Luego de dos jornadas completas de negociaciones, el Gobierno publicará, el miércoles a la mañana, una resolución en el Boletín Oficial con la que se pondrá en marcha el plan para retrotraer los precios de 1.432 productos de consumo masivo a los valores vigentes al 1° de octubre pasado y, luego, así congelarlos por 90 días.
Según detalló la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de la negociación con empresas productoras y comercializadoras, la lista acordada comprende “un diverso espectro de 1.432 artículos”, que incluye tanto primeras marcas como productos de pequeñas y medianas empresas.
Por otra parte, la resolución garantizará que en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la canasta contendrá necesariamente los siguientes rubros: almacén, limpieza e higiene y cuidado personal.
La decisión fue tomada en el marco de la ronda de negociaciones impulsada desde la semana pasada por el nuevo responsable de la Secretaría de Comercio Interior, Roberto Feletti, junto a los actores que integran la cadena de producción y comercialización de los diversos rubros que conforman la canasta anunciada.
En los encuentros mantenidos, los funcionarios del Gobierno subrayaron que el crecimiento económico proyectado para este año, sumado al aumento de la circulación producto del inicio de la pospandemia, el hecho de que el último trimestre es estacionalmente el de mayor consumo y el potencial de incremento que aún tiene la capacidad instalada en la industria, “conforman un conjunto de condiciones que habilitarán un aumento de las ventas”.
Desde Comercio Interior destacaron que la medida fue consensuada por un amplio porcentaje de los representantes de las empresas que participaron, “tanto productoras como comercializadoras”.
Críticas de la Copal
“En esa línea, el objetivo de la resolución es garantizar la competencia equitativa en todo el universo de las empresas que formaron parte del diálogo, evitando conceder privilegios al grupo minoritario que decidió oponerse al acuerdo”, dijeron en referencia a un comunicado que la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios de Argentina (Copal) publicó durante la tarde de hoy y antes de que se conociera la medida.
La entidad empresaria, que reúne a 35 cámaras sectoriales asociadas de la industria de alimentos y bebidas del país, ratificó su voluntad de colaboración y diálogo para llegar a un acuerdo de precios con el Gobierno. Sin embargo, aseguró que en la convocatoria que hizo la secretaría de Comercio Interior “no están garantizadas las condiciones para conciliar las posibilidades de los sectores frente al pedido de estabilización de precios”.
“Los acercamientos realizados hasta el momento reflejan la falta de voluntad por parte de las autoridades para realizar un acuerdo con el sector. Asimismo, se evidenció que, a pesar del esfuerzo realizado por las empresas en enviar sus propuestas de participación, las mismas no fueron tenidas en cuenta, así como tampoco fue considerado el pedido de generar un espacio de intercambio en lo inmediato, que permita clarificar las realidades y posibilidades de los distintos sectores y encontrar en conjunto un acuerdo sostenible”, dijo Copal en su comunicado.
A su vez, sostuvieron que, de acuerdo con datos del Indec, la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) no es quien tracciona mayoritariamente en la inflación general. “Muestra de ello es que el IPC de septiembre se incrementó 3,5%, mientras que el IPC de alimentos y bebidas lo hizo por debajo de esta cifra, alcanzando 2,9%. Lo mismo ocurre en el acumulado 2021, donde el IPC general alcanza un 37% mientras que el de alimentos y bebidas aumentó 36,6%”, detalló.
“El argumento de que la inflación se aceleró por los aumentos de la categoría de productos de alimentos y bebidas pierde sentido ya que existen otras divisiones cuyos precios crecen por encima del Índice IAB y del Índice General”, afirmó el titular de Copal y presidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja.
El dirigente expresó que “frente a la amenaza de la aplicación de la Ley de Abastecimiento y las manifestaciones sobre codicia, hay que reconocer que la industria no es la causa de la inflación sino que sufre sus consecuencias”.
“La realidad demuestra que las políticas de congelamiento de precios no logran resolver los desequilibrios macroeconómicos que dan origen a la inflación. Adicionalmente, resultan insostenibles ya que afectan el largo plazo para la continuidad productiva, dado que lleva a las empresas a producir a pérdida por no atender los innumerables aumentos de costos que viene afrontando el sector”, agregó el abogado.
“Estamos abiertos al diálogo, siempre hemos demostrado el esfuerzo para acompañar las iniciativas y programas planteados por el Gobierno en materia de precios, así como nuestro compromiso de abastecimiento de alimentos y bebidas a las familias argentinas”, concluyó Funes de Rioja.
Por su parte, Feletti se mostró satisfecho con el volumen de la canasta lograda y con el diálogo entablado con el sector empresario durante lo que fue su primera semana al frente de la dependencia.
Feletti criticó a "fracciones de la cúpula empresarial"
Sin embargo, el funcionario lamentó, en alusión a la Copal, que “en el complejo escenario que viene atravesando la sociedad argentina desde 2015 a la fecha, que se vio profundizado por la pandemia, haya fracciones de la cúpula empresarial que no sean conscientes de sus privilegios y se nieguen a adoptar una actitud colaborativa y contemplativa de la dura situación que vive hoy el pueblo argentino”.
