La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) envió una nota al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a presidentes de bloques y comisiones manifestándoles su preocupación por el proyecto de Ley de los Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión Integral de Envases y Reciclado Inclusivo, conocida como "Ley de Envases" o, como busca instalar la oposición, “Impuesto a los Envases”.
La norma, dicen desde CAC, geneará un “incremento de costos” y, eso, un "consecuente perjuicio para empresas y consumidores”, detalla la nota sobre algunas de las dificultades que traería aparejadas para el comerciante, particularmente desafortunadas en el contexto actual, signado aún por las negativas consecuencias de la pandemia y las dificultades macroeconómicas.
Asimismo, y considerando que el texto “parece indicar que las pymes podrían ser excluidas de estas obligaciones en función de la factibilidad física y económica”, la CAC solicita que se asegure a estas empresas “la máxima reducción de costos que les facilite superar los problemas derivados de la pandemia.
Considerando la ya muy elevada carga que soportan las empresas argentinas, su incremento luce desaconsejable.
En ese sentido, la Entidad puso la lupa sobre la Tasa Ambiental de Responsabilidad Extendida del Productor (TAREP) que se crearía con la ley, que incrementaría los costos fijos para las firmas. Vale aclarar también que, si bien el texto menciona que habrá empresas exentas, como aquellas que implementen un sistema de depósito, devolución, retorno y reutilización debidamente aprobado por la autoridad de aplicación, no se dan mayores detalles de los parámetros de excepción.
“Además de ello, tal infraestructura y logística requiere inversiones y costos derivados significativos”, aclara la CAC en la nota en la que también señala la falta de posibilidad de elección de alternativas de sistemas de reciclado, y el escaso porcentaje de la tasa que se destinará a capacitación sobre la temática y asistencia.
Por último, la cámara califica como “excesivamente severas” las sanciones e infracciones para aquellas firmas que no cumplan con la norma. “Ello, en un contexto económico delicado, existente desde hace varios años, y agravado con la pandemia por covid-19, resulta negativo, desalentando la inversión y la generación de puestos de trabajo con el sector privado como principal impulsor. Además, no se definen de forma expresa en qué casos concretos se aplica cada sanción, sino que queda librado a la posterior reglamentación y decisión de la autoridad de aplicación”, agrega.
