Billeteras virtuales en provincia de Buenos Aires: el pago "a cuenta" que funciona como impuesto y desarma la formalización digital

La provincia de Buenos Aires dictó la Resolución Normativa 25/2025 y se subió al esquema de retenciones sobre billeteras virtuales (cuentas de pago de PSP) con el viejo reflejo de cobrar "por las dudas". 

En los papeles "no es un impuesto nuevo", sino un pago a cuenta de Ingresos Brutos. En la práctica, funciona como un impuesto: te descuentan ex ante sobre una acreditación —un indicio, no el hecho imponible— y, cuando no podés compensarlo, te invitan a peregrinar para recuperar lo que nunca correspondía. 

En una economía con inflación y capital de trabajo muy costoso, ese anticipo compulsivo no es neutro: es costo financiero puro, trasladado a precios o a la salida de la formalidad. Para quienes no debían tributar (o debían hacerlo en menor medida), es directamente una exacción ilegal, con toda su connotación penal.

Más todavía: hablamos de un tributo que se liquida mensualmente. Es delirante exigir un anticipo preventivo y, de paso, meter en la misma bolsa a miles de contribuyentes que ni siquiera deberían estar alcanzados por esa base. 

Si el propio fisco sabe —porque lo sabe— que el sistema genera saldos a favor crónicos, no son "errores" ni "demoras" aisladas: es un método de recaudación sin ley sobre dinero ajeno. Y si la devolución no llega con actualización e intereses, ni siquiera es un "préstamo forzoso": es confiscación por resolución administrativa, delegando la cobranza en terceros (billeteras, bancos, emisoras de tarjetas, proveedores y clientes) bajo la coacción del aparato estatal.

Del SIRCREB a las billeteras: cómo se desarma lo que funcionaba

Primero destruyeron la formalización bancaria con el tristemente célebre SIRCREB (retenciones sobre acreditaciones en cuentas). Después, con el SIRTAC, avanzaron sobre operaciones con tarjetas —obligando a las emisoras a percibir impuestos a quienes financian sus consumos—. Ahora arremeten contra la modalidad que conquistó al público: las billeteras digitales.

Si a un comercio pequeño le descuentan por default cada vez que cobra en su billetera, los incentivos son obvios: precio más alto en el canal formal (porque el costo se traslada) o descuento por efectivo y venta por fuera de las plataformas. El resultado es menor formalidad y más inflación en los precios que siguen el carril digital. La autoridad suele invocar, para justificar la racionalidad de la medida, que existen exclusiones (sueldos, jubilaciones, transferencias propias, algunos monotributistas, etc.). Correcto en lo formal; defectuoso en la práctica e irrelevante en lo sustantivo: el problema es cobrar sobre indicios en vez de hacerlo sobre hechos imponibles verificados.

Sucede que, en la vida cotidiana, esas exclusiones se desnaturalizan: accionar arbitrario, padrones mal depurados y criterios opacos que generan descuentos indebidos, alimentando el círculo vicioso de créditos a favor que nunca se agotan.

Daño colateral: desformalización y precios

La masificación del QR interoperable, las plataformas de e-commerce, los pagos digitales y las billeteras visibilizó todo tipo de operaciones —muchas en negro—. Esa visibilidad permite a los fiscos verificar con sus cuerpos de inspectores y reclamar cuando hay inconsistencias. Lo razonable es auditar caso por caso, con inteligencia fiscal.

En lugar de aprovechar estos avances —el sueño histórico de cualquier administrador tributario— se acudió a lo fácil, y a lo peor: un régimen ciego (a sabiendas) que confisca primero y pregunta después. ¿El saldo?

• Desincentivo a cobrar por canales formales (suben los precios "con factura" y proliferan los descuentos por efectivo).
• Retroceso en bancarización y uso de billeteras, que encarece la economía y alimenta la inflación.
• Premio al efectivo y castigo a quien invirtió en formalizar sus cobros.

No es solo PBA: bochorno federal

Para peor, otras provincias ya vienen replicando mecanismos similares sobre flujos —bancos, tarjetas y ahora billeteras—. Es una vergüenza haber naturalizado cobrar sobre movimientos y no sobre hechos imponibles, dificultando el comercio, multiplicando créditos eternos, trámites y litigios. La competencia interjurisdiccional debería ser por mejores reglas, no por quién exprime más el mismo flujo de caja.

¿A quién castiga más el sistema?

A quienes usan la misma billetera para su vida personal y su actividad: por lo general, los autónomos, históricamente desplumados por todos los niveles de gobierno y con una carga relativa muy superior a la del resto de la economía. El ejemplo clásico de estos días: el autónomo en padrón SIRCUPA al que le retienen incluso cuando sus amigos le reembolsan una cuenta de restaurante.

