El especialista Andrés Chambouleyron habló con El Economista sobre los desafíos que deberá asumir el ganador de las elecciones presidenciales de octubre frente al crecimiento exponencial de los subsidios. También reflexionó sobre la falta de un esquema definido de gestión de los servicios públicos que direccione tarifas e inversiones.
¿La reducción de los subsidios deberá ser una prioridad en la agenda del próximo Gobierno?
Sin duda. El tema de los subsidios lo va a tener que resolver el pró- ximo Gobierno porque explica casi la totalidad del déficit fiscal. No veo la posibilidad de un shock, ni la necesidad de eliminarlos. La idea sería reducirlos de forma gradual. Y este proceso tiene que ir en paralelo a la recuperación de los salarios y a la disminución de la inflación. Si el resto de los productos de la canasta familiar dejan de subir se abre la posibilidad de aumentar un poco las tarifas. Hay que encontrar un equilibrio para que el impacto en el presupuesto familiar no sea tan fuerte.
¿El plan no sería eliminarlos?
No es necesario eliminarlos del todo. Al reducir aunque sea un poco los subsidios, las finanzas del Estado se beneficiarían en dos frentes: por un lado, se disminuye el gasto público y, por el otro, se incrementa la recaudación impositiva con la suba de la tarifa. Esas dos contribuciones te ayudan a reducir el déficit y, al mismo tiempo, a aminorar la emisión de moneda que es la que presiona la inflación. De todos modos, hay que estudiar cada caso.
¿En qué caso se justifican los subsidios?
En el caso del transporte, los subsidios tienen su lógica. Hay una tendencia a promover el transporte público ?tren, colectivo y subte? para que no crezca la movilidad en auto. La idea es que hay menos contaminación, menos accidentes, menos congestión. Yo creo que el transporte público de pasajeros tiene que estar subsidiado y tiene que ser barato. Pero en este esquema el servicio tiene que ser de calidad, que es en lo que fallamos.
¿La falta de inversiones es la principal explicación detrás de esta falla?
La falta de inversión es la explicación básica. Y es fundamental recuperarla. En el caso de la electricidad es crítica y es donde el usuario lo nota enseguida con los cortes. Hay que, por lo menos, duplicar el nivel de inversiones para recuperar la calidad que había hace una década. Estamos muy cerca de los niveles de calidad que había en la época de las privatizaciones.
¿Si no se sinceran las tarifas no vuelve la inversión?
El congelamiento de las tarifas no incentivó las inversiones porque los ingresos de las compañías fueron insuficientes. Actualmente las empresas de distribución de electricidad están quebradas. Pero incluso si se recuperan los balances y se reestablece cierta rentabilidad, es necesario resolver otras dos cuestiones. La más apremiante es recuperar y encontrar el financiamiento para hacerlas. No soy optimista en la recuperación del crédito privado en los pró- ximos cuatro años y por eso veo al Estado detrás del financiamiento.
¿Y cuál sería la segunda cuestión para garantizar la llegada de capitales?
Hay que definir, de una vez por todas, un esquema claro de gestión de los servicios públicos. Y después discutir tarifas.
¿Queremos un esquema público, privado o mixto?
Esto va a poder establecer también las pautas del proceso de inversiones.
¿Qué esquema sería el apropiado?
Mi visión es que hay que tender a un sistema mixto, donde el gerenciamiento, la operación y el mantenimiento de la empresa sea privada, pero donde el Gobierno apuntale las inversiones y la infraestructura. El crédito privado no va a llegar tan fácil. En este sentido, los subsidios deberían estar redireccionados. El foco no debería estar puesto en la gestión de costos operativos sino en la financiación o el subsidio de los costos de capital que garanticen la calidad y las inversiones necesarias. La tarifa debería cubrir el costo operativo y el subsidio tendría que priorizar las inversiones.
¿La aplicación de una tarifa social debería estar incluida?
La tarifa social es fundamental en electricidad, donde el servicio es casi universal. En función a los datos de las compañías, 30% de los hogares del Gran Buenos Aires son carencientes y la tarifa social resulta indispensable. Esto implicaría cobrar un bloque de consumo básico diferenciado que sólo recibe aumentos si ese hogar se excede en el consumo. La cobertura del gas se extiende más en los hogares de clase media y, por lo tanto, la aplicación de este tipo de tarifa no tiene tanto sentido. De los 11 millones de hogares, sólo 7 tienen gas natural. Y los otros 5 millones son hogares pobres que directamente no tienen el servicio.
¿Cree que el proyecto de ley oficial para estatizar los trenes es positivo?
Creo que el proyecto es interesante y que va en la dirección correcta. Es erróneo decir que estatiza los trenes. Es en realidad es un esquema mixto, con control del Estado. La propiedad de los activos y la infraestructura ferroviaria es del Estado a través de la empresa pública Ferrocarriles Argentinos. Y existen dos empresas operadoras estatales ?una para el transporte de pasajeros y otra para el de carga? que van a prestar el servicio pagando un alquiler por el uso de la infraestructura. Pero esas empresas operadoras ?según el proyecto? pueden prestar el servicio por sí mismas o por terceros. O sea que en realidad el control del servicio lo va a tener una empresa estatal pero se va a poder concesionar a privados. También va a haber acceso abierto a la red ferroviaria lo que supone que un privado con su propio tren pueda transportar carga ?por ejemplo granos o petróleo? usando la red estatal y pagando por su uso.
¿La experiencia internacional va en este sentido?
Sí, claro. La mayoría de los países del mundo van hacia ese esquema: el Estado es dueño de la infraestructura, pero abre la posibilidad de que empresas privadas y estatales operen el servicio.
