Por Daniela A. Yozzi
A lo largo del Siglo XIX, la Revolución Industrial introdujo el sistema fabril y la maquinaria que darían forma a profundas transformaciones sociales. Para fines de ese siglo, en el marco de la II Internacional y junto con el establecimiento en 1889 del 1° de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores, el movimiento obrero organizado emprendía la lucha en favor de mejoras en las condiciones laborales.
Las luchas obreras se concentraron en la reivindicación del salario justo, la jornada de 8 horas y el pago de horas extra, las vacaciones, la supresión del sistema de camas calientes, la eliminación del trabajo infantil. Todas reivindicaciones aún vigentes en pleno Siglo XXI.
A partir del Siglo XX, el pacto interclasista que da forma al Estado de Bienestar keynesiano otorgó al movimiento obrero organizado un lugar privilegiado en la mesa de negociación con el Estado y frente (contra) la patronal.
Argentina no se ve exenta de este proceso y desde la década de 1940 los sindicatos se convirtieron en actores fundamentales del sistema político. Sin embargo, los derechos laborales universales que la lucha sindical obtuvo parecen ser menos universales cuando, 80 años después, los sometemos a los anteojos violetas.
Desde el ingreso de la mujer al mundo del trabajo remunerado, ellas representan más del 40% de la fuerza laboral. Pero cada 1° de Mayo en las movilizaciones de los más de 3.000 gremios a nivel nacional, los encendidos discursos de compromiso con la continua lucha de los trabajadores llevan la voz de los varones. Las mujeres nunca empuñamos los micrófonos sindicales aunque estemos sometidas a grandes desigualdades laborales.
Según la Organización Internacional del Trabajo, las trabajadoras argentinas experimentamos una brecha salarial de género del 25% en relación a nuestros pares varones. A su vez, la tasa de desocupación es del 9,5% en las mujeres activas y de 7,3% entre los hombres, advirtiendo en algunos casos tasas de desempleo femenino hasta 5 veces mayores [1]. Las trabajadoras también somos penalizadas profesionalmente en torno a la maternidad: experimentamos menos oportunidades de contratación y/o crecimiento al interior de las organizaciones ante el riesgo de la maternidad potencial. Esto se combina con la tendencia 2 veces más alta de las mujeres de tener que recurrir a trabajo informal dada la penalización social a las horas que debemos dedicar al trabajo de cuidado.
El ingreso de las mujeres al mercado laboral remunerado se produjo hace 70 años y estas desigualdades persisten sin atención directa del movimiento obrero organizado. Una explicación para tal persistencia fue la ausencia de mujeres en los sindicatos, especialmente en sus cargos de conducción. Como respuesta, en el año 2002 se sancionó la Ley de Cupo Sindical, que establece la representación femenina en cargos electivos de las asociaciones sindicales en un mínimo del 30%, cuando el número de mujeres en la asociación alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores afiliados.
Sin embargo, esta herramienta no logró la naturalización de la presencia femenina en la conducción sindical. La cláusula del mínimo de afiliadas para la aplicación del cupo profundizó la feminización del trabajo. Los sindicatos de profesiones tradicionalmente masculinas no lograron romper los techos de cristal por las limitaciones (legales o de hecho) al ejercicio de tales actividades por mujeres. Es el caso de sindicatos de camioneros, ferroviarios o rurales, que además son las organizaciones obreras de las actividades de mayor impacto económico. Así, casi 20 años después de la Ley de Cupo Sindical, de los 1148 cargos directivos sólo 80 (es decir, el 5%) están ocupados por mujeres. Y cuando los ocupamos, más del 70% pertenecen a las oficinas gremiales de igualdad, género o servicios sociales [2]. El ejemplo más claro de la dificultad para romper el techo de cristal sindical es que en la historia argentina sólo una mujer alcanzó la conducción de una central obrera, cuando en el período 2004-2005 Susana Rueda formó parte del triunvirato de la CGT junto a José Luis Lingeri y Hugo Moyano.
Estos datos parecen demostrar lo que los detractores del cupo sostuvieron en un principio: la baja participación sindical femenina es producto del “desinterés de las mujeres por las cuestiones gremiales”, por lo que forzar su inclusión no tiene sentido alguno: los problemas de los trabajadores no conocen de diferencias de género.
Aquí es donde los anteojos violetas demuestran su utilidad política. La amplia participación sindical masculina se debe a que los hombres cuentan con mayor cantidad de tiempo libre que las mujeres. Nosotras, por el contrario, somos políticamente penalizadas en tanto somos socialmente responsables de las tareas de cuidado ? tareas no remuneradas ni sindicalizadas-.
Por esto, el sindicalismo necesita incorporar perspectiva de género: las mujeres no estamos desinteresadas en la actividad política y sindical, el problema es que sobre nuestros cuerpos y mentes descansa con exclusividad una doble jornada laboral.
Necesitamos no sólo más mujeres en la conducción de los sindicatos, sino también más feminismo sindical. La perspectiva de género puede deconstruir la valoración social que estima la voz de hombres por encima de la voz de las mujeres y así eliminar el sesgo patriarcal en el movimiento obrero organizado. Sólo con perspectiva de género los sindicatos podrán atender adecuadamente las demandas pendientes de quienes constituimos la (otra) mitad de la fuerza laboral en el Siglo XXI.
[1] Informe “Mujeres en el mundo del trabajo”, del Ministerio de Trabajo de la Nación, 2018.
[2] Instituto de la Mujer de la CGT (2008)
