20 mayo de 2026
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El Gobierno nacional decidió que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deje de apelar los fallos judiciales que benefician a jubilados y pensionados en causas vinculadas al pago del Impuesto a las Ganancias. La decisión, formalizada en una instrucción general fechada el 15 de mayo, representa un giro en la estrategia legal del Estado y busca reducir el costo fiscal derivado de litigios que, en la mayoría de los casos, terminaban con sentencias desfavorables para el fisco.
Actualmente, alrededor de 130.000 jubilados pagan Ganancias, según datos informados por la Jefatura de Gabinete al Congreso el año pasado. El impuesto alcanza a quienes perciben haberes superiores a ocho jubilaciones mínimas, lo que hoy equivale a unos $3,1 millones mensuales.
Qué cambia para los jubilados que iniciaron juicios
En la práctica, la nueva postura de ARCA permitirá acelerar los procesos judiciales. Hasta ahora, el organismo tenía la obligación de apelar sistemáticamente cada fallo adverso, incluso hasta las últimas instancias. Con el cambio, podrá desistir de las apelaciones tanto en sentencias de primera instancia como de cámara, especialmente en jurisdicciones donde exista jurisprudencia consolidada en contra del cobro del impuesto sobre jubilaciones.
Fuentes judiciales señalaron que, en algunos casos, el fisco incluso podría dejar de litigar luego de una sentencia inicial si entiende que la Cámara correspondiente ya mantiene un criterio reiterado favorable a los jubilados.
El antecedente clave: el fallo "García"
La decisión de ARCA tiene como principal antecedente el histórico fallo "García, María Isabel c/ AFIP", dictado por la Corte Suprema el 26 de marzo de 2019. En esa causa, el máximo tribunal declaró inconstitucional la aplicación del Impuesto a las Ganancias sobre la jubilación de una mujer de 79 años con problemas de salud, cuyos descuentos llegaban a representar casi un tercio de sus ingresos.
Los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco sostuvieron entonces que el principio de igualdad previsto en la Constitución impide aplicar categorías tributarias que desconozcan situaciones de vulnerabilidad. La Corte entendió que el envejecimiento y la discapacidad generan mayores gastos y reducen la verdadera capacidad contributiva de las personas mayores.
A partir de ese criterio, el tribunal ordenó reintegrar las sumas retenidas y dispuso que, hasta que el Congreso establezca un régimen específico, no podían efectuarse descuentos por Ganancias en casos de jubilados vulnerables.
El tributarista Diego Fraga aclaró que la medida "no modifica la Ley de Ganancias ni crea una exención automática para todos los jubilados". Según explicó, quienes todavía no iniciaron acciones judiciales deberán analizar cada caso en particular, teniendo en cuenta factores como edad, estado de salud, ingresos, gastos y situación patrimonial.
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