Por Silvia Tedin (*) y Ricardo Proganó (**)
Si hay algo que dejó muy claro el proceso del Covid-19 es la velocidad con la que se aceleraron los cambios en las tecnologías necesarias para mejorar la productividad, y sobre todo la comercialización y la logística de las distintas empresas que necesitan hacer cambios muy rápidamente para estar a la altura de las circunstancias del contexto de pandemia, donde la única opción es adaptarse
El Gobierno, tomando nota de esta situación, procedió a crear el “Programa Soluciona”, con el propósito de brindar asistencia financiera a las empresas, para así generar la reactivación económica del país mediante el desarrollo, la implementación y/o adopción de soluciones, productos y/o servicios innovadores generados por los sectores de la economía del conocimiento, con el fin de atender las problemáticas económicas, sociales y productivas que se generaron y/o evidenciaron a partir de la pandemia.
Esas empresas pertenecen a varios sectores que se dividen en distintos rubros. Uno de estos es el de “economía del conocimiento”, que se basa en el desarrollo o implementación a escala piloto y prototipo de soluciones tecnológicas e innovadoras que propicien la actividad industrial y reactivación económica. Entre ellos: software y servicios informáticos y digitales, biotecnología, nanotecnología, producción y post producción audiovisual, e industria aeroespacial
Otro sector es el conocido como “tradicional”, referido a la modificación de procesos productivos que impliquen esfuerzos relevantes de desarrollo tecnológico e ingeniería. También incluye la implementación de nuevos procesos de producción que requieran realizar habilitación de planta y/o registro de producto.
Esta actividad además necesita de la incorporación de tecnologías innovadoras que permitan mejorar la comercialización y/o optimizar los modelos de negocios, de forma de adecuarlos a las nuevas realidades generadas por la pandemia.
Vale aclarar que los destinos específicos de la asistencia del “Programa Soluciona” comprenden activos fijos, como maquinarias, equipos, mobiliarios, y obras civiles edilicias. Asimismo, el monto afectado, bajo el concepto “obras civiles edilicias” no podrá superar el 10% de los Aportes No Reembolsables (ARN).
Por otro lado, se incluyen activos intangibles (patentes, licencias y marcas) y capital de trabajo (insumos, materia prima, mano de obra mercerizada, y servicios profesionales de asesoramiento técnico). El monto afectado bajo el concepto de “Servicios Profesionales” no podrá superar el 35% del ANR.
Soluciona además abarca gastos de certificaciones y habilitaciones, capacitación y reentrenamiento de recursos humanos relacionados con las actividades del proyecto.
Mientras que el ANR no podrá ser destinado a solventar ninguno de los siguientes conceptos: compra y/o alquiler de inmuebles, adquisición de rodados, pago de obligaciones salariales, previsionales, financieras o impositivas y pago de servicios públicos, como impuestos, tasas y contribuciones.
El ARN no contempla erogaciones destinadas al pago de obligaciones sociales, ni aquellas que importen la participación, directa o indirecta, en el capital social de una sociedad distinta, Tampoco incluye la reestructuración de deudas, el pago de inversiones realizadas con anterioridad a la notificación de selección del proyecto, ni la participación en ferias, diseños y armados de stands.
Además, los proyectos que se presenten deberán tener como principio rector que propicien la actividad industrial y la reactivación económica pospandemia. Es decir, dentro de la tan nombrada “nueva normalidad”, la modificación de sus procesos productivos a través de esfuerzos relevantes de desarrollo tecnológico e ingeniería, o que implementen procesos nuevos, tecnologías innovadoras que apunten a mejorar la comercialización, o apalancar esos nuevos modelos de negocios que nos va dejar esta crisis del covid-19.
Un punto a destacar es que la asistencia financiera mencionada se canalizará solo hacia personas jurídicas a través del otorgamiento de ANRs por hasta $ 15 millones por proyecto. Cada solicitante puede presentar un único proyecto y los bienes a adquirir pueden ser de origen nacional y/o extranjero.
La Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del citado Ministerio fue designada como Autoridad de Aplicación del Programa. Mientras que la presentación de los proyectos se realiza mediante la plataforma TAD.
Dadas las condiciones mencionadas, y teniendo en cuenta que las empresas recibirán dinero que no deberán devolver, esta iniciativa invita a repensar los proyectos en cartera y las necesidades actuales y futuras, donde es momento, sin lugar a duda, de hacer los deberes y madurar el proyecto a presentar en esta oportunidad única para la empresa, cuyo vencimiento para presentarse será hasta el 3 de noviembre.
(*) Socia a cargo de Misión Pyme SMS (**) Director de Finanzas Corporativas de SMS
