Impuesto al efectivo: ¿formalización o nuevo parche recaudatorio?

La propuesta de gravar con hasta 10% las extracciones de efectivo —planteada como sustituto del impuesto a los débitos y créditos— encendió una discusión pública intensa. El economista Emmanuel Álvarez Agis, ex viceministro de Economía de Axel Kicillof, la propuso y recibió el apoyo de exfuncionarios, entre ellos Matías Kulfas (ex ministro de Producción de Alberto Fernández). La polémica escaló cuando el presidente Javier Milei intervino en su cuenta de X en términos duros: más allá de las formas, el contenido de su mensaje recogió comprensibles apoyos entre quienes cuestionan la creación de nuevos gravámenes para nuestra economía.

Detrás del cruce, aparece el punto de fondo: penalizar el billete no ataca la raíz de la informalidad y puede perjudicar aún más a PyMEs y trabajadores que dependen de él.

Un "sustituto" que puede llegar a acumularse al que viene a reemplazar

La experiencia argentina muestra que los impuestos creados para "sustituir" a otros suelen acumularse. El impuesto a los débitos y créditos nació en 2001 como transitorio, en un contexto de gran emergencia económica y hoy aporta una porción importante de la recaudación. No está claro que un 10% a las extracciones compense lo que dejaría de ingresar por el impuesto llamado a ser sustituido; y, si no lo hiciera, podrían convivir ambos. El resultado sería una mayor presión, no necesariamente más formalidad.

Además, se pretende reemplazar un impuesto muy malo (en cascada, distorsivo) por otro con efectos potencialmente peores en una economía donde una porción muy elevada de la población opera en la informalidad. El saldo probable no es neutralidad, sino más costos de transacción, más desbancarización y menor inclusión financiera.

Un diseño con sesgo regresivo

Aun admitiendo el objetivo de formalizar (que debería partir de un sistema tributario medianamente razonable), un cargo del 10% sobre el retiro de efectivo tiene un sesgo claramente regresivo: pega más en hogares de bajos ingresos, trabajadores informales y PyMEs de baja bancarización que dependen del billete para gastos corrientes. De hecho, voces cercanas al propio espacio que impulsa la medida señalaron ese carácter regresivo: encarece el acceso al mismo dinero que la gente ya cobró y necesita usar.

El antecedente local: encarecer el efectivo no formalizó. Tampoco la bancarización forzada.

La Ley 27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva —impulsada por el gobierno de Alberto Fernández, del que Kulfas formó parte— encareció los retiros en efectivo con el impuesto sobre los débitos y créditos (con excepciones para MiPyMEs). La informalidad no cayó por eso. Sí aumentaron los costos de operar en blanco y los saldos a favor generados por percepciones y retenciones.

Pero no fue la primera vez que se ha intentado imponer la bancarización por ley. La Ley Antievasión (Ley 25.345) llegó a prohibir el uso de medios no bancarizados para pagos superiores a $1.000 (umbral de entonces), al punto de llegar a impedir el cómputo de esos gastos a efectos fiscales y hasta no reconocerles efectos civiles. El resultado fue conocido: más fricción y creatividad para eludir la traba, pero no un salto estructural de formalidad. 

La enseñanza es clara: mandatos rígidos sin una arquitectura tributaria razonable no cambian conductas; solo encarecen operar en regla.

Lo que funcionaba (y se desarmó)

Durante la administración Macri se había trazado un camino gradual para desactivar el impuesto al "cheque": permitir su cómputo creciente como pago a cuenta del Impuesto a las Ganancias (y otros), convirtiendo un tributo en cascada en anticipo de otro más neutral. 

Ese sendero se detuvo con el cambio de gobierno y el violento giro posterior: el gobierno kirchnerista que inició el 10 de diciembre de 2019 rompió todo tipo de límites tributarios a nivel federal, provincial y municipal, se multiplicaron impuestos, se dio vía libre a la creatividad fiscal y se perdió la oportunidad de retirar los gravámenes más distorsivos. No los escuchamos a Álvarez Agis ni a Kulfas quejarse por ese entonces frente al aquelarre tributario promovido desde un gobierno desbocado en el campo de las finanzas (y en muchos otros). Por eso, tampoco nos llama la atención que desde ese mismo espacio político se impulse nuevamente la creación de impuestos como una solución.

