Sobre los bancos centrales
(Artículo de opinión del politólogo Andrés Escudero)
Pocos lo recuerdan. Transcurridos 77 años, parece tratarse de una vieja anécdota escondida en el fondo de la Historia. Pero no lo es. Su marca de nacimiento dice mucho sobre la Historia de nuestro país: el Banco Central de la República Argentina fue creado en 1935 por exigencia del Imperio Británico. En 1933, Julio A. Roca (h), el mismo que brindara por la Argentina, la joya más brillante de la Corona británica, firmó con sir Walter Runciman, presidente del British Board of Trade y encargado de negocios británico, un documento que pasaría a la Historia como el Pacto Roca-Runciman.
El Gobierno de Gran Bretaña había decidido suspender la compra de carne a la Argentina con el objetivo de proteger el mercado cárnico del Commonwealth. En consecuencia, la rama invernadora de la espantada élite ganadera presionó al gobierno del general Agustín P. Justo para que gestionara ante Inglaterra un acuerdo que los devolviera al mercado británico. Los funcionarios ingleses aprovecharon la ocasión para obtener por parte de la Argentina una serie de concesiones que hasta la bibliografía científica más objetiva califica de poco menos que humillantes. Para asegurarse la exportación de una cuota anual de 400 mil toneladas de carne enfriada, la Argentina se comprometió a cumplir, entre otras, con las siguientes condiciones: realizar el 85% de las exportaciones a través de frigoríficos británicos, abstenerse de aumentar los aranceles de importación a las mercaderías inglesas y no reducir las tarifas del ferrocarril.
Entre las cláusulas secretas del pacto figuraba el compromiso por parte de la Argentina de crear un Banco Central, lo cual ocurrió finalmente en 1935. Sus funciones incluyeron la administración de la emisión monetaria y la regulación de la tasa de interés. La decisión fue tomada utilizando como sustento un dictamen del ex director del Banco de Inglaterra, Otto Niemeyer y los primeros funcionarios del BCRA fueron en gran medida de nacionalidad británica. En otras palabras: un grupo de funcionarios ingleses decidía la cantidad y el precio del dinero que circulaba en el país.
En Estados Unidos, la creación de un banco central adquirió ribetes mucho más épicos que en la dócil Argentina. Andrew Jackson (séptimo presidente de los EE.UU. entre 1829 y 1837) sostuvo durante su mandato una confrontación con los banqueros que le exigían crear un banco central. El presidente Jackson ?considerado un prócer por el Partido Demócrata? cerró el Second Bank of the USA y calificó a los financistas como un nido de víboras. De esa manera contribuyó a cimentar un clivaje discursivo muy característico de la política estadounidense: la gente común contra los financistas de Washington. La consigna de los indignados americanos de Occupy Wall Street es la manifestación contemporánea de ese antiguo clivaje.
Ahora bien, ¿cómo se explica tanto interés de los banqueros americanos del Siglo XIX por crear una entidad bancaria con el monopolio de la emisión de billetes? ¿Por qué los funcionarios ingleses de los años '30 (presumiblemente) impusieron a la Argentina la creación de un banco central? La regulación de la cantidad y del precio del dinero es un instrumento de política económica que permite incidir sobre otras variables macroeconómicas como el nivel de precios, el empleo, el crecimiento y la oferta crediticia. Así, la creación de circulante no es ajena al lobby privado. No se trata del único ejemplo de política pública en que un interés corporativo intenta disputar el dominio de aquellos elementos que lubrican el sistema.
Por ejemplo, los contenidos teóricos e ideológicos que se transmiten a través del sistema educativo son objeto de disputa por parte de varios actores (iglesias, partidos políticos y organizaciones civiles). En las políticas sanitarias, la venta y el acceso a los medicamentos constituye un campo en el que actúan los laboratorios, el Estado, las obras sociales sindicales y la corporación médica. La emisión de dinero es el corazón de la política económica. Y como tal, es objeto de disputa por parte de diversos actores sociales.
En términos de estrictos intereses, el control de las funciones del Banco Central (a saber: regular el valor de la moneda administrando su precio y su cantidad) le sirve a los gobiernos para construir legitimidad social influyendo en el bolsillo de la gente, y a los actores privados para controlar las reglas de juego de una economía cuyo funcionamiento determina que sean más o menos ricos. Por ejemplo: pagar la deuda con más deuda es bueno para los privados (porque ganarían una montaña de dólares), mientras que pagar la deuda con reservas es bueno para el Gobierno (porque mantiene su margen de maniobra).
Los pesos pesado de la economía han ganado una intensa capacidad de lobby sobre los bancos centrales de todo el mundo. La total y absoluta independencia del Banco Central es un paradigma funcional a los privados a partir del momento en que saca de la cancha al único jugador en condiciones de enfrentarlos: el Estado. Más allá de la disposición secreta del pacto Roca-Runciman y de la sugestiva presencia de funcionarios ingleses en los primeros años del BCRA, los bancos centrales fueron instituciones medulares en la reestructuración de la economía capitalista de la década del '30, devastada por sí misma. Y lo seguirán siendo en este nuevo contexto de crisis global.
Así, ante hechos macroeconómicos disruptivos ?como una corrida cambiaria o una recesión? los gobiernos necesitan tener soberanía sobre los resortes de la política económica. Otorgarle independencia completa a cualesquiera de esos resortes colisiona con la lógica de la democracia. También la política tributaria es un instrumento de política económica. Sin embargo, ¿a quién se le ocurre quitarle al Congreso la facultad de fijar los impuestos y dársela a una entidad independiente de los poderes públicos? La democracia necesita que cada cual respete su lugar. El técnico propone y el Rey dispone. No al revés.