El texto legal aprobado por los senadores el pasado viernes 26 de febrero ha incorporado y derogado múltiples elementos a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y normativa laboral relacionada. A continuación, algunos de ellos:
Fondo de Asistencia Laboral: una alternativa a la indemnización tradicional
Uno de los más importantes es el llamado "Fondo de Asistencia Laboral" (FAL). Este mecanismo permite a los empleadores la posibilidad de optar por un régimen indemnizatorio alternativo al tradicional previsto en el artículo 245 de la ley de contrato de trabajo, que le otorgaba al trabajador un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses.
El nuevo régimen deberá implementarse mediante convenios colectivos de trabajo y se financiará con un aporte mensual del empleador, que oscilará entre el 1% y el 3% del salario, según se trate de grandes empresas o de pequeñas y medianas respectivamente. Ese fondo se utilizará para cubrir la indemnización correspondiente en casos de despido sin justa causa o cuando el vínculo laboral finalice por acuerdo entre las partes.
La iniciativa también abrió un debate jurídico. Algunos especialistas cuestionan si este mecanismo respeta lo establecido por la Constitución Nacional, que en su artículo 14 bis garantiza la "protección contra el despido arbitrario". Según esta postura, facilitar el costo del despido podría entrar en tensión con ese principio constitucional.
Quienes defienden la medida sostienen, en cambio, que una mayor flexibilidad laboral puede incentivar la inversión y la creación de empleo, al reducir el temor de los empleadores a enfrentar reclamos laborales costosos.
Siguiendo esta idea, la norma concluye que la percepción de tales sumas pone fin a la relación laboral y a cualquier reclamo que pudiera derivarse de ella (sueldos adeudados, vacaciones no gozadas o no abonadas, etc.)
Jornadas de hasta 12 horas y bancos de horas
Otro de los cambios más resonantes lo constituye la posibilidad de extender las jornadas laborales hasta un máximo de 12 horas diarias. La reforma introduce el llamado "banco de horas", un sistema que permite compensar el tiempo trabajado en exceso con francos o descansos posteriores.
La norma establece que deberá acordarse de forma voluntaria entre trabajador y empleador, mediante un acuerdo por escrito que establezca claramente cómo se aplicará el sistema. La normativa también fija un límite: deben respetarse al menos 12 horas de descanso entre una jornada y la siguiente.
La lógica detrás de este cambio apunta a reemplazar el pago tradicional de horas extras por esquemas de compensación con tiempo de descanso.
En la práctica, esto implica que si un trabajador supera su jornada habitual —por ejemplo, de 8 o 9 horas—, las horas adicionales podrían compensarse con un día libre u otro descanso equivalente, en lugar de abonarse como horas extras.
Cambios para trabajadores de plataformas virtuales
Una modificación particular fue la realizada sobre los trabajadores de mensajería a domicilio ("delivery") a través de plataformas virtuales.
Hasta ahora, en muchos casos la Justicia laboral consideraba a estos repartidores como "trabajadores en negro", lo que les permitía reclamar los derechos propios de una relación de dependencia, como indemnización por despido, aguinaldo, licencias por enfermedad o vacaciones.
La nueva norma cambia ese enfoque y excluye expresamente a estos trabajadores del régimen laboral tradicional. Esto implica que ya no estarán alcanzados por varias de las protecciones previstas para los empleados en relación de dependencia.
Sin embargo, la ley introduce algunos derechos específicos para este tipo de actividad. Entre ellos se destacan la cobertura mediante un seguro por accidentes y una mayor libertad para conectarse, desconectarse o permanecer inactivos dentro de las aplicaciones.
El objetivo de la medida, según sus impulsores, es brindarles protección ante las empresas y al mismo tiempo proteger a éstas de posibles reclamos laborales de sus contratados.
Reforma de tribunales y cambio en principios interpretativos
A estos cambios se suman otros que serán de suma importancia para el futuro del derecho laboral en nuestro país como la disolución de los tribunales del trabajo del fuero nacional.
Actualmente, esos juzgados intervienen en los conflictos laborales vinculados con trabajadores que prestan tareas o residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con la reforma, esa competencia pasará a manos de los tribunales propios de la Ciudad.
La modificación no es menor, teniendo en cuenta que el fuero nacional actual posee una postura más inclinada hacia el trabajador al interpretar la normativa laboral o resolver los casos, mientras que los tribunales de CABA suelen ser conocidos por una postura más favorable al empresario en sus fallos.
También se flexibilizan y se atenúan ciertos conceptos o recursos legales favorables a los trabajadores. Por ejemplo la "presunción de relación de dependencia" que hasta hoy en casos de fraude laboral, como trabajadores encubiertos bajo la figura de monotributistas, les permitían probar que en realidad se trataba de una relación laboral y recibir toda la protección legal en ese sentido.
Los argumentos a favor de los cambios estudiados en este artículo y los restantes de la reforma laboral se encuentran en promover la productividad, proteger a los empresarios permitiéndoles invertir en el país sin temor a litigios y reducir los costos laborales en general.
De todos modos, cualquier reforma aprobada por el Congreso de la Nación debe respetar los derechos y garantías establecidos en la Constitución. Por ello, serán finalmente los jueces quienes deberán analizar, caso por caso, si las nuevas disposiciones se ajustan al marco constitucional.
Dentro de estas modificaciones también aparece un cambio simbólico en los principios que orientan la interpretación del derecho laboral. Antes de la reforma, el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo establecía que, ante situaciones no previstas por la ley, los conflictos debían resolverse conforme a los principios de justicia social, el derecho del trabajo, la equidad y la buena fe.
La nueva normativa elimina la referencia a la justicia social como principio rector, un cambio que abre interrogantes sobre el futuro de la interpretación de las normas laborales.
Será cuestión de tiempo si la aplicación práctica de estas reformas permitirá evaluar si es posible sostener condiciones laborales dignas bajo este nuevo enfoque jurídico.
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