Manejar la economía por ley es un problema
Por Federico González Rouco (*)
Desde varios sectores se están impulsando ideas en pos de, supuestamente, reducir la cantidad de despidos y, así, mejorar la situación laboral. Sin embargo, estas medidas que se piensan sólo tendrán el efecto contrario. Prohibición de despidos y doble indemnización son políticas que no benefician al mercado laboral como un todo sino solo a los que logran quedar dentro.
Es decir, como dicen desde el FpV y parte del sindicalismo sobre el modelo actual, estas medidas cierran con gente afuera. Esto es así porque las políticas planteadas generarán una drástica reducción en la contratación de nuevos empleados y aumentará los costos laborales de los ya empleados. A su vez, con 40% de los trabajadores perteneciendo al mercado informal, ellos serán el fusible al que acudirán las empresas ante la necesidad de recortar el gasto en salarios, que suele ser el último ítem que se busca modificar.
Pero vamos por parte. En primer lugar, aparece la doble indemnización que busca subir mucho el costo de despedir a alguien. Entonces, se mantendrá el nivel de empleo y todos contentos. En segundo lugar, la prohibición de despidos busca una política aun más radical en este sentido: no se puede despedir. De esta manera, todos los pertenecientes al selecto grupo de trabajadores argentinos seguirán estando dentro de él. Claro, todos los que trabajan en blanco.
El problema que surge aquí es el de qué se considera importante. ¿Nos importan todos los trabajadores, los trabajadores ocupados o los trabajadores ocupados en blanco? Si la población que se quiere proteger es toda la población activa, empleada o no, esto no es una buena medida dado que le pone un freno a la contratación y ajusta vía los asalariados no registrados. Si, en cambio, nuestro interés está sobre solamente los ocupados tampoco será útil dado que, como se mencionó, el mercado informal funciona de facilitador de la corrección.
Por último, si solo interesa el mercado de ocupados en blanco, hay que tener en consideración que este grupo se estancará, en el mejor de los casos. Por otro lado, este grupo contiene a los trabajadores de mayor calificación, con lo que una medida que proteja a este grupo será regresiva y amplificará desigualdades existentes. También debe tenerse en cuenta que, a mayor tamaño de la empresa, mayor será la capacidad de hacer frente a estos mayores costos laborales. De esta manera, estas medidas condenan a la pyme.
Estos mecanismos se darán así por la imposibilidad de manejar la economía vía leyes. Si así fuera, ¿por qué no proponen un salario mínimo, vital y móvil por encima de los US$ 100.000? Si fuera tan fácil, no habría ningún problema en las economías mundiales, ya que las leyes podrían manejar la realidad. Como eso no sucede, es necesario entender que la economía funciona en base a incentivos y que, si se desea mantener (o aumentar) el nivel de empleo, lo importante es convencer a las personas, ya sean trabajadores o empresarios, de que la situación económica les conviene para contratar o ser contratados. A su vez, para que los salarios aumenten, debe invertirse en capital físico y humano. Con un mercado laboral como el nuestro, el mercado informal funciona como un mercado alternativo que ajusta lo que el formal no puede, ya sea precio (salarios) o cantidad (empleo). Estas medidas solo generarán un mayor nivel de desempleo. La ley no puede manejar la economía.
(*) Fundación Libertad y Progreso