El ordenamiento fiscal y la necesidad de poner los puntos sobre las íes

A diferencia de hace unos años, existe un consenso creciente de que hay que reducir el déficit fiscal. 

Ahora bien, no solo no existe consenso sobre cómo hacerlo, sino que incluso muchos políticos y/o economistas hacen agua al respecto. Intentaré, sin grandes artilugios ni sacando conejos de la galera que traen un beneficio hoy a costas de mañana, dar algo de luz en este debate teniendo en cuenta las naturales restricciones de la política económica. 

Empecemos por lo primero. El déficit fiscal se define como la diferencia entre ingresos (sobre todo impuestos) y gastos (tanto corrientes -salarios, jubilaciones, subsidios económicos, programas sociales, entre otros- como de capital, como obra pública). 

En el período que va de 2004 a 2022, los ingresos del Sector Público Nacional aumentaron poco más de 2 puntos del PIB, mientras que el gasto total lo hizo en casi 9 puntos del PIB (casi duplicándose), resultando en un empeoramiento del déficit total de casi 7 puntos que se financió con mayor deuda e inflación. 

Esta dinámica es la que hay que revertir. Dicho esto, parece razonable pensar que la mayor parte del trabajo recaiga sobre el gasto público. 

Sobre el gasto público

En el período mencionado, el aumento del gasto público se concentró en la seguridad social, subsidios económicos y programas sociales. 

¿Esto implica que hay que hacerse de una "motosierra" y recortar el gasto como mencionan algunos candidatos a presidente? 

Parece demasiado simplista. Los excedentes en el gasto público nacional están atomizados en todas las partidas y esto no es más que una cara de la moneda. En la otra se encuentran los beneficiarios de estos (familias, empresas, sectores económicos, etc.), por lo cual se comprende las tensiones que existen cuando se tocan estos intereses.

Entonces, si es tan difícil ¿cómo se podría avanzar? En este frente, basta con cumplir dos grandes conceptos: i) no postergar decisiones difíciles pero razonables y ii) dejar de cometer "errores no forzados". 

En cuanto al primero, es imperioso continuar con la normalización de tarifas y la consecuente disminución de los subsidios energéticos y de transporte. No es tanta la reducción de los gastos lo que genera un incremento de tarifa en un año, aunque el hecho de no hacerlo y posponerlo genera una "bola de nieve" difícil de revertir (situación que supimos observar, por ejemplo, en 2016). 

A su vez, al ser un gasto que tiene un sesgo pro-rico (esto es, que el beneficio que otorga tiende a ser mayor cuanto más alto es el ingreso del beneficiario), estas partidas podrían seguir disminuyendo sin afectar el acceso a la luz, el gas y el transporte público de los sectores vulnerables.

En cuanto al segundo, los "errores no forzados" consisten en excesos de medidas expansivas que tienen un efecto permanente y hacen cada vez más rígido el gasto. Ejemplos sobran en todas las líneas del gasto: moratorias y regímenes previsionales especiales (como último antecedente está la reciente moratoria aprobada por el Congreso Nacional que agregó, en plena revisión del acuerdo con el FMI, un incremento de 0,5% del PIB para 2023 en adelante), programas sociales que se duplicaron, subsidios a zonas frías y cálidas, disparidades salariales para mismos escalafones dentro de la Administración y gastos indexados.

Más allá de su nivel, también es necesario avanzar en otras características del gasto. La economía argentina tiene que ir hacia un gasto más eficiente (que cada peso que se recaude vía impuestos esté bien gastado), que refleje las verdaderas prioridades de gobierno y que tenga un correlato con las responsabilidades del Estado Nacional. Pongamos algunos ejemplos: 

