El proyecto de Modernización Laboral llegó, tal como diera cuenta El Economista antes de la presentación del texto oficial en el Congreso de la Nación, con un nuevo blanqueo de empleados bajo el brazo.
La iniciativa -que ya recibió dictamen de comisiones del Senado y será tratada en febrero- tiene un apartado en el que fija una serie de beneficios para quienes regularicen las relaciones laborales defectuosas.
El Título XXII da origen al programa de Promoción de Empleo Registrado (PER) y, si bien deja en manos del Poder Ejecutivo los efectos que producirá el blanqueo, da algunas pistas, como la extinción de la acción penal o la condonación de un mínimo del 70% de las deudas.
También tiene como ventaja la baja en el Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) y propone cancelar las deudas en hasta 72 cuotas, con una tasa máxima del 12% y un descuento de hasta el 10% por pago al contado.
Por último, la propuesta define que los trabajadores regularizados tendrán derecho a computar hasta 60 meses de servicios con aportes calculados en base al salario mínimo vital y móvil (siempre, claro está, que no exista una remuneración declarada).
La iniciativa, no obstante, presenta los mismos incentivos con los que contaba la amnistía aprobada en la Ley Bases que, pese al deseo del Gobierno nacional, fracasó en el intento de lograr adeptos.
En este escenario, los especialistas consultados por este medio aseguraron que para que tenga éxito esta nueva versión será necesario que se cumplan varias condiciones. De lo contrario, los resultados serán similares a los del blanqueo anterior.
¿Alcanzará?
Javier Fernández Verstegen destacó que "las medidas contenidas en el proyecto son buenas iniciativas pero no resultan suficientes para reducir los índices de informalidad que existen en el mercado laboral".
Para el abogado laboralista de Brons & Salas, la falta de registración de los empleados tiene su origen en la informalidad de la economía y, para revertir esta situación, es necesario contar con una reforma tributaria que otorgue incentivos.
"El proyecto tiene algunas cuestiones interesantes en cuanto al incentivo a los empleadores para regularizar relaciones laborales parcial o totalmente deficientes -explicó Fernández Verstegen-, pero habría que verificar si la futura reforma fiscal fortalece estos incentivos".
En la misma línea se manifestó Daniel Guillermo Pérez, quién aseguró que "el blanqueo aislado nunca tiene resultados favorables, a menos que el empleador que esté blanqueando una relación, después vea disminuida la carga".
El experto recordó que están dándose pasos en este sentido, al mencionar que el proyecto de modernización laboral propone cambios en materia de indemnizaciones y reducción en los intereses de los créditos laborales, que se suman a las bajas en las multas.
Por eso, resaltó que "lo más importante no está en el blanqueo, sino en lo que la ley en general puede cambiar". Y añadió que estas amnistías "son oportunas en la medida en que haya reformas de fondo".
Consideró que si todas las propuestas de la reforma finalmente aprobada minimizan la carga laboral, entonces va a tener éxito. "Esto depende fundamentalmente de todo un concierto de normas que sean coadyuvantes", insistió.
El magíster en Sistemas de la Seguridad Social agregó un factor más. "Si no hay crecimiento económico, tampoco habrá más empleo", sostuvo y concluyó: "Nadie va a blanquear trabajadores si no ve por delante un futuro promisorio en materia económica".
Bases vs. Modernización
Si bien las comparaciones siempre son odiosas, la similitud de la propuesta incluída en el proyecto de Modernización Laboral con la que se aprobó con la denominada Ley Bases obliga a realizar la tarea. Más cuando el resultado obtenido con anterioridad fue realmente pobre.
Los datos proporcionados por el organismo de recaudación a Chequeado hablan por sí mismo: sólo se regularizaron 16.703 puestos de trabajo, lo que equivale al 0,2% del total de trabajadores privados registrados.
Si bien los resultados no fueron los esperados, Analía Saitta, socia de Impuestos y Legales de KPMG Argentina, consideró que para que la medida tenga mayor adhesión que en el pasado, es importante que se contemplen aspectos como:
- La posibilidad de regularizar incumplimientos de regímenes previsionales diferenciales.
- La posibilidad de regularizar relaciones laborales ya finalizadas.
- La simplificación de los procedimientos administrativos de regularización (que dependerá en gran medida de la reglamentación y de la actuación de organismos como la Agencia de Recaudación y Control Aduanero).
No sólo eso. Al compararlo con la amnistía anterior, Saitta consideró que "tiene posibilidades de tener una mayor adhesión en esta oportunidad, siempre que se acompañe de incentivos claros, simplificación administrativa y un proceso legislativo que promueva el consenso y la confianza".
"La clave estará en que la regularización se perciba como un beneficio integral y no solo como una obligación, en el marco de un nuevo contrato social laboral", sostuvo la socia de Impuestos y Legales de KPMG Argentina.
Y agregó: "El éxito del blanqueo dependerá, más que de la mera repetición de la herramienta, de la capacidad del proyecto para atender las causas profundas de la informalidad y ofrecer incentivos reales y sostenibles".
Justicia y Congreso, puntos clave
Los especialistas consideraron que, para que la informalidad laboral deje de ser un problema, es necesario que entren en juego muchos actores, además del Gobierno (que impulsó la ley y que dirige a los organismos de control), los empleadores y los trabajadores.
El socio de Legales de BDO Argentina, Juan Martín Morando, considera clave el papel de la Justicia, al afirmar que "más allá de lo que pueda decir la norma, lo más importante es ver cuál es la respuesta judicial".
Desde su perspectiva, los tribunales del trabajo juegan un papel clave, ya que pueden terminar coartando las decisiones de los empleadores de blanquear una relación, sea de manera total o parcial.
Esto es así debido a que los riesgos de que las sentencias sean demasiado gravosas (en las que haya que pagar indemnizaciones millonarias) seguirán existiendo. Así, aunque la ley tenga muchos beneficios, la decisión seguirá siendo negativa a la hora de regularizar.
"Obviamente, si se eliminan el libro de artículo 52 y el doble registro, al tiempo que se simplifican los trámites, de manera que sea suficiente inscribir la relación por medio de una Web para tener la relación laboral en órden, la teoría diría que favorece el blanqueo", sostuvo.
Sin embargo, insistió en que "la variable más importante en todo esto es qué actitud va a tomar el Poder Judicial, ya que si mantiene una tendencia a favor de las pretensiones exageradas de algunos trabajadores, va a terminar echando por tierra las buenas intenciones que la ley pueda tener".
Otro de los poderes que puede colaborar, es el Legislativo. Así lo explicó Saitta, al afirmar que "si la sanción de la ley se da en el marco de un debate amplio, participativo y transparente, se generará un mayor sentido de pertenencia y legitimidad en la sociedad y, en particular, entre los empleadores".
"Esto contribuirá a que el blanqueo sea percibido no como una carga adicional, sino como parte de una nueva realidad laboral en la que la formalización no implique cargas excesivas, sino oportunidades de desarrollo y seguridad jurídica", concluyó.
Resta esperar, entonces, lo que suceda en el Congreso -primero-, con su implementación -luego- y en los tribunales -después- para ver si esta vez el blanqueo laboral logra tener un gran consenso o termina naufragando como su "hermano" de la Ley Bases.
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