Otro revés judicial: Preska negó el pedido de Argentina y ordena entregar acciones de YPF. ¿Se viene el desacato?
La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, volvió a fallar en contra de la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de YPF. Rechazó sin condiciones el pedido del país para suspender la transferencia de acciones a Burford Capital, y criticó con dureza el comportamiento del Estado, al que acusó de usar tácticas dilatorias para eludir sus obligaciones tras el fallo de 2023.
Preska advirtió que la Argentina incumplió los requisitos que le permitieron obtener una suspensión anterior sin garantías, a pesar de haber recibido una prórroga por el cambio de gobierno. "No realizó ningún esfuerzo para satisfacer las condiciones impuestas", escribió.
- Según la magistrada, cualquier perjuicio alegado por el país sería consecuencia directa de su conducta.
Aunque la Argentina ya apeló la medida, el escenario de desacato queda abierto si los demandantes lo solicitan. El país podría enfrentar consecuencias más severas que en 2014, cuando el desacato no generó mayor impacto global debido al aislamiento financiero. Hoy la situación es distinta, y algunos especialistas, como Sebastián Maril, consideran que sería prudente iniciar negociaciones para mitigar riesgos sin que eso implique debilidad.
El fallo ratifica la entrega de acciones de YPF mientras sigue su curso la apelación por los US$ 16.000 millones, cuyo expediente avanza por un carril separado y aún sin fecha de audiencia en la Cámara. Según el abogado Sebastián Soler, la orden de Preska de entregar las acciones ya fue cuestionada incluso por el Departamento de Justicia de EE.UU., pero la jueza se niega a suspenderla hasta que se resuelva la apelación.
En simultáneo, Preska convocó a una audiencia clave para este martes 15 de julio, donde se analizará el pedido de los demandantes para acceder a información sobre organismos estatales como Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y el Banco Central, con miras a posibles embargos. El gobierno argentino, por su parte, se alista para insistir con su apelación ante el Segundo Circuito y, si es necesario, escalar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.