad general y está muy demandada la construcción y refacción de viviendas unifamiliares.
En cuanto a ese último segmento, ¿cuáles fueron los drives que traccionaron el repunte?
La pandemia ayudó mucho porque la gente empezó a quedarse más en sus casas y acondicionó los ambientes para estar más cómodos o por mejoras estéticas. A eso se sumó la brecha cambiaria que incentiva a ahorrar en ladrillos o invertir en algo que no va a perder su valor en el largo plazo.
El proyecto de Presupuesto 2022 contenía leyes que se venían trabajando entre el Gobierno y las empresas, ¿cuáles eran y se podrían retomar en el corto plazo?
Nosotros teníamos muchas expectativas sobre dos leyes que estaban incluídas en el Presupuesto. La primera era la prórroga del blanqueo que hubo en 2020 porque entre que se sancionó y se reglamentó pasó demasiado tiempo para poder ingresar en el plazo con la alícuota más baja que era del 5%. Creemos que contamos con el acuerdo del oficialismo y la oposición para implementarlo con el objetivo de fomentar la construcción privada. El otro proyecto era uno de créditos hipotecarios atados a la variación salarial. Consideramos que eso le va a dar mayor previsibilidad a los tomadores porque va a demandar pagos en línea con la evolución de los ingresos. Caído el Presupuesto 2022, aspiramos a que se sancionen en el Congreso de forma independiente lo más rápido posible.
Teniendo en cuenta de que se incrementaban al 2,4% del PIB los recursos dedicados a infraestructura, ¿le preocupa que se haya caído la ley de leyes?
Claro que nos preocupa porque el Presupuesto le da una previsibilidad mucho más importante que la prórroga del vigente. De cualquier forma, el jefe de Gabinete tiene la potestad para darle más recursos a las obras y parece dispuesto en avanzar en ese sentido. Consideramos que así se va a mantener o posiblemente incrementar el porcentaje de inversión en infraestructura en relación al PIB.
¿Cuáles serán los desafíos para el año próximo?
Vemos a un Gobierno con una impronta muy fuerte de continuar incentivando la obra pública, ese impulso va a estar. La obra privada grande va a depender de lo que suceda con la economía el año que viene y será el principal desafío para darle un impulso sustantivo al sector: la inversión tiene un alto componente de expectativas, por lo que será fundamental cómo perciba el futuro el mercado. En cuanto a lo más pequeño, la brecha cambiaria y el cepo se van a mantener por lo que creo seguirá habiendo una demanda importante.
¿Qué preocupaciones le llegan por parte de los empresarios?
Las preocupaciones generales de todos es que se normalicen las variables económicas lo antes posible. Lo más importante en este sentido es llegar a un buen acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que genere una estabilidad consecuente con un proceso de crecimiento económico. Idealmente no tendría que haber cepo cambiario, sabemos que es difícil; que hay que bajar la inflación, que no es para nada sencillo; que el déficit es infinanciable, hay que bajarlo. En la medida que estos aspectos se corrijan la economía va a funcionar mejor. Caso contrario, seguiremos con problemas. Siempre hay que estar atentos a la pandemia, que no depende de nadie en realidad pero que puede causar mucho daño.
¿Cómo cierra el año en cuanto al empleo de la industria de la construcción y qué sucederá con los programas para empalmar planes sociales a puestos de trabajo registrados?
Nosotros tenemos un crecimiento interanual del 26% en el empleo, alcanzando los 385.000 puestos de trabajo y superamos lo perdido en la pandemia. Estamos atrás del techo pero en un proceso sostenido que se va a mantener en los próximos meses. Se está trabajando en el traspaso de beneficiarios sociales a empleo registrado en el sector con beneficios para quienes tomen a esos trabajadores. Es un proceso que va a llevar tiempo, recién se están calificando las primeras 4.000 personas y confiamos en que muchos de ellos puedan retomar la senda del empleo de calidad en el mediano plazo.
¿Le preocupan los aumentos de precios en el rubro materiales, que promedian el 60% en el último año?
Los aumentos que se dan en el sector están atados a dos factores. El primero tiene que ver con la inflación estructural que hay en Argentina, eso afecta a todos los sectores de la economía. En el caso de los materiales, al haber mucha demanda hay un aumento de precios debido a que falta oferta. Esa dinámica está asociada a que muchas fábricas recién ahora están recomponiendo stocks luego del golpe de la pandemia.
¿Se implementó el programa de Precios Cuidados para materiales?
Ese programa no llegó a cristalizarse nunca, no se aplicó a gran escala. Existe en algunos corralones, pero no es representativo. Hay que tener en cuenta que es muy difícil para el Gobierno nacional controlar lo que sucede en todos los corralones del país. Si hay acuerdos informales con grandes empresas productoras, pero no mucho más que eso.