Por Francisco Ritorto y Christian Naud Economistas de ACM
Sin duda alguna, la situación económica de Argentina y la relación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) son motivo de preocupación. De antemano se sabía que el país no había logrado honrar ninguno de sus compromisos claves en las metas trimestrales correspondientes al acuerdo con el organismo.
Al llegar a junio de este año, el mayor deudor del Fondo mostró incumplimientos en a) el plano fiscal con un desvío en el déficit primario de casi el 60% por encima de lo acordado, b) la meta de reservas netas con un resultado negativo de alrededor de US$ 5.000 millones (M) versus la meta de US$ 9.000 M positivos, y c) el financiamiento al Tesoro superó por 2,5 veces a lo pactado para el primer semestre de este año.
Tal escenario, dio lugar a la necesidad de un recalibramiento de metas, lo que a su vez ha llevado a obstáculos y demoras en las negociaciones con el FMI, con ambas partes de la mesa defendiendo sus argumentos y razones.
Desde la perspectiva nacional, se ha destacado el impacto devastador de la sequía en la economía argentina como justificación para los incumplimientos.
El argumento del Gobierno no carece de fundamentos, el impacto de la sequía fue crítico en dos de estos tres frentes: redujo los ingresos de divisas en aproximadamente US$ 11.000 M en lo que va del año -una cifra prácticamente igual al faltante de reservas netas- y también ha afectado negativamente la recaudación de derechos de exportación a través de las retenciones, agravando aún más el desequilibrio fiscal.
No obstante, la más reciente declaración del FMI agrega un factor importante a la ecuación, mencionando el retraso en la implementación de políticas necesarias, algo que indudablemente ha ralentizado las negociaciones.
El retraso en la concreción de un acuerdo entra las partes ha exacerbado el nerviosismo en los mercados, ya preocupados por la crítica situación de reservas internacionales. Estas tensiones se han reflejado en el mercado cambiario, lo que ha ampliado la brecha cambiaria y ha dado lugar a una nueva ola de inestabilidad.
Asimismo, las reservas brutas han disminuido en una suma significativa de US$ 20.507 M en lo que va del año, siendo junio y julio los meses más críticos, con un saldo neto negativo de US$ 8.909 M.
Siendo más específicos, pasaron más de 100 días entre el inicio de las negociaciones con el Fondo y el cierre de las mismas. Entre esas fechas, el dólar informal (o blue) subió nominalmente 36% aunque fue a mediados de julio, al superar los $ 500, donde se aceleró esta dinámica, subiendo 19% en 20 ruedas. Por último, ya entrados al mes de agosto, se presenció un escenario habitual de periodos preelectorales, producto del alza en la demanda de moneda extranjera, que llevó a que en 5 días hábiles el dólar blue y el CCL aumenten 8% y 8,4%, respectivamente. Manteniéndose, en todo el proceso, una brecha cambiaria superior al 100% y llegando actualmente a un valor cercano al 110%.
Finalmente, el equipo económico logró cerrar, sobre la hora, las negociaciones del acuerdo a nivel staff del FMI. Aunque los detalles escasean, esta noticia parece haber evitado una mayor inquietud previa a las elecciones primarias (PASO), lo que habría agravado el deterioro económico de los últimos meses.
No obstante, aun con cierto respaldo del FMI, los problemas no desaparecen de la noche a la mañana. El resultado electoral es una incógnita adicional que complejiza el análisis, ya que puede traer cierto alivio o emporar las cosas si las expectativas del mercado no se encuentran satisfechas.
Sin perjuicio de ello, y con pocos detalles a nivel técnico, el compromiso con el Fondo sigue siendo más que demandante.
Para finales de este año, la meta de acumulación de reservas se recortó de los US$ 8.000 M propuestos en la última revisión a tan solo US$ 1.000 M. Esto significa que se pasó de necesitar un nivel de reservas netas aproximado de US$ 10.500 M a solamente US$ 3.400 M. Lo que marca, al momento de escribir esta nota, una distancia de US$ 13.000 M entre las reservas netas actuales y la nueva meta acordada. Dicho objetivo es comprometedor: el desembolso pendiente de agosto (US$ 7.500 M), asumiendo aprobación por parte del directorio, dará un respiro hasta octubre. Aun así, los flujos de capitales que ingresen después de las PASO solo servirán para reembolsar lo adeudado con el fondo.
Adicionalmente, la actual política monetaria y el atraso relativo del tipo de cambio tampoco han favorecido a la evolución de las reservas, plantando mayores dudas sobre su sostenibilidad y emitiendo señales que convergen a la posibilidad de una aceleración en la depreciación del tipo de cambio oficial después de las PASO. Idealmente, elevar el tipo de cambio permitiría reducir las importaciones, que ya están muy restringidas.
Sin embargo, al realizar un breve análisis con el Balance Cambiario del BCRA, se evidencia que desde la perspectiva comercial, sería necesario reducir las importaciones del segundo semestre a menos de la mitad para alcanzar la meta de reservas acordada, con el impacto que eso generaría sobre la actividad económica. Aun así, el margen de maniobra es sumamente limitado y a priori esta nueva meta acordada difícilmente pueda ser cumplida.
Por su parte, otras de las metas claves se mantuvo invariante: continúa la expectativa de que el déficit fiscal sea de 1,9% del PIB para fin de año. Al analizar esto en perspectiva, es observable que la hoja de ruta del FMI apuntaba un déficit primario cercano al 0,8% del PIB para el primer semestre de 2023. En cambio, la realidad ha mostrado un resultado primario que hasta ahora representa el 1,15% del producto, superando lo estimaciones del fondo.
Vale destacar que, aunque se haya llevado efectivamente a cabo un ajuste en materia fiscal -el gasto primario acumula una caída del 6% real en lo que va del año-, los ingresos también se vieron fuertemente afectados, registrando una caída real del 9% en comparación al primer semestre de 2022. Considerando la situación actual, se hace evidente que el ajuste fiscal necesario en los próximos meses para alcanzar la meta acordada deberá ser mucho más enérgico de lo que habría sido en otras circunstancias.
El panorama presente está plagado de preocupaciones, tanto en el ámbito político como en el económico. No obstante, las condiciones a futuro parecen más favorables, ya que se espera un mejor escenario climático para el próximo año, lo que podría impulsar la recuperación de la campaña agrícola 23/24 y mejorar la capacidad exportadora.
Además, se anticipa que dos sectores contribuirán a la generación de divisas: las previsiones sobre la balanza energética ya pronostican un superávit para 2024, y el sector minero también desempeñara un papel estratégico en la balanza comercial del país. De todos modos, tanto el cumplimiento de las metas para diciembre como las perspectivas del próximo año dependerán de las negociaciones que establezca el próximo gobierno.
En función de los precandidatos con mejores chances para llegar a la presidencia que asumirá el próximo 10 de diciembre, entendemos que se pueda plantear y llevar adelante un plan consistente para ir superando los desequilibrios imperantes y que el mismo concite el indispensable apoyo político requerido.
De todos modos la tarea no será sencilla ni exenta de riesgos.