También golpea a las PyMEs, que no tienen ingeniería sofisticada para esquivar la apropiación sin caer en la informalidad. Muchas vienen acumulando saldos a favor millonarios. Los recientes anuncios de ARBA sobre devoluciones más rápidas para montos menores parecen un mal chiste, cuando el problema parece seguir extendiéndose.

El lobby que no defiende a los usuarios

Otro dato incómodo: los bancos, en lugar de batallar por derogar o racionalizar el SIRCREB —un sistema anómalo que no existe en ningún país serio—, empujaron para arrastrar a las billeteras a un esquema similar.

A su vez, la provincia más relevante —y varias otras—, en lugar de defender a los usuarios y la formalización que las billeteras habían logrado, cedió ante ese lobby y profundizó el despojo. Resultado: el canal que redujo costos y amplió la aceptación hoy queda penalizado con descuentos automáticos sobre acreditaciones.

"No es un impuesto nuevo": formalmente cierto, económicamente falso

La provincia de Buenos Aires insiste en que sólo "equipara" billeteras y bancos, y que todo es "a cuenta". El punto no es semántico; es de caja. El Estado cobra antes de saber si corresponde y devuelve después —si devuelve—, licuado por la inflación. En el medio, miles de contribuyentes terminan en la Justicia para recuperar algo de lo sustraído. La experiencia con SIRCREB y SIRTAC es concluyente: saldos a favor permanentes. Y seamos realistas: si son permanentes desde hace años es porque se ha venido cobrando de más y de manera premeditada. Sin actualización ni intereses automáticos, no hablamos de puente financiero sino de saqueo del flujo del contribuyente. Llamemos a las cosas por su nombre.

El elefante en la sala: ¿para qué un organismo elefantiásico si recaudan terceros?

Si la recaudación descansa en terceros —bancos, billeteras, emisoras, proveedores, clientes—, ¿qué sentido tiene sostener estructuras mastodónticas de recaudación? Con este "modelo", bastaría un completo equipo sistemas para administrar la sustracción automática del capital de empresas e individuos. 

Cuando el Estado privatiza la cobranza y socializa sus costos, deja de ser administración tributaria y pasa a ser un mecanismo de apropiación.

Qué debería cambiar (si la intención no es seguir practicando exacciones ilegales)

Primero, lo obvio y principal:

• Eliminar todo tipo de retención/percepción sobre el flujo de dinero. Esto no existe en ningún país mínimamente serio, y menos con esta forma y magnitud. La base de un buen sistema es gravar hechos imponibles, no movimientos.

Agenda nacional imprescindible: 

• Derogar el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios. Es de los tributos más distorsivos: desalienta la bancarización, encarece las operaciones y contamina la arquitectura de pagos. Mientras exista, el discurso de "inclusión financiera" es pura retórica.

Mientras tanto —si no quieren o no pueden desarmarlo ya (Nación y provincias):

• Alícuotas mínimas (decimales, no números enteros). Nada justifica tasas que revientan el capital de trabajo por un indicio.
• Certificados de no retención automáticos para contribuyentes con baja relación impuesto/base o con historial de créditos a favor; y, si el fisco quiere revocarlos, que lo haga con proceso expreso, fundado y con plena defensa.
• Devolución automática, actualizada por inflación e indemnizada con intereses. Si el Estado se financia con tu flujo antes de verificar, debe restituir en plazos perentorios. Sin eso, hay confiscación, robo.
• Foco en el hecho imponible, no en la acreditación. El dato bancario/fintech sirve como insumo de fiscalización, no como base presunta de descuento.
• Padrones y alícuotas auditables. Fin de las cajas negras: el contribuyente debe saber por qué está donde está y cómo sale.
• Evaluación de impacto. Si una medida aumenta el uso de efectivo, sube precios y reduce formalidad, es mala política, aunque mejore la caja.
• Volver la lupa a donde corresponde: aprovechar la visibilidad digital para fiscalizar bien con inspectores y criterios, no para retener en masa.

Consideraciones finales: un nuevo tiro en el pie

La RN 25/2025 recicla la receta que viene erosionando la economía formal: cobrar por default y que el contribuyente suplique para que le devuelvan. Es funcional a la caja, pero dinamita la visibilidad digital que el propio Estado trabajosamente había logrado. 

No se trata de negar la necesidad de recaudar, sino de dejar de depredar el capital de trabajo de quien produce. La ecuación ética y económica es simple: no tocar lo ajeno. Y si lo tocan "por las dudas" —práctica que jamás convalidaríamos—, cuanto menos restituir con actualización e intereses. 

Todo lo demás es maquillaje para un sistema que, con el SIRCREB primero, otras provincias después y ahora con billeteras, externaliza la recaudación en terceros y socializa el costo en precios más altos o en más efectivo. Eso no es equidad. Es robo fiscal. Seguí a El Economista en Google Agreganos a tus medios preferidos. + Agregar