En un fallo dado a conocer este martes, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, dejó sin efecto la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) que había ordenado iniciar la disolución y liquidación de Re/Max Argentina SRL.
Tras el dictado de la sentencia plenaria, Mariano García Malbrán, Director Ejecutivo de CAMESI consideró que “finalmente primó la cordura y la Justicia le puso un freno al avance de Cucicba y la IGJ contra todo el sector inmobiliario”.
La Cámara Argentina de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) que agrupa a empresas, profesionales y proveedores que brindan servicios al sector inmobiliario, había repudiado el accionar de la IGJ en septiembre del año 2020 a través de un comunicado: “rechazamos enfáticamente el contenido de la denuncia promovida por CUCICBA ante la Inspección General de Justicia (IGJ) por infundada, improcedente y sin el aporte de prueba alguna y confiamos en que la Justicia frenará este atropello que sentaría un antecedente muy grave y significaría un retroceso para todo el mercado inmobiliario argentino”.
Ahora y por decisión unánime de sus integrantes, la Cámara consideró que la IGJ actuó por fuera de las atribuciones que le permite la ley, admitiendo la ilegítima pretensión de Cucicba en su resolución.
Asimismo, el tribunal de apelación puso de manifiesto “una peculiar circunstancia” que surge de los antecedentes del trámite que la IGJ le otorgó en sede administrativa a la denuncia de Cucicba, que concluyera en el dictado de la polémica resolución. Se trata del dictamen preliminar emitido a inicios de marzo del 2020 por el Departamento de Denuncias y Fiscalización de Sociedades Comerciales de dicho organismo, alertando que no estaba dentro de las potestades de la IGJ intervenir en la actividad de este tipo de empresas.
- La acción en contra de Re/Max fue impulsada por el ex presidente del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCIBA), Armando Pepe.
“El fallo deja sentado que el Inspector General no se limitó a describir los hechos que sustentarían, en su modo de ver, los actos relativos a la actividad ilícita que se atribuyó, sino que como dice la sentencia, simple y derechamente avanzó sobre la legalidad de la actividad desplegada no sólo por la sociedad local sino, además, en relación a las sociedades constituidas en el extranjero sin siquiera oírlas para garantizar su derecho de defensa; ello así en materia que se halla reservada con exclusividad a la competencia de los jueces”, detalló Mariano García Malbrán.
De esta manera, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial echa por tierra con el reclamo infundado y la persecución que distintos colegios de profesionales están iniciando contra las empresas que prestan servicios accesorios a la actividad de los corredores inmobiliarios.
En ese sentido, el fallo tiene especial implicancia en la causa que actualmente se encuentra para sentencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que -en un criterio similar al adoptado por Armando Pepe, del CUCIBA- fue impulsada por los colegios de la Provincia de Buenos Aires, en contra de martilleros matriculados que utilizaron servicios accesorios de esta misma marca.