• Más eficiencia. Los programas sociales pasaron de representar 0,6% del PIB en 2015 a 1,8% del PIB en 2022 (+1,2 puntos). En este universo se encuentra un gasto atomizado en gran variedad de programas con duplicidad de objetivos. A su vez, la propia administración cuenta con herramientas de seguimiento para evaluar qué programas suelen cumplir sus metas físicas (por ejemplo, "X" cantidad de litros de leche fortificada entregados) y cuáles no. Gestionar un gasto más eficiente implica concentrar los esfuerzos fiscales en aquellos programas que no se solapen con otros y que tengan un alto cumplimiento de objetivos. 
• Mejores prioridades. Al segundo semestre del 2022 la pobreza en niños y niñas menores a 14 años fue del 54% para lo cual, hoy por hoy, a este sector de la población se destinan esfuerzos vía gasto público de alrededor de 2% del PIB. Ahora bien, el Estado Nacional destina casi 10% del PIB en adultos mayores mientras que la pobreza de este rango etario fue del 14% para el mismo período. Suena antipático decirlo, pero más allá de estabilizar la macroeconomía y bajar la inflación (dos cuestiones obligatorias para bajar la pobreza) queda claro que hay que reordenar las prioridades del gasto para darle prioridad a la primera infancia.
• Responsabilidades bien definidas. Mientras que a nivel nacional el sector público marcó en promedio un déficit primario de 3,3% del PIB en el periodo que va del 2015 al 2022, el consolidado de provincias marcó equilibrio primario, anotando el año pasado el mayor superávit desde 2004 (0,5% del PIB). No solo es necesario repensar la relación entre la Nación y las provincias, sino también los múltiples convenios existentes con las jurisdicciones que persisten en el tiempo.

Sobre los ingresos

Es cierto que la presión impositiva en Argentina es elevada por lo que existe consenso en no incrementarla (al menos a nivel total). Sin embargo, no es fácil proponer reducirla ya que, con este nivel de gasto, hacerlo implicaría que la problemática del déficit se exacerbe. Entonces, ¿no hacemos nada? No, no todo está resuelto. 

Los gastos tributarios, esto es, los ingresos que el fisco deja de percibir por decisiones políticas que apuntan a otorgar un tratamiento impositivo distinto al general a cierto sector de la economía, representan alrededor de 2,5% del PIB. Entre ellos se encuentran modificaciones a normas de impuestos (alícuotas reducidas, exenciones, deducciones especiales, entre otros) y regímenes especiales de promoción económica (como Tierra del Fuego que se estima representa alrededor de 0,35% del PIB). 

Para dimensionar, si se lleva al extremo y se pasan a cobrar todos estos impuestos, en el año 2022 se habría registrado equilibrio primario y un déficit financiero (incluyendo el pago de intereses de la deuda) de 1,7% del PIB. 

Por supuesto que esto no sería sensato, ya que existen exenciones que podrían no encontrar discusión (como la exención de IVA a las prestaciones médicas a obras sociales y PAMI), sin embargo, se podría revisar la prioridad de algunos en el contexto actual de "sabana corta", sobre todo cuando existen cuestiones todavía insólitas como la exención de ganancias al Poder Judicial Nacional y Provincial (0,2% del PIB). Esto se planteó en el Proyecto de Presupuesto 2023 aunque sin mucho éxito ya que el Congreso eligió mirar para otro costado. 

Ciertamente es muy bueno que exista consenso en que tener déficits fiscales persistentes no es saludable. Ahora bien, con eso no alcanza. Podemos seguir diciéndolo como muchos candidatos mencionan que lo harán eliminando la casta política, las empresas públicas y los "planes" sociales, corriendo el riesgo de que cuando asuman (si lo hacen) eso sea abstracto y para colmo insuficiente, o podemos empezar a poner los puntos sobre las íes en materia fiscal, a sabiendas de que estos puntos son muchos y nos tocan a todos. 

Como bien deja de enseñanza la comedia italiana "L'ora legale", una película que cuenta la historia de un pueblo siciliano que se encuentra en elecciones y vota en mayoría a un candidato que propone un cambio radical, pero que cuando se dan cuenta de que va en serio y quiere cumplir todas sus promesas de campaña, los ciudadanos se quejan de aquellas medidas que los afectan. 

Es así: nos cuesta mucho aceptar para uno mismo lo que le exigimos al resto. 

El problema es que, si no lo hacemos, la inflación y la deuda seguirán siendo parte de nuestra cotidianidad y no podremos revertir el deterioro económico y social que vivimos desde ya más de varias décadas.