La recaudación de impuestos nacionales viene en franco declive. Lleva 8 meses de caídas en términos reales y sus efectos los acusan la Nación y las provincias, que ven reducidos los giros automáticos todos los meses.
Las cuentas son difíciles de cerrar en algunos distritos y, por ese motivo, el Gobierno nacional decidió asistir a algunas provincias con la posibilidad de contar con un adelanto de fondos de hasta $400 millones.
Los mandatarios de Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán podrán hacer uso de estos préstamos, aunque luego deberán devolverlos con intereses.
En este escenario, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, trajo al centro del debate una deuda pendiente que existe en la Argentina: discutir una nueva Ley de Coparticipación Federal.
En el marco de la cumbre anual organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham, por su sigla en inglés), el mandatario aseguró que el esquema actual de reparto "no ha contribuido a un equilibrio regional".
"Con esta forma de distribuir recursos no hay incentivos para tener sector privado en algunas provincias", añadió y bregó por la eliminación de impuestos distorsivos en todos los niveles de Estado.
"Se necesita una reforma fiscal más profunda, integral, simplificando impuestos, eliminando a los distorsivos y reformulando la distribución de la recaudación con una mejor Ley de Coparticipación que genere incentivos para el sector privado", puntualizó.
Un poco de historia
Ahora bien, ¿qué es la Ley de Coparticipación y por qué entró en el debate sobre los impuestos? Es una norma que establece un reparto entre la Nación y las provincias de algunos ingresos que obtiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Esta ley fija una distribución primaria, que es la que se hace entre la Nación, por un lado, y el conjunto de provincias (más la Ciudad de Buenos Aires), por otro. Y otra secundaria, que es la que define cuánto del total de las provincias se gira a cada jurisdicción.
Además, hay que tener en cuenta que no todos los impuestos que recauda ARCA ingresan en la "bolsa". Por caso, los relacionados con el comercio exterior quedan afuera (son solo para la Nación) y otros que posean asignación específica (por ejemplo, el denominado impuesto al cheque, cuya recaudación se gira en su totalidad a la ANSES).
En líneas generales, se puede decir que los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado (IVA) -que entran en el reparto entre Nación y provincias, aunque existen algunas asignaciones específicas dentro de ellos- son los dos principales conceptos recaudatorios y coparticipables.
El problema radica en que la norma que define los porcentajes tanto de la distribución primaria como de la secundaria fue redactada (y con carácter transitorio) en 1988. Es decir, hace casi 40 años.
Y no sólo eso. En la reforma de la Constitución Nacional (realizada en 1994) se estableció un plazo de 2 años para redactar una nueva ley de reparto. Sin embargo, nunca se cumplió ese mandato.
Tampoco se cumplió lo que fijó el Consenso Fiscal firmado en el 2017, que tenía entre las obligaciones de los firmantes, la de "consensuar una nueva Ley de Coparticipación de impuestos".
¿Por qué es tan difícil?
Uno de los aspectos centrales en el debate, radica en el hecho de que el texto que defina los nuevos criterios de reparto tienen que recibir la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de cada Cámara.
El Economista conversó con Gustavo Carreño, titular del estudio Carreño & Scalone, quien explicó por qué es tan difícil que las provincias puedan firmar una nueva Ley de Coparticipación.
En primer lugar, recordó que desde la redacción de la ley hasta el día de hoy ha cambiado mucho el contexto económico y poblacional de cada jurisdicción y, por ese motivo, aclaró que los porcentajes de distribución tendrían que ser otros.
En este sentido, el especialista aseguró que "dado que hay provincias que tienen que ceder parte de su ingreso coparticipado en beneficio de otras" es que se hace tan difícil que todos los actores quieran sentarse a la mesa del debate.
Por otro lado, recordó que existe un componente de solidaridad en la norma, que tiene el espíritu de equilibrar con las ventajas naturales que tienen algunas provincias, las desventajas de otras.
Pese a todo, Carreño se manifestó a favor de cumplir con el mandato constitucional para tener una nueva Ley de Coparticipación Federal en el que se revean los porcentajes de distribución, tanto primaria como secundaria.
Y, además, consideró que puede dar pie para analizar todo el sistema tributario y pensar un cambio más profundo. "Puede ser una buena oportunidad para modificar la estructura, que le permita darle a las provincias una mayor potestad tributaria", concluyó.
Habrá que ver si finalmente las provincias y la Nación pueden sentarse en una mesa de diálogo en la que se debata con honestidad y responsabilidad los problemas y las soluciones posibles. O, por el contrario, continuará esta esquiva mediocridad.
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