Lo que nunca parece discutirse en serio desde ese sector es la posibilidad de bajar el gasto público: la solución preferida por el mainstream cercano al kirchnerismo suele ser subir o crear impuestos. 

Pirañas fiscales: el corazón del problema

Más que una "cultura del billete", lo que expulsa al contribuyente es la presión tributaria altísima en combinación con el cobro por adelantado y en -premeditado- exceso:

• Percepciones y retenciones sobre cuentas, tarjetas y billeteras (SIRCREB, SIRTAC y análogos) que muerden antes del hecho imponible cierto.
• Débitos y créditos bancarios que se apilan.
• Créditos fiscales crónicos: capital de trabajo inmovilizado y difícil o imposible de recuperar.
• Costos de cumplimiento crecientes para PyMEs y profesionales.

La pandemia había abierto una increíble ventana de formalización con QR y billeteras digitales. El crecimiento en el uso de esas herramientas superó los sueños más húmedos de los administradores tributarios. Pero en lugar de premiarse esa trazabilidad, se sobrecargó a los contribuyentes con regímenes anticipados y se aumentó exponencialmente el saqueo silencioso de los fiscos de todas las jurisdicciones. Es más, la provincia de Buenos Aires acaba de incorporarse en el SIRCUPA, un club de jurisdicciones saqueadoras de aquellos contribuyentes que reciben dinero mediante billeteras virtuales. 

El incentivo racional quedó bastante claro luego: salirse del circuito o quedar en el borde.

Qué pasaría con un 10% al efectivo

• Es un impuesto regresivo por diseño: impactaría proporcionalmente más en ingresos bajos y en quienes dependen del efectivo para su canasta básica.
• Provocaría nuevos desincentivos a operar en blanco: empujaría a la desbancarización y al "pago por fuera".
• Se generaría una nueva brecha (resulta extraña la devoción del kirchnerismo por las brechas): al encarecer la extracción, surgiría un diferencial entre operar dentro del sistema (más caro) y fuera del sistema (más barato), con arbitrajes predecibles (tercerización de retiros, informalización de viáticos, migración a canales no trazables).
• Resultaría operativamente complejo: obligaría a bancos y comercios en los que se permita el retiro de efectivo a identificar, calcular y retener el cargo en tiempo real; exigiría homologar sistemas, definir exenciones (MiPyMEs, sector público, programas sociales, sueldos), tratar cajas de ahorro/cuentas sueldo, administrar disputas y reembolsos, y lidiar con caídas de red. En zonas con POS/QR intermitente, se volvería una fricción cotidiana.
• Riesgo de acumulación: si no llegase a compensar la caída de recaudación por la gradual eliminación del impuesto "al cheque", se terminaría sumando a éste (y a las retenciones/percepciones), profundizando el problema. 

Agenda pro-formalización (sin peajes al cajero)

Si la meta es formalizar, el orden es clave: primero, se quitan distorsiones y se apagan las pirañas; después, se exige más trazabilidad.

1. Restituir el sendero de pago a cuenta del impuesto a los débitos y créditos (meta: 100%) con cronograma verificable.
2. Desmontar cuanto antes los sistemas de percepciones/retenciones anticipadas (SIRCREB, SIRTAC, SIRCUPA, pero también deberían desactivarse los nacionales) y automatizar la devolución en tiempo real de saldos a favor.
3. Cláusula de no proliferación tributaria: prohibir por un período definido la creación de nuevos impuestos transaccionales; la transición fiscal debe financiarse con orden y eficiencia del gasto, no con más parches.
4. Premios explícitos a la bancarización: reintegros/créditos fiscales para uso de medios formales; comisiones reducidas en zonas de baja bancarización.
5. Coordinación federal: armonizar Nación-Provincias-Municipios para reemplazar impuestos en cascada por esquemas más neutrales, con fondos de transición que no rompan la caja subnacional.

Conclusión

Más control y castigo al dinero en efectivo no es sinónimo de una mayor formalidad cuando la arquitectura tributaria espanta a todo aquel que desea cumplir. Por ello, gravar las extracciones con un 10% no construye una mayor bancarización: la encarece y ensancha la brecha entre operar dentro y fuera del sistema.  

Si el objetivo es una economía visible y productiva, el camino es ordenar el gasto, remover las pirañas y simplificar. Todo lo demás es otro parche. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar