29 diciembre de 2025
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La administración de los ingresos internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelta en un nuevo escándalo tras revelarse que la empresa designada para gestionar esa recaudación en Estados Unidos habría desviado al menos US$ 42 millones hacia sociedades fantasma sin actividad económica real, a través de un esquema de transferencias millonarias, beneficiarios sin respaldo patrimonial y circuitos financieros opacos.
Según una investigación publicada por La Nación, la maniobra involucra a TourProdEnter LLC, una firma creada en 2021 en el estado de Florida que, pocos meses después de su constitución, fue autorizada por el Comité Ejecutivo de la AFA -presidido por Claudio "Chiqui" Tapia- para centralizar la cobranza de ingresos generados en el exterior.
Desde entonces, la empresa acumuló más de US$ 260 millones en cuentas abiertas en bancos estadounidenses, producto de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la Selección Argentina. Los fondos circularon principalmente por Bank of America, Synovus, Citibank y JP Morgan, aunque solo una parte de ese dinero habría sido transferido efectivamente a la AFA para financiar sus actividades institucionales.
El resto del dinero alimentó un entramado financiero de baja transparencia, con transferencias a sociedades sin empleados, sin actividad comercial declarada y con beneficiarios que no exhiben capacidad económica acorde a los montos recibidos. Al menos US$ 42 millones terminaron depositados en cuatro LLC radicadas en Florida: Soagu Services LLC (US$ 10,8 millones), Marmasch LLC (US$ 13,4 millones), Velp LLC (US$ 3 millones) y Velpasalt LLC (US$ 14,7 millones).
Estas firmas operan desde direcciones de "oficinas virtuales" en Miami, no figuran en los listados de empresas de los edificios donde dicen estar domiciliadas y carecen de personal registrado, un patrón característico de las denominadas sociedades fantasma.
Detrás de esas compañías aparecen personas domiciliadas en Bariloche, con perfiles que contrastan de manera abrupta con los volúmenes de dinero involucrados. Entre los casos relevados figuran Javier Alejandro Ojeda Jara, vinculado a Soagu Services LLC, empleado de una farmacia y con ejecuciones comerciales y fiscales; Mariela Marisa Schmalz, titular de Marmasch LLC y pareja de Ojeda Jara, también con antecedentes financieros negativos; y Roberto Salice, asociado a Velpasalt LLC, quien fue declarado en quiebra en 2019 bajo presunción de fraude, con el proceso cerrado por inexistencia de activos.
Salice negó vínculos con TourProdEnter LLC y sostuvo que su rol era únicamente el de "manager". Sin embargo, los registros oficiales muestran que una de las sociedades continuó recibiendo transferencias incluso después de haber sido disuelta.
El circuito internacional no se termina allí. Otros US$ 109 millones fueron enviados desde TourProdEnter LLC a Adcap Uruguay Agente de Valores, que luego utilizó vehículos financieros en Islas Vírgenes Británicas, ampliando la trazabilidad global de los fondos. Desde la firma uruguaya reconocieron su rol como intermediarios y afirmaron que las operaciones se ajustaron a la normativa vigente, explicando que los fondos se utilizaban para operaciones con bonos y luego eran transferidos a cuentas de la AFA en la Argentina.
No obstante, en los balances oficiales de la AFA presentados ante la Inspección General de Justicia (IGJ), TourProdEnter LLC aparece apenas mencionada y sin detalle alguno sobre su rol central en la recaudación internacional, lo que impide reconstruir con precisión el flujo de fondos.
La pieza clave del esquema es TourProdEnter LLC, administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, amigo personal de "Chiqui" Tapia, exdirector de Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández y exdiputado bonaerense por el espacio de Sergio Massa. El contrato que convirtió a la firma en agente comercial exclusivo de la AFA en el exterior le otorgó amplias facultades para cobrar, pagar, descontar comisiones y remitir excedentes, en un contexto marcado por el cepo cambiario, utilizado como justificación para operar fuera del país.
Los documentos bancarios también revelan gastos millonarios en bienes y servicios de lujo -aviones privados, yates, alojamientos premium y consumos VIP- que coinciden temporalmente con actividades oficiales de la AFA y de la Selección Argentina. Si bien ni Tapia ni el tesorero Pablo Toviggino figuran como titulares de las cuentas, en los registros aparecen personas del entorno dirigencial, incluida la esposa de Toviggino, y sociedades vinculadas a la cúpula del fútbol argentino como receptoras de fondos.
La revelación de este entramado financiero se produce en paralelo a la imputación judicial de Tapia y Toviggino en una causa penal económica por la presunta retención ilegal de aportes jubilatorios, en la que la DGI reclama más de $19.000 millones correspondientes a los últimos dos años. Es la primera de varias investigaciones abiertas que involucran a la conducción de la AFA y refuerzan el foco sobre la falta de transparencia, la ausencia de desagregación contable y la opacidad en la identificación de beneficiarios finales.
Mientras desde la AFA se reivindica el superávit posterior al Mundial de Qatar 2022 y se defiende la operatoria internacional como una necesidad financiera, la negativa a transparentar el recorrido completo del dinero y a explicar el rol de las sociedades receptoras mantiene abiertos interrogantes clave. Transferencias millonarias a firmas sin actividad, beneficiarios insolventes y movimientos posteriores incluso a la disolución de empresas configuran una zona gris que expone al máximo nivel dirigencial del fútbol argentino a un nuevo frente de cuestionamientos judiciales y políticos.
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