El empleo que se destruye y el que se recicla hacia abajo
El dato de empleo formal de abril se leyó, otra vez, como coyuntura atribuible a la estacionalidad. Conviene leerlo de otro modo. El Sistema Integrado Previsional Argentino registró 28.736 puestos menos en el mes —serie desestacionalizada—, la undécima caída consecutiva y el nivel más bajo en cuatro años; 127.893 empleos menos en el año (−2%) y 235.419 desde noviembre de 2023 (−3,7%). Pero el agregado esconde lo esencial: no importa cuánto empleo se pierde, sino dónde, y qué aparece en su lugar.
La geografía del dato cuenta la historia
La destrucción se concentra en seis rubros. La industria manufacturera perdió 51.514 puestos en el mes (−4,4%) y acumula 83.190 menos desde noviembre de 2023: uno de cada catorce empleos fabriles del país, borrado. La construcción lleva 60.646 menos (−13,8%); comercio, transporte, finanzas y minería completan el cuadro. En el otro extremo, las únicas tres provincias que crearon empleo en el año son Neuquén, Río Negro y San Juan: petróleo, gas y minería. Las que más cayeron: Tierra del Fuego (−11,1%), Chubut y Corrientes; en volumen, Buenos Aires (−39.652) y la Ciudad (−27.907).
Ese contraste no es ruido estadístico: es una economía cambiando de forma. Crecen las provincias del enclave extractivo; caen las de la manufactura y los servicios urbanos. Es la primarización ocurriendo en tiempo real. Marcelo Diamand describió a la Argentina como una estructura productiva desequilibrada: un sector primario competitivo a precios internacionales junto a una industria que necesita un tipo de cambio más alto para sobrevivir. Con un peso apreciado y las importaciones abiertas, el mecanismo no es neutral: premia al que ya era competitivo y liquida al que requería protección. El mapa del SIPA es el mapa de Diamand hecho estadística de empleo.
El espejismo del empleo que reaparece
Hay un segundo pliegue. Mientras el empleo asalariado privado se desploma —329.667 puestos menos desde noviembre de 2023—, el monotributo sumó 49.490 inscriptos en el año. No es creación de empleo: es, en buena medida, asalariados que pierden su relación de dependencia y se reinscriben como monotributistas para facturar la misma tarea con menos derechos. La estadística lo registra como un alta; la economía real, como precarización. Y como advirtió Kaldor, la productividad agregada crece con el empleo manufacturero, donde operan los rendimientos crecientes: la transición inversa, de la fábrica al monotributo, la destruye.
Por qué la estabilidad no alcanza
Esta semana la propia Unión Industrial lo dijo sin eufemismos: la estabilidad, por sí sola, no genera empleo. La estabilidad de precios es condición necesaria del desarrollo, nunca suficiente: se puede tener una inflación en descenso y una industria en terapia intensiva a la vez. La razón es estructural y remite a los eslabonamientos de Albert Hirschman: la manufactura genera empleo indirecto —proveedores, logística, servicios— que el enclave extractivo no reproduce. Destruir la industria para expandir la extracción mejora la balanza comercial y empeora el mercado de trabajo: es el patrón que Erik Reinert documentó en las economías especializadas en lo que no genera aprendizaje.
El eslabón que falta es el crédito. Con préstamos al sector privado en torno al 12% del producto y una industria que usa apenas el 60% de su capacidad instalada, el problema no son los costos laborales: falta demanda y falta financiamiento para invertir. Abaratar el despido o bajar impuestos a la inversión no mueve esa aguja, porque no ataca la restricción efectiva.
El reverso: qué sería intervenir en serio
Señalar el problema obliga a nombrar la salida, porque de lo contrario la crítica es estéril. Una política de desarrollo no se opone a la estabilidad: la usa como piso para hacer lo que la estabilidad sola no hace. Tres instrumentos, ninguno inédito, todos probados en las economías que sí se industrializaron. Primero, crédito dirigido: una banca de desarrollo que redescuente a tasa preferencial la inversión productiva y la incorporación de bienes de capital, porque con préstamos al sector privado en el 12% del producto el financiamiento no aparece solo. Es la lógica que Japón y Corea aplicaron durante décadas para orientar el ahorro hacia la producción. Segundo, incentivos con reciprocidad: los beneficios fiscales a la inversión no pueden ser un cheque en blanco por el monto gastado, sino una contraparte por desempeño verificable —empleo, exportaciones, integración local—, con retiro del beneficio si no se cumple. Un subsidio sin contrapartida es una transferencia; con contrapartida, es política industrial. Tercero, contenido nacional: cualquier régimen que promueva la inversión debe premiar el equipamiento producido en el país, o terminará financiando con recursos argentinos la capacidad instalada de los proveedores extranjeros y agravando por otra vía la restricción externa.
Nada de esto exige más gasto ni más emisión. Exige selectividad en lugar de horizontalidad: dejar de tratar todas las inversiones como equivalentes y empezar a discriminar a favor de las que generan empleo, aprendizaje y eslabonamientos. Es la diferencia entre administrar una economía y conducir un desarrollo.
El interrogante que dejan los datos de abril no es cuántos puestos más caerán el mes próximo. Es otro, y es de fondo: cuánto empleo industrial estamos dispuestos a perder antes de admitir que un modelo que recicla trabajo hacia abajo no es una etapa de transición, sino un destino elegido. Estabilizar no es desarrollar. Y un país sin fábricas no tiene un problema de coyuntura laboral: tiene un problema de proyecto.