Con apoyos, avanza proyecto de Defensa de la Competencia
La comisión conjunta de Derechos y Garantías y Justicia de la Cámara Alta trató el proyecto de Ley de Defensa de la Competencia que ya tiene media sanción de la Cámara Baja. Se presentaron en la comisión el secretario de Comercio, Miguel Braun; el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Esteban Greco; autoridades de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); legisladores y ONGs.
Para ser un país plenamente desarrollado es fundamental tener una buena institucionalidad en defensa de la competencia, que sea perdurable y previsible, sostuvo Braun ante los senadores.
La necesidad de la ley
En este sentido, resaltó que para tener una economía dinámica, que crece y reduce la pobreza de manera sostenida, es necesario generar mercados competitivos y transparentes. Y como los mercados no siempre van en esa dirección, el Estado debe tener la capacidad de actuar.
Braun advirtió que hoy la institucionalidad en materia de competencia en Argentina tiene debilidades, y puso énfasis en la falta de independencia del poder político de la autoridad de aplicación, en que las sanciones son bajas y no disuaden las prácticas competitivas y que la autoridad no tiene todas las herramientas necesarias para realizar el difícil trabajo de perseguir y penalizar carteles.
Asimismo, el funcionario remarcó que la norma es clave para que las pymes no sean víctimas de prácticas anticompetitivas de grandes empresas, así como para los consumidores, que tendrán más alternativas, mejores precios y calidad.
Los objetivos
El proyecto busca lograr un mercado transparente, con reglas claras, por las que los consumidores tengan más y mejores opciones y se favorezca el desarrollo de las empresas. El texto surge del análisis crítico de la legislación actual, de la experiencia comparada e incorpora gran parte de las recomendaciones de la OCDE en materia de competencia. El proyecto tiene como ejes la disuasión de los carteles y los monopolios, la independencia, la transparencia, la eficiencia y la previsibilidad. La nueva ley prevé la creación de la Autoridad Nacional de la Competencia como organismo independiente y propone elevar las multas, con criterios más claros para su determinación.
Además contempla un régimen de control previo de las operaciones de fusiones y adquisiciones y un procedimiento expeditivo para los casos no problemáticos.
Apoyo de la CAC
La CAC considera que la ley es fundamental para lograr el buen funcionamiento de la actividad económica y de las instituciones del país, tal como lo manifestó el secretario de la CAC, Natalio Mario Grinman. La aplicación de la ley favorecerá la competitividad y contribuirá a la reducción del Costo Argentino por el que la entidad brega, opinaron desde la cámara. En el caso de las pyme, éstas se verán beneficiadas ya que un buen fomento de la competencia evitará que las grandes empresas ejerzan poder sobre las más pequeñas y sobre sus proveedores; así como también beneficiará a los consumidores, concluyó la CAC.
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