Se acordó un salario mínimo de $8.060
El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunió ayer en la Casa Rosada y convalidó la suba del salario mínimo de $6.060 a $8.060 en tres tramos, por lo que se cobrará completo recién en enero de 2017. Por otro lado, se dispuso un salto del subsidio de desempleo de los actuales $400 a $3.000. Las dos CTA votaron en contra por considerar insuficiente la oferta, pero la aprobación unánime del resto de los sectores consolidó el aumento de 33% para el mínimo.
Pasados minutos de las 16 comenzó a sesionar el plenario tripartito, que debió ser mudado al Salón Norte de la Casa Rosada por la ocupación que realizaban los empleados del Ministerio de Trabajo en ese edificio en reclamo por los despidos. Por primera vez fueron invitadas todas las expresiones gremiales, es decir, las CGT de Hugo Moyano, Antonio Caló y Luis Barrionuevo y las CTA de Hugo Yasky y Pablo Micheli, junto a las principales cámaras de la industria, el comercio, la construcción, las finanzas y el agro.
Pasados minutos de las 16 comenzó a sesionar el plenario tripartito, que debió ser mudado al Salón Norte de la Casa Rosada por la ocupación que realizaban los empleados del Ministerio de Trabajo en ese edificio en reclamo por los despidos.
Los gremios fueron dispuestos a pedir un aumento del 40% para que, frente al ofrecimiento de 30% de recomposición que esperaban del Gobierno, se pudiera cerrar el acuerdo en un punto intermedio de 35%. La discusión fue breve y la mayoría de los sectores representados consintió la suba de 33%, lo que dejó un salario mínimo de $8.060. El aumento se concretará en tres tramos: $750 en junio, $750 en setiembre y $500 en enero.
Los dirigentes de la CTA fueron las voces disonantes del encuentro. Hugo Yasky (CTA de los Argentinos) y Pablo Micheli (CTA Autónoma) votaron en contra del acuerdo, pero, como dijo el propio Micheli, perdieron como en la guerra. Micheli alegó que el monto salarial va a quedar desactualizado en enero próximo, porque ?según dijo? todos los pronósticos indican que la inflación superará el 40%. No se puede fijar un salario mínimo para el año que viene en $8.000 pesos cuando la canasta es de $16.000. No se puede aumentar las tarifas de golpe y los salarios en cuotas, añadió.
En contraposición, el titular de la Cámara de la Mediana Empresa (CAME), Osvaldo Cornide, consideró que es un buen acuerdo porque tiene un piso aceptable y no es tan grave para los empresarios.
El salario mínimo alcanza a un universo pequeño de trabajadores, alrededor de 200.000 que no están regidos por convenios colectivos de trabajo. De todos modos, su ajuste anual tiene peso porque es tomado como referencia en eventuales negociaciones de trabajadores informales, así como entre monotributistas y cuentapropistas.
Por primera vez en una década se dispuso también la actualización del subsidio por desempleo, estable en $400 desde 2006, que pasó a $3.000 (una suba de 750%). Micheli valoró el aumento largamente retrasado como un avance, pero señaló que es insuficiente porque debería igualar el salario mínimo.
El gran ausente fue Hugo Moyano, que de todos modos envió a sus representantes. Entre ellos estuvo el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato. Antes de ingresar a la reunión, Piumato advirtió que el salario mínimo está muy lejos de lo que debe ser, aunque reconoció que la discusión partía de una base muy baja.
Según relataron los presentes, el presidente Mauricio Macri pasó unos minutos por el plenario a saludar, pero no participó de todo el debate.
Comisiones
La decimotercera reunión anual consecutiva del ámbito de discusión tripartito había comenzado varias horas antes, cuando se constituyeron en la sede central de la cartera laboral ?en Alem 650? las comisiones destinadas a analizar distintos aspectos laborales.
La Comisión de Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo contó con la participación del jefe de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Ernesto Leguizamón; el secretario general de la Unión Ferroviaria, Sergio Sasia; su par de UPCN, Andrés Rodríguez y, en representación de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja.
Rodríguez, fuertemente cuestionado por los empleados estatales por su tibia respuesta frente a los despidos masivos en el Estado, debió enfrentarse a su llegada a la cartera laboral con los trabajadores de esa dependencia, que desde ayer ocupaban el hall del Ministerio en reclamo por la reincorporación de 280 despedidos. Nos traicionaste a todos, le gritaron, en medio de cánticos de repudio a los que resistió inmutable.
La comisión de productividad, por su parte, centró su agenda en las temáticas de seguridad y salud en el trabajo, calidad de las condiciones laborales, adicciones en el mundo del trabajo, cambio tecnológico, problemática de la tercerización, relación entre impuestos y productividad y ausentismo. De allí surgieron los debates más candentes ya que se puso sobre la mesa la posibilidad de que se apliquen descuentos por los días huelga, lo que los causó el rechazo unánime del movimiento obrero.
El presidente Mauricio Macri pasó unos minutos por el plenario a saludar, pero no participó de todo el debate.
Esa comisión fue encabezada por el secretario nacional de Empleo, Ezequiel Sabor; el titular del gremio de obras sanitarias, José Luis Lingeri y sus pares Omar Plaini (canillitas) y Roberto Fernández (UTA). Por la UIA estuvieron Darío Hermida y Javier Balestra.
En la Comisión de Empleo, encabezada por el secretario de Empleo, Miguel Angel Ponte, se presentó el proyecto oficial de ley de primer empleo. Allí estuvieron también el dirigente del Movimiento de Acción Sindical Argentino (MASA) Raúl Quiñones; Ernesto Trigo, de la CTA de los Trabajadores; Carlos Echazarreta, de la Cámara de Comercio, y Brian Anthony, de ADEBA.
También se constituyó la Comisión de Formación Profesional, presidido por el subsecretario de Políticas de Empleo y Formación Profesional del Ministerio de Trabajo, Conrado Reinke.
Los medios no tuvieron acceso a la cobertura de ninguna de las actividades enmarcadas en el Consejo del Salario, y los periodistas debieron permanecer tanto en el Ministerio de Trabajo como la Casa Rosada, esperando a los asistentes en la puerta.