Inconsistencias peligrosas

por Héctor Rubini (*)

Se acerca el segundo semestre y no se ven indicios de fuerte baja de la inflación ni de una avalancha de inversiones del exterior. Esto empieza a generar dudas sobre la deseada mejora de la economía para el próximo semestre. En el mediano y largo plazos, es claro que no sólo cuenta la emisión monetaria y los números fiscales, sino también la inestabilidad de precios relativos y de la demanda de pesos y de sus sustitutos (dólares y otros activos financieros).

El aumento de tarifas apuntó a reducir subsidios estatales a distribuidoras de electricidad, gas y agua. El impacto negativo sobre el ingreso disponible hubiera podido compensarse con cierta reactivación, alentada por la mejora del tipo de cambio real de diciembre pasado. Esto, más una suba de la recaudación, podría sostenerse con una desaceleración del crecimiento de la oferta monetaria, y posterior descenso de las tasas de interés y de inflación. El Gobierno, además, arrancó muy bien: la devaluación de diciembre no se trasladó plenamente a precios, y los anuncios de inversiones parecían moderar inicialmente las demandas sectoriales. Quizá fue eso lo que alentó en enero el anuncio de metas fiscales y de inflación, cuando la información estadística oficial para esas proyecciones era incompleta o no confiable.

Pero? La realidad mostró una serie de aumentos de tarifas públicas, combustibles, costos de transporte, y precios de otros servicios que se suceden sin final previsible. En enero y febrero se observó la suba de servicios de varias empresas provinciales, además de subas de impuestos y tasas municipales, y suba de precios de combustibles. En marzo las tarifas eléctricas, en abril las de gas, más transporte de pasajeros, y para mayo un nuevo round para las tarifas eléctricas. Junio cerrará el semestre con subas en el costo de medicina prepaga y de televisión por cable.

Aun con un decreciente aumento de la base monetaria, la inflación se aceleró y nadie espera una drástica caída de la inflación. La meta oficial de inflación de 25% para 2016 se percibe como alcanzada o quizá superada en apenas cinco meses. A su vez, las convenciones colectivas de trabajo van cerrando con subas salariales de no menos de 35% para este año, aunque son cada vez más los acuerdos por plazos trimestrales o cuatrimestrales, de modo que la suba de salarios nominales tiende a aproximarse al 40% más que al 25%.

Sin embargo, al igual que los jubilados, los trabajadores sindicalizados empezaron a percibir sus ajustes en el salario de bolsillo después de ver erosionado su ingreso real por la inflación de los primeros 3-4 meses. Por consiguiente, la demanda real tiende a enfriarse y el debilitamiento de la actividad y las ventas no se logra revertir. La recesión de Brasil, además, impactó de pleno en la industria local. Por ahora sólo se mantiene a flote el agro pampeano.

En lo que va del año la inflación viene destruyendo la mejora del tipo de cambio real de diciembre pasado, y su impacto en las cuentas públicas ha sido dual: permitió, en el primer cuatrimestre, sostener nuevos aumentos de la recaudación tributaria, pero forzó a aumentar el gasto público ante demandas de varios frentes.

En los primeros cuatro meses las transferencias al sector privado (30,1% del gasto corriente) aumentaron 16 % interanual, magnitud que va a crecer por los amparos judiciales para revertir buena parte del “tarifazo” en cuotas. El “efecto pobreza” es ineludible y forzará a ampliar el gasto en distribución de alimentos y quizá otros bienes a los sectores de más bajos ingresos. A su vez, en el primer cuatrimestre el gasto en prestaciones de la seguridad social (44,8% del gasto corriente) creció 40% interanual, mientras que el tercer ítem más relevante, el gasto en consumo y operación del sector público (20,4% del gasto corriente), aumentó 23,3%. Sobre ese subtotal el gasto en personal es nada menos que el 78,9%. No sólo no ha habido una racionalización de personal como se esperaba en diciembre pasado, sino que el plantel de contratados parecería seguir creciendo como en los años de mayor jolgorio fiscal del Gobierno anterior.

Las autoridades han tratado de calmar expectativas y cierto “efecto encono” con la decisión de cancelar la deuda por reajustes de jubilaciones y financiar su pago con el ingreso de fondos gracias al blanqueo de capitales. Pero es apostar a una fuente de ingresos incierta para cancelar un desembolso nada incierto. Cuesta pensar en un futuro régimen de Metas de Inflación si el Fisco terminara requiriendo asistencia del BCRA vía emisión monetaria. El 2017 puede, entonces, complicarse, con presiones inflacionarias cuyo control en el corto plazo podría exceder a la autoridad monetaria.

Por otro lado, el comportamiento fiscal del primer cuatrimestre parecería indicar el abandono de la aparente intención de desviar demanda agregada de consumo a inversión productiva. Las transferencias a las provincias ya lo reflejan: en el primer cuatrimestre las transferencias corrientes aumentaron 30,1%, y las de capital cayeron 12,1%. ¿Qué se puede esperar entonces para 2017 que será un año electoral, y además crucial para el futuro del Gobierno?

La batería

Las autoridades tratan de revertir la estanflación con varias medidas fiscales compensatorias: pago de sentencias y reajustes pendientes a jubilados, devolución de IVA por compras a sectores de más bajos ingresos por $300 (probablemente esa suma deba ser incrementada en breve), rebaja de impuestos a pymes, devolución a provincias de 15% de precoparticipación a razón de 3 puntos por año, y aceleración de pago a contratistas de obras públicas. No es claro, sin embargo, que sean coherentes con una reversión del desequilibrio fiscal heredado, ni con expectativas de menor inflación y reactivación económica sostenida.

Esto no disipa la actual incertidumbre de precios relativos y del futuro sendero de los números fiscales. Tampoco elimina cierta percepción de que el cambio de Gobierno significó en la macroeconomía el paso de un régimen de “parches” parciales a otro, y en ambos casos sin rumbo definido. No se trata de un problema de comunicación, sino de diseño de política macroeconómica y de restricciones políticas. En este contexto, haberse comprometido a metas taxativas, y apostar a anuncios de inversiones (hasta ahora inciertas) para el segundo semestre de 2016, equivale a una suerte de restricción para las autoridades.

Si no llegara a mejorar el estado de la economía y persiste el miedo a perder el empleo, se traducirá en la percepción de limitaciones del Gobierno para el manejo de la política económica. No es imposible que ello ocurra, pero si no se reactiva la economía real ni la demanda laboral, ni desciende la inflación al menos al 1,5% mensual, los futuros márgenes de maniobra y de negociación política del Gobierno pueden ser aun menores que los actuales.

(*) Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la USAL. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar